Guatemala se 'colombianiza'
Las mafias se han incrustado en las instituciones del Estado y amenazan la viabilidad del país
"Antes que hablar me suicido", dicen que dijo uno de los cuatro policías guatemaltecos detenidos por el brutal asesinato, el 20 de febrero, de tres diputados salvadoreños y de su chófer. No hizo falta. Horas después de ser trasladados al penal de alta seguridad de Santa Rosa, los cuatro agentes morían acuchillados y tiroteados en su propia celda.
Las autoridades habían actuado hasta entonces con una celeridad inusitada para los parámetros de Guatemala, donde sólo se resuelve el 2% de los asesinatos. No era para menos: tres legisladores que acudían a la sesión plenaria del Parlamento Centroamericano habían terminado secuestrados, baleados y quemados por un grupo de élite encabezado por el mismísimo jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado. La eliminación de los autores materiales del asesinato, con la complicidad de altas esferas de la seguridad del Estado, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno del conservador Óscar Berger y ha evidenciado cómo el crimen organizado se ha incrustado en las instituciones.
La bruma rodea el caso, y las autoridades no descartan que los diputados hayan sido víctimas fortuitas de una venganza entre grupos de narcotraficantes. Sea como fuere, "el asesinato de los diputados demuestra que estamos en medio de una estructura de poder criminal", señala Héctor Rosada, presidente del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad de Centroamérica.
Nada hacía presagiar que, diez años después de haber puesto fin a una sangrienta guerra civil de tres décadas, Guatemala acabaría convertida en rehén del narcotráfico. El país, insisten los expertos y el propio Departamento de Estado norteamericano, se está "colombianizando". Casi el 75% de la cocaína introducida en Estados Unidos atraviesa el territorio guatemalteco, que es también puerto de embarque de la droga hacia Europa. La amapola, materia prima del opio y la heroína, prolifera en las zonas montañosas cercanas a México.
"El éxito de la lucha de Colombia contra el narcotráfico ha fortalecido los carteles mexicanos y ha alimentado el surgimiento de los grupos locales", explica un ex oficial de inteligencia, que pide el anonimato. Cuatro carteles (Golfo, Sayaxché, Luciano y Zacapa) se reparten el territorio guatemalteco. "Es como la Colombia de hace 20 años, la de los grandes capos. Controlan zonas liberadas, incluso con sus propios retenes. Compran voluntades, financian a las autoridades locales. Son los Mendoza, los Lorenzana, los Ponce... todo el mundo los conoce".
La influencia de las mafias se extiende también a la zona metropolitana de la capital por medio de las maras, las peligrosas pandillas juveniles. Los mareros se encargan de la venta de droga a pequeña escala, controlan barrios y ejercen de sicarios.
La violencia se ha disparado. Según cifras oficiales, 5.885 personas fueron asesinadas en 2006. Un promedio de 19 al día, en un país de 12 millones de habitantes. La cifra más alta de América Latina. La paz está resultando más sangrienta que la guerra.
La porosidad de las fronteras facilita el trabajo a las redes mafiosas, que tienen rutas establecidas para el ingreso de droga, armas o indocumentados. "Con México hemos detectado 75 pasos ilegales. Con El Salvador, 29. Con Honduras, 35", asegura un alto funcionario de la autoridad aduanera. "La disminución del Ejército, exigida por los acuerdos de paz, y las deficiencias de los nuevos cuerpos de seguridad han dejado grandes corredores del país sin la presencia del Estado". Las mafias se han infiltrado fácilmente en las nuevas instituciones de seguridad quizás porque no las habían abandonado del todo. "El germen de lo que estamos cosechando está en la contrainsurgencia", dice Héctor Rosada. "Durante la guerra, esas estructuras actuaban de forma paralela, alimentándose de la corrupción y la impunidad. Con la llegada de la paz, se van metiendo en el crimen organizado".
El narcotráfico está tirando por la borda los esfuerzos por construir un nuevo país, sostenidos durante una década por la comunidad internacional. Entre 1996, fecha de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla, y 2005, España ha destinado más de 20 millones de euros a programas de seguridad y gobernabilidad en Guatemala. De los grifos de la Unión Europea, la ONU y Estados Unidos no han dejado de manar ayudas para el sistema judicial, los cuerpos de seguridad, la institucionalidad. Diez años después, un editorial de Prensa Libre, el diario más influyente, advierte: "Guatemala se está acercando peligrosamente a lo que se conoce como Estado fallido".
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