Turquía retira la ley mordaza contra la libertad de expresión

Acosados por los guardianes del Estado laico en Turquía, que amenazan con borrarlo del mapa político con una demanda de ilegalización ante el Tribunal Constitucional, los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) reaccionaron ayer con una reforma modernizadora largamente esperada por la Unión Europea para agilizar la candidatura turca. El partido del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde 2002, presentó en el Parlamento turco el proyecto de revisión del artículo 301 del Código Penal, que castiga con penas de hasta tres años de cárcel los "insultos contra la identidad turca", según la prensa turca.

Este polémico precepto ha sido utilizado por los sectores más nacionalistas del aparato judicial para procesar a cerca de 1.200 intelectuales turcos, entre ellos el premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk o el periodista de origen armenio Hrant Dink, quien fue asesinado por un pistolero en 2007 en Estambul. A partir de la reforma, el artículo 301 sólo podrá ser aplicado mediante una autorización explícita del presidente turco. En la actualidad, la fiscalía actúa de oficio ante las denuncias contra intelectuales que analizan la situación de la minoría armenia o el genocidio armenio.

El jefe del Estado, Abdulá Gül, y Erdogan van a recibir el jueves en Ankara al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y al comisario para la Ampliación, Olli Rehn, en una visita que se interpreta como un respaldo europeo a los actuales gobernantes de Ankara. En contrapartida, el AKP se dispone a desbloquear la revisión del controvertido artículo 301, que había sido criticado desde las máximas instancias de la UE por conculcar la libertad de expresión. En un acto público celebrado ayer en Lisboa, Durão Barroso aseguró que el objetivo de su visita a Turquía es "apoyar el proceso de reformas" de acercamiento a la UE.

La dirección del AKP se reunió ayer en el Parlamento de Ankara para presentar esta reforma del Código Penal y estudiar una respuesta legal a la demanda de disolución que pesa contra el partido y que ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.

El AKP está acusado de no garantizar la separación entre Estado y religión, después de haber acabado con la prohibición de que las mujeres que se cubren con el pañuelo islámico puedan estudiar en las universidades. La fiscalía turca reclama la inhabilitación política de 71 altos cargos del partido, incluidos el propio Erdogan y el presidente Gül.