El Gobierno chino sella con policías la plaza de Tiananmen

El Gobierno chino está dispuesto a frenar, como sea, cualquier intento de conmemorar el 20 aniversario de las protestas de Tianamen. Las autoridades -en una muestra del nerviosismo que les provoca todo lo relacionado con la tragedia- han obligado a dejar Pekín a varios importantes disidentes, mientras a otros les ha prohibido salir de casa, y otros han sido interrogados por la policía o son seguidos constantemente. En paralelo, han clausurado blogs y endurecido los controles sobre Internet y las televisiones extranjeras, cuyas imágenes se han quedado en negro estos días cuando hablaban sobre lo acontecido en 1989.

Pekín ha desplegado en la plaza Tiananmen un dispositivo de seguridad nunca visto en los últimos años, ni siquiera durante la celebración del congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), que tiene lugar cada cinco años. Cientos de policías de uniforme y paisano vigilaban, como ocurre desde hace varios días, las entradas a la plaza. Furgones policiales y coches negros de los servicios secretos -algunos sin matrícula- están estacionados sobre las aceras. Arcos de seguridad y detectores de metal son utilizados en los accesos a la zona central. Las cámaras de vigilancia asoman en cada esquina.

Hoy hace 20 años que los soldados y tanques del Ejército Popular de Liberación aplastaron, disparando sobre civiles desarmados, las manifestaciones pacíficas que desde hacía seis semanas llevaban a cabo decenas de miles de personas. Los estudiantes, obreros e intelectuales, con el apoyo de gran parte de la población, pedían reformas políticas y se quejaban de la gran corrupción imperante y la situación económica. Cientos de personas -miles, según algunas fuentes- murieron en el avance del Ejército.

Bao Tong, ayudante de Zhao Ziyang (entonces secretario general del PCCh, que fue purgado por oponerse al uso de las armas y querer negociar con los estudiantes), fue forzado la semana pasada a irse a su provincia natal, Zhejiang, a más de 1.000 kilómetros. Qin Zhiyong, que sufrió la amputación de la pierna izquierda como consecuencia de las heridas sufridas durante la represión de las protestas, fue llevado a la fuerza en un coche policial fuera de Pekín. Wan Yai, un activista defensor de los derechos de los enfermos de sida, fue obligado a subirse a un tren y viajar con su familia a Changchun (capital de la provincia norteña de Jilin).

Ding Zilin, de 72 años, cuyo hijo murió de un disparo en la noche del 3 de junio, fue presionada para que saliera de Pekín, pero se negó y es seguida continuamente. Ding se ha convertido en una de las voces más activas de los familiares de los estudiantes fallecidos, que cada año por estas fechas exigen al Gobierno que pida perdón por la matanza y anule el veredicto oficial de que los manifestantes eran "contrarrevolucionarios". Alrededor de 30 personas continúan encarceladas por las protestas de Tiananmen.