Varias ONG mexicanas piden al Senado que no ratifique al fiscal general

Varias ONG de Ciudad Juárez (México) exhortaron hoy al Senado mexicano a que no ratifique el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como fiscal general de México, al que acusan de no hacer suficiente para combatir los asesinatos de mujeres cuando trabajó en la fiscalía local. En una carta abierta publicada en la prensa mexicana, las organizaciones civiles calificaron de "burla" y de "grave retroceso" la decisión del presidente de México, Felipe Calderón, anunciada el martes, de nombrar a Chávez para el cargo de fiscal general. La medida "enmarca un escenario preocupante y desolador para la protección de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las mujeres", dijeron.

Las asociaciones firmantes del documento son la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Mujeres Unidas Olympia de Gouges, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Red Nacional de Organismos Civiles -Todos los Derechos para Todos y Todas.

Chávez ejerció de subprocurador (vicefiscal) y procurador (fiscal) de Chihuahua, Estado norteño al que pertenece Ciudad Juárez, en la segunda mitad de la década de los años 90. Según estos grupos, el tiempo en que Chávez ocupó esos cargos en la fiscalía chihuahuense "fue uno de los períodos con mayor auge de casos de feminicidios en Ciudad Juárez", fronteriza con El Paso (Estados Unidos).

Una recomendación emitida entonces por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el equivalente en México al Defensor del Pueblo, afirmaba que Chávez "tenía la responsabilidad constitucional y legal de investigar, perseguir y consignar a los presuntos responsables" de esos crímenes "y no lo hizo", recuerdan. Por el contrario, "entorpeció las investigaciones a través de sus funcionarios de enlace con la CNDH", mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la ONU emitían por su lado "recomendaciones pidiendo desde su remoción hasta su enjuiciamiento por desacato", según dicha recomendación. "Es inaceptable que el presidente Calderón designe a un procurador de justicia con estos antecedentes", afirma la CNDH en su documento.