La lucha diaria de Pakistán para salir del atolladero

La mayoría de los paquistaníes observan con apatía el debate político y mediático que ha desatado la operación en la que EE UU mató a Osama Bin Laden. Aunque compartan las críticas al Ejército y al Gobierno que se airean en las tertulias televisivas, el esfuerzo diario para salir adelante agota sus fuerzas. Falta además una sociedad civil organizada que pueda canalizar ese malestar de forma constructiva. La ausencia de un proyecto común y el acoso de los fanáticos religiosos han frenado el desarrollo del embrión que surgió hace cuatro años con el movimiento de los abogados.

"No hay sociedad civil", sentencia un diplomático occidental. Y sin embargo, decenas de miles de personas salieron a la calle en todo el país para apoyar a los abogados que exigían la reinstauración del presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Muhammad Chaudhry. "Aquello tuvo éxito porque tenía un objetivo concreto: la restitución del juez Chaudhry", explica Babar Sattar, abogado y articulista. "Debatimos si debíamos ampliar nuestros objetivos, pero éramos conscientes de que el amplio apoyo que logramos se debía que se trataba de un asunto simple y no controvertido". "Hoy no hay un objetivo común que una a toda la sociedad", concurre Mohammad Ziauddin, director de The Express Tribune, un diario que destina el 30% del precio de suscripción a una organización sin ánimo de lucro dedicada a educar a los más desfavorecidos.

Con el 85% de sus 188 millones de habitantes viviendo con menos de dos dólares al día, 40 millones de niños sin escolarizar y la mitad de los jóvenes de 16 años incapaces de leer una sola frase, causas de movilización no faltan. "Hay dos centenares de ONG activas, en su mayor parte financiadas desde el exterior, que se dedican a construir y gestionar escuelas y hospitales, pero los problemas son tan inmensos que apenas se ve su efecto", señala Ziauddin que considera esas organizaciones como el eje de la sociedad civil. "Es cierto, pero actúan en los márgenes, alienadas de la política. Han intentado hacer presión pero no están lo suficientemente organizadas para lograr cambios en educación, desarrollo, etc", explica Khadim Hussain, un activista sociopolítico que está al frente del proyecto educativo de la Fundación Baacha Khan.

La sociedad civil ha protestado también por las leyes contra la blasfemia (que permiten acusar a alguien de insultar al islam sin necesidad de aportar pruebas), en particular tras los asesinatos del ministro para las Minorías Shahbaz Bhatti y del gobernador de Punjab Salman Tayseer a principios de este año. Sin embargo, esos mismos casos han puesto de relieve la profunda división y falta de proyecto común de los paquistaníes. "Algunas instituciones no estatales levantaron la voz frente al silencio oficial, pero es poco lo que pueden hacer porque nuestro Estado es un Estado islámico y la religión limita el trabajo de la sociedad civil", señala Sattar.

El abogado opina que "se ha dado demasiado espacio a los clérigos que deciden la interpretación del islam". Y esos clérigos suelen dar cobertura a lo que Ziauddin califica de "poco islámicos rituales y tradiciones islámicas". El periodista admite que "el uso político del islam ha generado la sociedad que tenemos", pero responsabiliza a la elite gobernante. "Los hombres de negocios, los señores feudales y la burocracia cívico-militar toleran la situación e incluso la promueven", asegura. "Hay grandes empresarios que han financiado madrazas y la burocracia cívico-militar respeta la opinión de los fanáticos bajo el pretexto de la libertad de expresión".

Activistas liberales contra el fundamentalismo

La sima entre liberales y fundamentalistas es la misma que impidió que el movimiento de los abogados fuera más allá e intentara reformar un sistema judicial que da la impresión de ensañarse con las víctimas en lugar de protegerlas. La prensa en inglés (asociada con los liberales) ha puesto el grito en el cielo por la absolución del Tribunal Supremo a los 13 hombres que violaron a Mukhtaran Mai en castigo porque su hermano (de 12 años) ofendió a un poderoso clan local. Los medios en urdu han acusado a la mujer de haberse enriquecido con las ayudas de las ONG internacionales. Además, a partir de los asesinatos de Tayseer y Bathi, el miedo se ha extendido entre los activistas, que evitan expresar sus opiniones delante de desconocidos e incluso de sus empleados. Cualquiera puede convertirse en ejecutor de esa interpretación intransigente del islam. "Puede ser mi chófer", admite Ziauddin.

Sattar lo atribuye a la ausencia de un Estado de derecho. "Si doy mi opinión y alguien viene y me mata, el Estado no me protege", asegura el abogado. "La gente acepta como normal que se mate por honor; no ha calado la idea de que lo ilegal es también injusto", añade. "Estamos viviendo en un ambiente peligroso y nadie sabe cómo hacer frente a la situación y refundar la sociedad. No hay país en el mundo donde los musulmanes maten a otros musulmanes a semejante escala", concluye Ziauddin. "A menos que aclaremos qué papel queremos para la religión en este país, no vamos a avanzar porque las tradiciones culturales y sociales se justifican con el islam incluso si no tienen nada que ver con sus valores", resume por su parte Sattar.