Entre la justicia universal y la divina

El jesuita Segundo Montes comenzó su carrera docente en el Externado San José, un colegio de la Compañía de Jesús en San Salvador para los cachorros de la élite salvadoreña. Uno de sus alumnos, José Ricardo Espinoza Guerra, llegó a ser con el tiempo el comandante del batallón de soldados que le asesinó. Ocurrió el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). San Salvador vivía la peor ofensiva del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN) y el Ejército se defendía a sangre y fuego.

La víspera del crimen por la noche, un compañero de Montes, el también jesuita Ignacio Martín-Baró, llamó a su hermana Alicia, que le preguntó cuándo iba a mejorar la situación en El Salvador, en guerra desde 1980. "Van a tener que morir muchas personas antes de que eso ocurra", respondió. Ignacio Martín-Baró fue abatido horas después al lado de Segundo Montes por los soldados del Batallón Atlacatl, la sección contra insurgentes a las órdenes de Espinoza.

Junto a Montes y Martín-Baró murieron acribillados otros cuatro jesuitas afines a la Teología de la Liberación -el más conocido, Ignacio Ellacuría, reputado intelectual y a la sazón rector de la universidad-, además de su ama de llaves y la hija de ésta. La víspera, el 15 de noviembre, casi a la misma hora que Martín-Baró emitía esos malos augurios, el entonces coronel -y hoy general- René Emilio Ponce ordenaba al coronel Alfredo Benavides "asesinar al padre jesuita Ignacio Ellacuría y no dejar testigos". Benavides trasladó a Espinoza la misión.

Los datos anteriores -la anécdota amarga del pupilo que se vuelve verdugo; los nombres y apellidos, la orden expresa de eliminar todo rastro de los hechos- aparecen en la querella criminal presentada el pasado 13 de noviembre ante la Audiencia Nacional de Madrid por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de San Francisco (EE UU). Como acusados figuran 15 ciudadanos salvadoreños: 14 de ellos, militares, como autores de las muertes, y uno civil, Alfredo Cristiani, en el momento de los hechos presidente del país y jefe de las Fuerzas Armadas, como cómplice. La querella, pendiente de ser admitida a trámite, se basa en el principio de justicia universal (artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el mismo que permitió la extradición y el juicio del dictador chileno Augusto Pinochet. Los cargos que se imputan son gravísimos: crímenes contra la humanidad, asesinato, crímenes de guerra y terrorismo de Estado.

Pero ¿por qué ahora? "Porque estos delitos no prescriben. Por eso, y porque 19 años después, El Salvador está inmerso en una insoportable impunidad. No hablamos sólo de la masacre de los jesuitas, también del resto de crímenes cometidos durante la guerra civil [1980-1992; 75.000 muertos]", dice el abogado Manuel Ollé, presidente de la APDHE. "El juicio que se celebró en 1990 fue fraudulento: hubo ocultación de pruebas, amenazas a testigos, etcétera. Fue un proceso irregular y por tanto inválido. Y la Ley de Amnistía vigente, de 1993, es contraria a todos los estándares de derecho internacional y de derechos humanos, y no puede ser aplicada", añade Ollé.

Pero el propósito de la APDHE y el CJA va más allá: no se trata sólo de impedir la impunidad, también de "complementar la acción de la justicia en El Salvador. Lo deseable sería que con esta causa se ayude a desterrar todos los impedimentos legales para los juicios pendientes", concluye Manuel Ollé.

Hasta el momento, las dos causas promovidas por la UCA en El Salvador no han progresado, aunque el rector José María Tojeira no desespera. "Preferiríamos que la justicia funcionara aquí y en eso seguimos trabajando. Aunque no la hemos promovido, nos gustaría que la querella de Madrid hiciera caer en la cuenta a las autoridades de El Salvador de la importancia de que funcionen internamente las estructuras jurídicas y de protección de los derechos humanos. Esta querella es en buena parte el resultado de la negación del sistema judicial salvadoreño a hacer justicia, y del Ejecutivo a cumplir con las recomendaciones internacionales que está obligado a seguir", explica Tojeira. Por ejemplo, las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas revisar el caso con estándares internacionales, revocar la Ley de Amnistía e indemnizar a los familiares. "Desde 1999, el Estado salvadoreño se niega a cumplir cualquiera de esas recomendaciones", añade el jesuita. En paralelo, la UCA ha presentado dos demandas en el sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

No sólo los jesuitas de la UCA esperan consecuencias positivas de esta iniciativa. Las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas se aferran a ella con vehemencia. "Para nosotros es la única esperanza, aunque lamentablemente no creemos que la querella vaya a impulsar el sistema judicial salvadoreño. Contemplamos la posibilidad de incorporarnos a la causa", apunta María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Su organización forma parte de la Comisión Pro Memoria Histórica de El Salvador.

"Ninguna de las personas responsables del crimen ha sido llevada ante la justicia. En su lugar, muchos de ellos ocupan importantes posiciones políticas en el país", se lee en la querella. En efecto, incluso detenta el poder el mismo partido que en 1989: la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). El presidente, Elías Antonio Saca, ha cerrado filas en torno a su antecesor: "El presidente Cristiani es el presidente de la paz; nos sentimos muy orgullosos de él". Saca declaró además que "abrir heridas del pasado no es la mejor forma de reconciliación; ya los salvadoreños nos hemos reconciliado bastante".

Si la querella se admite a trámite, algo que Ollé ve posible "porque, además de reunir todos los requisitos legales, cinco de las víctimas eran españolas", la campaña para las elecciones presidenciales del próximo mes de marzo podría dar un vuelco, al salpicar al candidato de Arena la inculpación de Cristiani en este caso de terrorismo de Estado, el más conocido de todos los perpetrados en el marco de los conflictos civiles que desangraron Centroamérica a finales del pasado siglo. "Si la querella prospera, podría forzar un cambio de Gobierno; las encuestas favorecen hoy a la izquierda", afirma el politólogo salvadoreño Óscar A. Fernández.

Pero más allá de la coyuntura política o judicial, lo que también revela el caso jesuitas es que, según los activistas de derechos humanos, la guerra civil salvadoreña se cerró en falso -como la dictadura argentina con las leyes de Punto Final, anuladas por inconstitucionales-, y que la impunidad, la ineficacia y la inoperancia judiciales y la falta de reparación hacia las víctimas son lastres que socavan gravemente el armazón institucional del país.

Óscar Fernández califica a El Salvador de "Estado fallido", es decir, "un Estado minimizado, reducido a la mínima expresión según el modelo neoliberal, en el que impera la transnacionalidad del dinero, las mafias y el crimen organizado, y donde dejan de funcionar las instituciones. Campa la ley del más fuerte, de la violencia", explica.

Un solo dato confirma la inoperancia del sistema de administración de justicia en El Salvador: según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre impunidad, la eficiencia judicial fue en 2005 de sólo el 3,8%, lo que equivale a decir que el 96,1% de los delitos quedó impune. Estos porcentajes se refieren a homicidios, cuya tasa se acerca hoy a la docena diaria. "Ha habido días con más muertos que durante un día de la guerra. No hay paz, la paz es un eufemismo", recuerda Guillén. "El Salvador tiene uno de los índices de compra y tenencia de armas cortas más altos del mundo: es un escenario del far west", apostilla Fernández.

La violencia de la guerra ha dado paso a los delitos comunes y a la actuación de las redes del crimen organizado, bandas de sicarios y escuadrones armados. Igual que la materia, es la misma violencia repetida, en un bucle de adaptaciones y transformaciones, como si las condiciones estructurales que alimentaron los conflictos bélicos del pasado siglo siguieran ahí, encasquilladas en el botón de rebobinado de la historia. "Antes había dos bandos, ahora no hay bandos. Y como dice el refrán: a río revuelto...", apunta Fernández.

Muy parecida es la situación que se vive en Guatemala, afectada por un proceso de punto final a una guerra civil de 36 años (1960-1996; 260.000 muertos) similar al del país vecino. Las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz sobre el genocidio de la población indígena durante la contienda son otro ejemplo de la globalización de la justicia, igual que los procesos del juez Baltasar Garzón contra Pinochet o contra el genocida argentino Adolfo Scilingo, el ex capitán de corbeta que fue juzgado en Madrid. En Guatemala, otro fiscal español, Carlos Castresana, comisionado de la ONU contra la impunidad, lucha con denuedo contra la parálisis judicial. Constituyen su ímprobo quehacer miles de casos pendientes de feminicidios, y de matanzas de campesinos, indígenas o activistas de izquierdas. Y de religiosos, también.

Ahora, entre la justicia universal y la justicia divina queda la memoria, el testimonio de las palabras y la obra de los asesinados.

Olvidados por la Iglesia oficial

Más allá de la justicia terrenal, hay una tercera dimensión en los asesinatos de los jesuitas de la UCA; el de Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, en 1980, por orden del mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de Arena; el del obispo guatemalteco Juan Gerardi, en 1998, asesinado sólo dos días después de presentar un informe que responsabilizaba al Ejército guatemalteco del 90% de las violaciones de derechos humanos durante la guerra... O de las amenazas de muerte, la primavera pasada, al obispo de San Marcos (Guatemala), Álvaro Ramazzini, por denunciar la injusticia social en una de las diócesis más empobrecidas -y más ricas en recursos naturales- de Guatemala.

Los crímenes cometidos contra miembros de una Iglesia movida por la "opción preferencial por los pobres" -el lema de los teólogos de la liberación- interpelan directamente a la Iglesia oficial y subrayan la inacción de la curia y del Vaticano. "El actual arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, se ha manifestado contrario a la querella presentada en Madrid", recuerda Óscar Fernández; "como el Gobierno, es partidario de no levantar polvazón ".

"Aquí no tenemos miedo, pero allí mis compañeros se juegan la vida reclamando justicia", dice el jesuita Juan Carlos Marcos, secretario general de la APDHE, en referencia a sus colegas de la UCA. El teólogo español Juan José Tamayo, miembro de la junta directiva de esa asociación, homologa los casos de la UCA, del arzobispo Romero y del obispo Gerardi. "Hay un paralelismo claro entre todos ellos. Fueron desatendidos en vida y olvidados después de muertos por la Iglesia oficial, por el Vaticano, que los acusaba de desviarse del Evangelio e incurrir en el terreno de la política. Esa incomprensión se refleja en la actitud de Juan Pablo II ante monseñor Romero, poco antes de la muerte de éste. El Papa le dijo que se llevara bien con el Gobierno y no creara problemas. 'El Santo Padre no me ha entendido, no comprende que El Salvador no es Polonia', le respondió Romero", recuerda Tamayo, muy pesimista sobre el proceso de canonización, en suspenso, del arzobispo salvadoreño. "No se va a reavivar el proceso", dice.

El rector José María Tojeira, más alentador -o posibilista-, considera sin embargo imparable el camino de Romero a los altares. "Terminará imponiéndose. La devoción hacia él sigue creciendo en el país y su asesinato fue claramente un acto de odio hacia lo que debe ser un obispo católico en situaciones de conflicto como las que vivía El Salvador. No veo que pueda haber excusa [a la canonización]", señala el jesuita, que también cree "posible" la beatificación de los mártires de la UCA.

Los que para las autoridades de El Salvador o Guatemala eran elementos subversivos y peligrosos marxistas, fueron para Tamayo voz de los sin voz "en la denuncia de la injusticia y la violencia estructural del sistema". "Esta Iglesia es la de la memoria histórica, la de la justicia social", sentencia el teólogo.

Para Carlos Martín-Baró, hermano de uno de los asesinados en el campus de la UCA, "los jesuitas vivieron por ese pueblo y murieron por él, por que se aplicara la justicia en todas sus formas en un país maltratado por innumerables formas de violencia".

Los familiares de las víctimas no suscriben la querella presentada en Madrid, porque prefieren apoyar "a los que trabajan allí. Es un apoyo moral, humano. En esta postura creemos interpretar la actitud de nuestros hermanos". El familiar espera que, "tras el brillo fugaz de la noticia [de la presentación de la querella]", se conozca más y mejor el legado de las víctimas. "España, que mira tanto hacia allá, debería conocer mejor la obra escrita de los jesuitas de la UCA, y en especial la de Ignacio Ellacuría: es el análisis más lúcido de la realidad iberoamericana, con un valor y una vigencia enormes. Por eso los mataron", concluye Carlos Martín-Baró.

Y es que, pese a la orden expresa de eliminar testigos, el reguero de sangre aún fresca que dejó la masacre de la UCA está sembrado de huellas, de avisos a navegantes, de recordatorios y claves. Los asesinos no querían testigos pero consiguieron mártires. Mártires de la fe, mártires de una justicia incumplida.