Irlanda celebrará otro referéndum

La crisis institucional de la UE podría empezar a resolverse a finales de 2009, pero pendiente todavía de serios obstáculos. Los líderes europeos reunidos ayer en Bruselas acordaron conceder todas las peticiones del primer ministro irlandés, Brian Cowen, a condición de que su Gobierno intente de nuevo la ratificación del Tratado de Lisboa el próximo año. Importantes cesiones pero con mínimas garantías. El proceso institucional de la UE sufrió un serio revés el pasado junio cuando los irlandeses rechazaron el texto en un referéndum que registró una alta participación (53%) y una clara oposición (53%). El Tratado de Lisboa está también pendiente de ratificación por parte de República Checa, y de la firma de los presidentes de Alemania y Polonia.

Las aspiraciones europeístas se han sacrificado en aras del pragmatismo

El Tratado de Lisboa fue la respuesta posibilista tras el rechazo de la Constitución Europea por Francia y Holanda en sendos referendos en 2005. Sustituye al de Niza de 2001, que ya significó un doloroso contencioso por el reparto de poderes entre Berlín y París, por el intento frustrado de los alemanes de acabar con la paridad, que lograron después con Lisboa. También supuso la pugna de España por mantener en el Consejo una representación muy elevada, como la de los grandes países.

Las demandas irlandesas se centran básicamente en el mantenimiento de su comisario, que tanto los tratados actuales como el de Lisboa no garantizan, y en "las preocupaciones del pueblo irlandés", como la política fiscal, familia, derechos sociales y la tradicional política de neutralidad de Irlanda. Estas materias son las que esgrimieron y fueron determinantes para que los partidarios del no al Tratado lograran su rechazo en el referéndum.

La oferta de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión a Dublín está expresamente condicionada a que "el Gobierno irlandés se comprometa a tratar de conseguir la ratificación del Tratado de Lisboa antes del fin del mandato de la actual Comisión". Esto supondría que la ratificación irlandesa debería producirse antes de noviembre de 2009, aunque su mandato podría aplazarse "uno o dos meses", como admitió recientemente su presidente, José Manuel Durão Barroso.

La garantía de que la Comisión siga incluyendo a un nacional de cada Estado miembro, en lugar de un máximo de dos tercios del número de Estados como prevé el Tratado de Lisboa, provocó inicialmente un profundo malestar en varios países, especialmente, en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca.

La reducción del número de miembros de la Comisión formaba parte del "equilibrio institucional" entre Consejo, Parlamento y Comisión. Este equilibrio confiere más poderes al Parlamento y configuraba la Comisión Europea como una institución más independiente, mientras que los grandes Estados refuerzan su poder en el Consejo. "Una Comisión con tantos miembros como Estados reproduce la estructura intergubernamental del Consejo y deja de actuar como motor del proyecto europeo", señala una fuente comunitaria. En este sentido, sorprendió que fuera el propio Barroso el que se mostrara partidario de aumentar el número de comisarios igual al "número de Estados o más".

Para restablecer el equilibrio institucional, los líderes proponen otro cambio más alambicado aún en relación con los miembros del Parlamento. Las elecciones del próximo junio se realizarán según el Tratado de Niza, es decir, 736 diputados. En cuanto se ratifique el de Lisboa, aumentarán a 754, que son tres más de los que establece este texto, para que Alemania mantenga sus 99 escaños y no los 93 del nuevo tratado. Más sencillo no puede ser.

Una vez más, todas las aspiraciones europeístas se han sacrificado en aras del pragmatismo, y en este caso, de desatascar el tratado, que debería agilizar y democratizar el funcionamiento de la Unión, con nuevas instituciones como un presidente estable del Consejo, y reforzar las competencias del Alto Representante, actualmente Javier Solana, que a su vez será vicepresidente de la Comisión Europea. El primer ministro británico, Gordon Brown, pidió garantías de que los cambios introducidos no implicaran nuevas complicaciones jurídicas.

El Gobierno irlandés tiene que convocar el referéndum después de unas difíciles elecciones europeas y locales. Y aunque las últimas encuestas dan ventaja al sí, las incertidumbres sobre el resultado siguen siendo muy elevadas, según numerosos observadores.