Tabaré Vázquez veta la despenalización del aborto en Uruguay

La decisión del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, de vetar la ley para despenalizar el aborto, pese a que había logrado la aprobación del Congreso y de Senado de su país, echa por tierra las esperanzas de los movimientos sociales y de mujeres, no solo uruguayas sino también del resto de América Latina, que confiaban en que el pequeño y moderno Uruguay fuera capaz de abrir una brecha en la monolítica posición antiabortista de prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos.

La nueva Ley de Salud Sexual y reproductiva, que autorizaba el aborto dentro de las doce primeras semanas de gestación, había logrado superar el Congreso por 48 a 49 y el Senado por un mayoría de 17 contra 13. Los sondeos publicados en Uruguay indican que el 57% de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto y que el 63% cree que el presidente no debería hacer uso de su derecho constitucional de veto, una vez que una ley ha sido aprobada por el Parlamento. Aun así, Tabaré Vazquez , que se ha escudado en su condición de médico oncólogo, ha decidido que se siga enviando a la cárcel a las mujeres que abortan y a quienes les presten ayuda. Según datos oficiales en Uruguay (un país con poco más de 3 millones de habitantes) se realizan unos 33.000 abortos clandestinos al año, aunque datos de organizaciones sociales corrigen esa cifra al alza. La ley en vigor solo autoriza la interrupción del embarazo en caso de violación o de inmediato riesgo para la vida de la madre.

Veto presidencial

La única manera de superar el veto presidencial sería que el Parlamento volviera a votar la ley pero esta vez con una mayoría de tres quintos, algo que no parece posible que pueda lograr el Frente Amplio, impulsor del proyecto y grupo al que pertenece el propio Vázquez. La jerarquía de la Iglesia Católica uruguaya tomó el veto presidencial como un triunfo propio. Los obispos uruguayos desarrollaron una fuerte campaña contra el proyecto de ley y amenazaron con excomulgar a los diputados o senadores que votaran en contra. Uno de ellos llego incluso a prohibirles acudir a misa.

La enorme influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica en la gran mayoría de las sociedades latinoamericanas ha hecho que América Latina sea uno de los lugares en el mundo en el que resulta más difícil y peligroso abortar. Aun así, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año, aproximadamente cuatro millones de mujeres latinoamericanas se someten a abortos. Unas cuatro mil mueren como consecuencia de las malas condiciones higiénicas y a los peligrosos procedimientos seguidos para interrumpir el embarazo. La OMS ha protestado repetidamente por esa situación. El aborto está penado en casi todos los países de la zona, salvo en Cuba y en algunas pocas naciones del Caribe. "En casi toda la región", explica la OMS, "los médicos pueden interrumpir el embarazo en casos de violación, incesto o si pone inmediatamente en peligro la vida d la madre, pero son opciones raramente usadas".

Pese a las escandalosas cifras de victimas, la práctica del aborto en América Latina se encuentra totalmente cubierta por un manto de silencio. En Chile, con un gobierno de centro izquierda que preside una mujer, ni se discute del asunto. En Nicaragua, con un presidente que dice ser sandinista, se han dado pasos, pero justo en dirección contraria: ahora se castiga a las mujeres que aborten, sean cuan sean las circunstancias.

Madres antes de los 20

Todo esto ocurre en un continente en el que el 25% de las jóvenes latinoamericanas ya ha sido madre antes de los 20 años de edad, una de las cifras más elevadas del mundo. Un reciente informe de Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) asegura que la tasa de fecundidad en la región es inferior a la media mundial (2,3 frente a 2,6) pero que no ocurre lo mismo con la tasa de fecundidad entre jóvenes de 15 a 19 años, que se dispara muy por encima de la media internacional (76,2 por mil frente a 52,6 por mil).

La gran mayoría de las madres adolescentes son pobres, con escasa educación y con altas posibilidades de tener que hacerse cargo del bebe sin ninguna ayuda del padre ni red de protección social. "El embarazo precoz", asegura CEPAL, "dificulta la inserción social de las madres adolescentes, exacerba las desigualdades de género y potencia el círculo vicioso de la pobreza".