El régimen iraní lanza una caza de brujas contra la oposición

La fiscalía iraní ha acusado a un empleado local de la Embajada británica en Teherán y a una docena de prominentes reformistas de "actuar contra la seguridad nacional", según informaron ayer sus abogados. Todos los imputados están detenidos por su supuesta implicación en las protestas contra las elecciones del pasado junio. En otro paso hacia el desprestigio de quienes han denunciado fraude, un confidente del líder supremo tachó de "agente de Estados Unidos" al opositor Mir Hosein Musaví y pidió que se le juzgue por traición.

"No sabemos qué tal está, ni su esposa ni yo hemos podido verle", declaró a EL PAÍS Abdolsalam Khorramshahí, el abogado de Mir Mohammad Hosein Rasam, el empleado iraní de la Embajada británica imputado. Él y otros ocho compañeros fueron detenidos el fin de semana pasado, pero el resto han sido liberados, según la prensa iraní. Rasam, quien al parecer se encuentra en la ominosa cárcel de Evin, va a ser juzgado. Khorramshahí, un jurista que se ha ocupado de otros casos controvertidos como el de la periodista irano-estadounidense Roxana Saberí, confía en poder ver a su representado "esta semana". De momento, ni siquiera ha tenido acceso al texto de la acusación.

En parecida situación se encuentra Saleh Nikbakht, el abogado que se ocupa de la defensa del periodista irano-canadiense Maziar Baharí (corresponsal de Newsweek) y de varios ex altos cargos del Gobierno del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005), entre ellos Ali Abtahí, su popular vicepresidente. Estos últimos participaron bien en la campaña electoral de Musaví, bien en la del reformista Mehdi Karrubí. Ambos han denunciado fraude en la reelección del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad como presidente.

El cargo de "actuar contra la seguridad nacional" es una muletilla habitual contra quienes en Irán cuestionan la política oficial, por lo que se desconoce a qué pena se enfrenta Rasam o el resto de los acusados. Karrubí calificó ayer de ilegales las detenciones en la página web de su periódico, Etemad-e Melli, clausurado por las autoridades el pasado miércoles a raíz de que el político tildara de ilegítimo al nuevo Gobierno. También Musaví ha pedido la puesta en libertad de los "hijos de la revolución", en relación a los centenares de encarcelados tras las protestas (1.032 sólo en Teherán, según la policía).

Las madres de los detenidos están tratando de organizar una concentración para pedir que las autoridades les informen del paradero de sus hijos. La mayoría no saben dónde, ni bajo qué autoridad se encuentran, y los relatos de quienes han recuperado la libertad hacen temer que sean víctimas de la tortura. Incluso las figuras más destacadas están siendo sometidas a presiones bastante graves como para hacerles confesar su participación en "un complot".

Los partidarios del Gobierno, mientras, prosiguen su campaña de difamación. El ultraconservador director de Kayhan, Hosein Shariatmadari, pide en un artículo que se juzgue por traición a Musaví y Jatamí, a los que acusa de "crímenes terribles" y de actuar al dictado de EE UU. Con todos sus periódicos cerrados y sin acceso a la radiotelevisión estatal, los reformistas no pueden defenderse ante el gran público.