Los Quince aprueban la propuesta española para condicionar las relaciones con Cuba

La Unión Europea (UE) ratificó ayer, como estaba previsto, una "posición común" en las futuras relaciones con Cuba que está basada en una iniciativa presentada por el Gobierno español. Fue un acto rápido, pero sin solemnidad ni apenas más declaraciones que las de os propios diplomáticos españoles. Los ministros europeos reafirmaron su política tradicional de presión sin acoso para lograr la democratización del régimen de Fidel Castro, una estrategia diferenciada de la de Washington. Pero acentuaron la reclamación de los derechos humanos y el fin de las persecuciones políticas en la isla, al tiempo que mostraron su disposición a apoyar financieramente cada uno de los pasos de apertura que eventualmente dé La Habana.

La "posición común" se aprobó formalmente en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas como un "punto A" del orden del día, de los que no exigen discusión. Nadie la pidió, tampoco -lo que es posible incluso en los puntos acordados-, tras el consenso alcanzado justo una semana antes en el Comité Político, compuesto por altos funcionarios a escala de director general.La diplomacia española mostró su satisfacción porque la "posición común" supone una "obligación de disciplina de los Estados miembros y de la Comisión" a la hora de seguir sus líneas. Aun reconociendo que la matriz del documento no supone una novedad en la estrategia comunitaria, porque recoge expresamente las posturas de los Quince ya acordadas en las cumbres de Madrid y de Florencia, subrayó que la "posición común" va "más allá de una mera directriz política del Consejo Europeo", que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los Quince, y exige unos resultados evaluables al cabo de seis meses.

Otras fuentes diplomáticas consideraron que con la aprobación del texto sin discusión, Madrid "ha tratado de evitar la reapertura del lítigio", y calmar un juego que amenazaba con envenenarse tras la retirada del plácet al embajador José Coderch, el pasado martes. Alcanzado el consenso hace una semana, todos, con su discreta ratificación, templaron la crisis. Los más críticos hacia la propuesta inicial española, como Bélgica, Suecia y Francia, porque habían rebajado su dureza. La diplomacia española, porque lo que todo el mundo califica de "error" de Castro en el asunto Coderch, le ha permitido cerrar unas filas -que actuaban en orden muy disperso-, en torno al discurso de moderación y prudencia subrayado por el ministro Abel Matutes, especialmente en la última fase del conflicto.

En efecto, el primer texto telegrafiado a los socios desde Madrid, el pasado día 13, fue sucesivamente limado gracias a los expertos europeos del ministerio, a la presidencia irlandesa, y a la lluvia de enmiendas propuestas por los socios. Fue un proceso que desgarró en silencio a la diplomacia española, que ocasionó un fuerte debate en la escena política y que ha despertado en otros países el apetito de jugar un papel más activo en los asuntos centroamericanos, en la medida en que España abandonase su tradicional papel de interlocutor privilegiado con la isla.

El proceso de sucesivas suavizaciones cambió una orientación fundamental del documento y suprimió muchas medidas concretas. La modificación sustancial la introdujo España el mismo día 14 en Bruselas, que alertó de que el texto había incorporado una noción de "gradualisino". Y es que donde prácticamente se ordenaba a Castro adoptar un bloque compacto de medidas como condición para aspirar a la cooperación económica con Europa, se indicó que la ayuda podría prestarse "a medida" que avanzase el proceso de liberalización.

Del texto español se eliminaron los puntos más calcados a la plataforma exigida por el enviado especial norteamericano, Stuart Eizenstadt, como la designación de un diplomático en cada embajada para los contactos con la oposición interna; el riguroso control de las ONG, a través de las que se vehicule la ayuda humanitaria, o el detalle muy específico de las reformas legales que se exigían imperativamente a Castro.

Por contra, el texto finalmente alumbrado pone en positivo las reivindicaciones de democratización que siempre ha defendido Europa ; considera un punto de partida el intento de apertura económica iniciado; y muestra su disposición no sólo a enviar ayuda humanitaria, sino también apoyo financiero para las reformas.