Un paramilitar guatemalteco acusado de secuestro se sienta en el banquillo

El juicio contra Felipe Cusanero Coj, un antiguo paramilitar guatemalteco acusado del secuestro y desaparición de seis campesinos entre septiembre de 1982 y octubre de 1984, cuando la represión contra la insurgencia alcanzó en Guatemala sus más altas cotas de violencia, celebró ayer su primera sesión en Chimaltenango.

Según la acusación particular, Cusanero Coj dirigió a las patrullas que secuestraron a los campesinos. Siguiendo el patrón represivo de la época, se cree que los campesinos fueron torturados hasta la muerte y después sepultados en fosas clandestinas. Según el sumario, Cusanero supuestamente actuó en ocasiones acompañando a militares uniformados y guiándoles hasta el domicilio de las víctimas. En otros casos, se encargó de dirigir personalmente grupos de paramilitares patrulleros de Autodefensa Civil para la captura de los desaparecidos.

El juicio dio comienzo ayer en medio de una gran expectación, no exenta de temores heredados de la brutalidad con la que los paramilitares actuaron en la zona. De entre el público, una mujer, que pidió no ser identificada, dijo que la importancia de este juicio consiste en romper la impunidad de la que hasta el momento han gozado los autores intelectuales de la represión en contra de la población civil durante el conflicto más sanguinario de Latinoamérica: duró 36 años (1960-1996) y se saldó con 200.000 muertos y 50.000 secuestrados y desaparecidos.

Al iniciarse el turno de los testigos, María Dominga Yool, de 56 años, dijo que el 23 de noviembre de 1983, tras varios meses de huir por las montañas, su esposo, Alejo Culajay, que entonces tenía 22 años, decidió que él no tenía razones para huir porque no debía nada a nadie y decidió volver a su aldea. Se presentó directamente en la casa de Cusanero, quien, además de ser la autoridad —era comisionado militar—, podía dar testimonio de la inocencia de Culajay en su calidad de vecino.

Pero ocurrió lo contrario. Cusanero ordenó que lo llevaran al cuartel por la fuerza. Dominga Yool narró que oyó al comisionado comentar en voz alta: "A este desgraciado hay que darle aguacate de una vez por guerrillero", expresión que en la jerga de la época significaba que debía ser asesinado.

Culajay entró en el cuartel por su propio pie, pero nunca más se le volvió a ver. Su esposa recuerda ahora el dolor y cómo quedó sola con tres niños pequeños, a los que ha logrado sacar adelante a costa de muchas privaciones.

Los orígenes del proceso reiniciado ayer se remontan a 2003, cuando un grupo de pobladores de la aldea Choatalum (San Martín Jilotepeque, 150 kilómetros al oeste), una comunidad de la etnia kaqchiquel, con el asesoramiento de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) y del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), iniciaron el proceso legal. Una serie de maniobras dilatorias de los abogados de Cusanero mantuvo el juicio en suspenso, hasta que el Tribunal Constitucional rechazó los recursos por improcedentes.

La figura del comisionado militar es de ingrata memoria entre el campesinado guatemalteco. Antes de la guerra civil, los comisionados eran los responsables de cazar a lazo —literalmente— a los mozos que eran requeridos por los cuarteles para el servicio militar. Sus criterios eran claramente discriminatorios: sólo eran reclutados los indígenas y los campesinos mestizos más pobres.

Al agudizarse el conflicto armado, los comisionados se convirtieron en confidentes del Ejército. Una denuncia suya era suficiente para que el acusado fuera asesinado. Muchos pasaron a dirigir la represión al frente de las temidas patrullas de Autodefensa Civil, responsables, según el informe Guatemala, memoria del silencio, patrocinado por la ONU, de gran parte de las atrocidades cometidas en contra de la población civil en zonas aisladas del país.