El fiscal acusa a líderes de Santa Cruz de apoyar a terroristas

Los principales líderes autonomistas de Santa Cruz están emplazados por el fiscal Marcelo Sosa a declarar en La Paz sobre su presunto apoyo al grupo terrorista acusado de conspirar contra la vida de los gobernantes bolivianos. Sosa ofreció esta información en una conferencia de prensa al término de las declaraciones de los detenidos y de un testigo clave protegido ahora por la fiscalía.

El gobernador Rubén Costas, el ex presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic; el presidente de la Federación de Empresarios, Pedro Yovio; el ex presidente de la Federación de Ganaderos, Guido Nayar; el líder agropecuario Mauricio Roca y el general jubilado del Ejército Lucio Añez, entre otras personalidades de Santa Cruz, fueron implicados por el testigo clave, Ignacio Villa Vargas, quien aseguró que todos ellos se reunían con Eduardo Rózsa, el boliviano-croata supuesto cabecilla de la banda terrorista, abatido junto a un rumano y un irlandés el 16 de abril, en una operación policial aún no aclarada, en un hotel de esa ciudad.

El fiscal Sosa presentó a la prensa un cuadro de la probable organización del grupo y mostró como presuntos financiadores a empresarios cruceños y al presidente de la Fundación Human Rights, Hugo Ach, y como supuestos activistas a Rózsa y otros seis extranjeros; entre ellos, además de los muertos el 16 de abril, dos detenidos, el húngaro Elot Toazso y el boliviano Mario Tadic, encarcelados ambos en La Paz, y dos prófugos, los húngaros Daniel Gaspar y Gabor Dudog. Los otros supuestos miembros, según el fiscal Sosa, son los bolivianos Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder, identificados como suministradores de armas.

El testigo clave, Ignacio Villa Vargas, tiene orden de detención emitida por un juez de su localidad natal, Cotoca, una pequeña ciudad cercana a Santa Cruz, por estelionato (delito de engaño sobre sus bienes) y estafa. Poco después de la declaración del fiscal Sosa en La Paz, los líderes regionales rechazaron las acusaciones y coincidieron en señalar que se trata de un ataque a la autonomía y a sus líderes, precisamente en el día del primer aniversario del referéndum que aprobó por abrumadora mayoría los estatutos autonómicos.

Este martes se organiza en Santa Cruz un comité interinstitucional de defensa de las personalidades cruceñas, integrado por el Colegio de Abogados y otras entidades. "Vamos a defender los principios de inocencia, que se respete la ley y que haya una investigación seria y responsable antes y después de los hechos, y que no se haga política con los mismos", dijo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Núñez.

El general jubilado Lucio Añez, reconocido institucionalista en la época dura de los regímenes militares, declaró que Rózsa le entrevistó como periodista. Los bolivianos detenidos aseguraron también que Rózsa y el irlandés Dwyer fueron los autores del atentado contra la casa del cardenal Julio Terrazas, y que Marinkovic entregó 200.000 dólares para armas a unos argentinos que desaparecieron con el dinero.

Aun cuando desde el Gobierno se insiste en la tesis del complot para matar a Evo Morales, la investigación del fiscal no termina de encontrar evidencias en ese sentido. No se conoce aún la declaración del húngaro Toazso; sólo la de Tadic, que informó de su tarea de traducir manuales militares bajados de Internet por orden de Rózsa. Los otros bolivianos detenidos (Gueder, Mendoza y Villa Vargas) enfocaron sus acusaciones contra los líderes de Santa Cruz, aun cuando en las primeras declaraciones aseguraron que Rózsa quería matar a los gobernadores Costas y Suárez, de Santa Cruz y Beni, respectivamente.