La represión en Internet ahoga la movilización de los jóvenes

La plaza de Vanak desborda de actividad a mediodía del sábado, el lunes iraní. "Resalat, Argentine, Vali Asr", se desgañitan los conductores de taxis compartidos anunciando sus destinos. Los transeúntes, agobiados por el calor, las preocupaciones o ambas cosas, apenas se detienen. Con sus 14 millones de habitantes, Teherán es un hervidero humano en perpetuo movimiento.

Pero bajo esa apariencia de normalidad, la capital iraní es también el más claro espejo de un año traumático y de las ilusiones frustradas de buena parte del país. Varias decenas de antidisturbios recuerdan que los críticos han tenido que pasar a la clandestinidad.

Hace ahora un año justo, cientos de iraníes se congregaron de forma espontánea en esta plaza de Vanak. Fue una de las primeras protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del día anterior que dieron el triunfo a Mahmud Ahmadineyad.

El régimen islámico ha cerrado 23 diarios y miles de ciberpáginas

250 personas han sido condenadas por las protestas poselectorales

Sus rivales, Mir-Hosein Musaví y Mehdi Karrubí, denunciaron que los comicios habían sido fraudulentos. Durante varios meses, las imágenes de manifestaciones multitudinarias y su posterior represión violenta dieron la vuelta al mundo. Luego, el silencio.

"Mientras la comunidad internacional se ha centrado en las ambiciones nucleares de Irán, Teherán ha aplastado metódicamente todas las formas de disensión dentro del país", ha declarado Joe Stork, vice director de Oriente Próximo de Human Rights Watch.

En su último informe, esta organización pone de relieve algo que los escasos periodistas occidentales acreditados en Irán sufrimos desde entonces: "Periodistas, abogados y activistas de la sociedad civil que solían hablar con la prensa extranjera y los grupos de derechos humanos son cada vez más renuentes porque temen la vigilancia de sus teléfonos y conexiones de Internet".

Eso si no están en la cárcel o liberados tras el pago de fianzas millonarias que convierten a sus familias en rehenes de su comportamiento. Según datos de la fiscalía, 250 personas han sido condenadas por delitos relacionados con las protestas postelectorales, seis de ellas a la pena capital. Algunos tan relevantes como el ex vicepresidente Mohamed Ali Abtahí (a seis años). Otros menos notables, como el líder estudiantil Majid Tavakkoli (a ocho años y medio), a quien Amnistía Internacional ha declarado prisionero de conciencia. Tavakkoli, de 24 años, lleva tres semanas en huelga de hambre en protesta por su encierro en régimen de aislamiento.

No se sabe con seguridad cuántos permanecen aún en la cárcel. Aunque las autoridades judiciales aseguraron a principios de este año que la mayoría de los 4.000 detenidos desde junio pasado habían quedado en libertad, los servicios de seguridad han seguido realizando arrestos y su campaña se ha intensificado en las semanas previas al aniversario electoral.

Además, los grupos de derechos humanos sospechan que las cifras oficiales se refieren sólo a Teherán y que hay muchos casos sin documentar en el resto del país. En una reciente entrevista, Hadi Ghaemí, el director de la Campaña Internacional por los Derecho Humanos en Irán, cifró los encarcelados pendientes de juicio en dos centenares, la mayoría sin acceso a su abogado o a sus familias, tal como puso de relieve el caso del director de cine Jafar Panahí.

No parece casual que la mayoría sean defensores de los derechos humanos o periodistas. Ambos grupos saben recopilar y diseminar información, tareas que el régimen iraní se ha esforzado por dificultar al máximo desde que la grabación de la muerte de Neda Agha-Soltán reveló al mundo la brutalidad de su represión.

El régimen lanzó entonces una guerra cibernética que acabó con la breve ilusión de que podía combatirse al sistema en el ciberespacio. Al bloqueo de Facebook, Twitter y otras redes sociales, siguió un filtro cada vez más sofisticado de los contenidos de la Red, que en momentos clave se ralentiza hasta hacerla inoperativa. La misma técnica se emplea con la telefonía móvil o la televisión por satélite, desde hace semanas sin recepción debido a las interferencias.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, al menos 170 periodistas y blogueros han sido detenidos durante el último año. De ellos, 22 han sido condenados a un total de 135 años de prisión y 85 aún están a la espera de sentencia.

En total, 37 permanecen encarcelados. Al menos otro centenar de profesionales de los medios se han visto obligados a abandonar el país. Muchos de ellos se han refugiado en Turquía, el único país europeo que no les exige visado. Además de las miles de páginas bloqueadas en Internet, las autoridades han cerrado 23 periódicos.