El poder del rey republicano

El presidente francés está protegido frente a los intentos de pedirle responsabilidades políticas o judiciales, lo cual configura un papel mucho más fuerte del que ejercen en sus países jefes de Gobierno como Angela Merkel, Romano Prodi, José Luis Rodríguez Zapatero y cualquiera de los demás líderes, que dependen de la confianza de sus Parlamentos y actúan bajo jefes de Estado con facultades limitadas.

En Francia, el tantas veces llamado monarca republicano continúa en el cargo incluso con Gobiernos de signo adverso, lo cual ocurre cuando el partido del presidente muerde el polvo en unas elecciones legislativas. La vida del presidente es más incómoda si ha de bregar con un Gobierno adverso, pero tiene la ventaja de disponer de tiempo para organizar la derrota de esa mayoría contraria a la primera oportunidad. Así lo hicieron en el pasado François Mitterrand o Jacques Chirac.

El presidente nombra al Gobierno y designa a decenas de dirigentes de organismos públicos

El jefe del Estado goza igualmente de una completa inmunidad penal. Este argumento fue usado el miércoles pasado contra dos magistradas que se presentaron en el palacio del Elíseo, dispuestas a registrar la oficina de un funcionario -no la de Chirac- durante la instrucción de un sumario por el asesinato de otro juez, hecho ocurrido hace ya 12 años. Las dos jueces fueron bloqueadas por los gendarmes y confinadas en uno de los porches de acceso a El Elíseo hasta que se marcharon, hora y media más tarde, sin haber logrado pasar al interior.

El presidente de la República nombra al Gobierno, decide sobre el presupuesto presidencial -multiplicado por nueve durante el mandato de Chirac-, preside el Consejo de la Magistratura y designa personalmente más de un centenar de responsables o dirigentes de organismos públicos en sectores variados, desde económicos a culturales. Incluso en un régimen tan presidencialista como el de Estados Unidos, una comisión del Senado tiene derecho a examinar los nombramientos presidenciales antes de que sean efectivos. No ocurre así en Francia, si bien Sarkozy ha anunciado una reforma para que "algunas" designaciones puedan ser sometidas al escrutinio parlamentario.

La única sanción efectiva para el jefe del Estado francés consiste en hacerle perder la siguiente elección presidencial. Teóricamente, las dos Cámaras parlamentarias pueden votar la destitución de un presidente por "graves faltas a sus deberes". Pero ni la norma legal precisa en qué pueden consistir esas faltas -se ha especulado con temas como la alta traición o la corrupción demostrada-, ni impide al presidente disolver el Parlamento antes de que éste actúe contra él.

Así es la excepción constitucional francesa. Francia es un país donde el presidente juega un verdadero papel político permanente. Por eso se ha introducido en la Constitución un procedimiento posible de destitución, que en absoluto afecta al día a día. El artículo 5 de la Constitución dice que el presidente asegura el funcionamiento regular de los poderes públicos y la continuidad del Estado; sólo en caso de que no cumpla ese papel sería teóricamente posible introducir el procedimiento de destitución. En la práctica, el único contrapeso al poder presidencial es que la mayoría parlamentaria no coincida con su campo político. Por eso, el nuevo jefe del Estado va a empeñarse en que las legislativas de junio alumbren una mayoría absoluta favorable a su partido, que le dejaría las manos completamente libres.