Perú, instituciones y respeto al derecho

Pese a la crisis mundial en 2008, América Latina y muy particularmente los países del Cono Sur, que aplicaron políticas económicas responsables, han sorteado mejor que otros sus efectos. Perú es un ejemplo en tal sentido y crecerá en 2009 en medio de tormentas de recesión en países a los que exporta.

Buena señal que no se conocía en la historia de la economía de la región. Lo lamentable es que la madurez económica de los gobiernos para vivir en el siglo XXI no se aplica a lo político y menos a la forma de conducir las relaciones internacionales. En estos ámbitos el subdesarrollo crónico sigue atado a nacionalismos extremos y visiones arcaicas.

La política sufre en la región una grave enfermedad: la debilidad y carencia de instituciones, la precariedad democrática de gobiernos que se mantienen prisioneros de grupos de poder y la falta de certeza jurídica en la aplicación del derecho en lo interno como en el derecho internacional. Allí el Perú ha dado muestra de ser un claro ejemplo.

Su población no valora los logros, resultando históricamente la adhesión al gobierno débil. Quien ejerce el poder cae en la tentación de ceder a presiones. Los apoyos se buscan en temas que a quien gobierna lo hace popular ante una mayoría que ve en el revisionismo de tratados y cuestionamientos limítrofes el factor de unión. Así se generan desconfianzas y hay retrocesos en instancias de integración regional y vecinal. Encontramos un ejemplo paradigmático en las declaraciones de quien ostentaba hasta diciembre el cargo de Comandante General del Ejército del Perú. El General Donayre afirmó con respecto a Chile "He dado la consigna (de) que chileno que entra (se refería al Perú) ya no sale, y si sale saldrá en cajón (ataúd). Si no hay suficientes cajones, saldrán en bolsas de plástico". Tal afirmación ocupó titulares y se reprodujo en medios de comunicación del mundo.

Alan García llamó por teléfono a su homóloga la presidenta Bachelet dándole explicaciones que fueron aceptadas por la mandataria chilena quien a la fecha no había conocido el detalle del agravio y en el entendido que -como lo afirmó el presidente peruano- el militar se iría a retiro.

Nada de ello sucedió y entregó su cargo cuando estaba previsto. No medió sanción ni rechazo explícito a la afirmación alejada de todo respeto a la dignidad de la persona humana.

El giro de los acontecimientos significó que el Gobierno de Chile, aunque dio por superado el hecho, lamentó que el Perú no hiciera honor al deber de ejercicio de la autoridad presidencial ante afirmaciones belicistas, reflejo de un nacionalismo chovinista que requerían ser sancionadas al contraponerse a la política exterior de un Estado que manifiesta desear vínculos armónicos con su vecino.

El general terminó despedido como héroe en una patética ceremonia militar propia del más puro militarismo autárquico curiosamente presidida por un silente ministro de Defensa de un gobierno democrático.

El recuento solo busca sintetizar la precariedad democrática y la debilidad de instituciones de ese país en un momento que reviste la máxima gravedad. En efecto en la Corte Internacional de la Haya -por acción unilateral del Perú- se conoce de una reclamación en materia de delimitación marítima establecida por tratados internacionales y respetada por ambas partes por más de cincuenta años.

Es allí donde la actitud del presidente García y del Gobierno del Perú trasciende al exabrupto militar. En efecto la inacción hace pensar que en dicho Estado no se respeta el Estado de derecho.

Perú ha manifestado estar en disposición de litigar lo cual supone radicar en el Tribunal y argumentar jurídicamente. Sin embargo, las presiones nacionalistas llevan a pensar que lo mismo podría suceder ante una decisión que no diera satisfacción a aquello que aspiran los mismos sectores que dieron forma, avalaron y apoyaron las agraviantes declaraciones anti chilenas del Comandante general del ejército peruano.

El contenido de ellas, la autoridad que las sostuvo, la negación por parte del Gobierno peruano para definirlas como contrarias a su política exterior y la insuficiencia de las explicaciones del mismo para ser consideradas como reparación del agravio tan injustamente originado, constituyen, acorde a las normas consuetudinarias sobre la responsabilidad internacional del Estado, un ilícito internacional.

Fundamenta lo anterior el hecho que aquellas atentan contra los derechos universales del ser humano, en particular el derecho a la vida, cuyo libre y pleno ejercicio deben respetarse y garantizarse sin discriminación alguna, incluyendo el origen nacional; afectan al estándar mínimo a que tienen derecho los extranjeros; vulneran el recíproco respeto y la buena fe que deben regir las relaciones entre los Estados; y constituyen una amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Este último aspecto resulta especialmente grave a la hora de encontrarse un tema de alta sensibilidad ya radicado en un tribunal como se expresó. De allí que es posible concluir que en este caso el Perú, como Estado, faltó a una obligación internacional.

No haber ejercido el presidente García la autoridad política tendente a efectivamente reparar el daño causado constituyó un acto lamentable. Sin embargo, mucho más grave es la interrogante que se abre acerca del actuar futuro del Perú y de sus autoridades ante las importantes decisiones que emanarán de la Corte Internacional de Justicia.

Es allí donde además de todos los antecedentes jurídicos sin duda se tendrá a la vista el actuar de un gobierno caracterizado por estar sometido a presiones en la forma como conduce su política exterior, en la debilidad de instituciones básicas que ponen en jaque la autoridad presidencial y la poca confianza que genera un Estado donde no se respeta el derecho internacional.

Juan Emilio Cheyre es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue comandante en jefe del Ejército chileno durante la presidencia de Ricardo Lagos (2002-2006).