Extradiciones con garantía

El Gobierno mexicano, que preside Felipe Calderón, ha dado luz verde a la extradición a Estados Unidos de 15 narcotraficantes y miembros de organizaciones criminales, después de obtener garantías de las autoridades estadounidenses de que en ningún caso serían condenados a la pena de muerte, según desvelaron fuentes de la fiscalía antidrogas de México. “Para llevar a cabo una extradición, antes deben darse estas garantías. De lo contrario, el Gobierno mexicano niega de entrada la procedencia de la entrega”, añadieron las mismas fuentes.

El Departamento de Justicia de EE UU informó de que los dos capos más importantes del grupo de los extraditados el pasado viernes serán procesados en los Estados de California y Tejas, donde está en vigor la pena de muerte. La aplicación de la máxima pena en numerosos Estados del país vecino había sido una de las razones esgrimidas por las autoridades mexicanas hasta ahora para negar las extradiciones.

La entrega de Osiel Cárdenas, líder del cartel del Golfo; Héctor El Güero Palma, líder del cartel de Sinaloa, y de Ismael Higuera, lugarteniente del cartel de Tijuana, entre otros narcotraficantes, ha sido descrita por el Gobierno mexicano como “un golpe contundente” a toda la cadena que interviene en el tráfico de drogas.

“Este golpe rompe las capacidades del liderazgo operativo, de los lazos internacionales en materia de trasiego y lavado de dinero, e implica una decisión muy clara y enérgica del Gobierno del presidente Calderón de combate frontal a la delincuencia organizada”, señalaron fuentes de la fiscalía.

Todos los extraditados estaban presos en distintos penales mexicanos, desde los que seguían manejando muchos hilos de las organizaciones criminales, gracias a su enorme capacidad de corrupción de funcionarios y agentes de seguridad.

Según las fuentes consultadas por este diario, la extradición a Estados Unidos es “un ya basta”. “Lo que más temen los grandes capos es el desarraigo de su gente. Un líder que pierde el control sobre su organización es desechable, es un fusible que se ha quemado”.

Decisión sin precedentes

Las autoridades judiciales estadounidenses, que se han apresurado a subrayar que la decisión de México “no tiene precedente en alcance e importancia”, difundieron las acusaciones que pesan contra algunos de los extraditados.

Osiel Cárdenas Guillén (cartel del Golfo), preso desde el 14 de marzo de 2003, había sido detenido en cinco ocasiones en México y Estados Unidos. Está acusado de reclutar a unos 40 desertores de las unidades especiales del Ejército que pasaron a formar parte de los Zetas, grupo al que se atribuye gran parte de la ola de violencia. Cárdenas consolidó su poder al forjar una alianza en la cárcel con Benjamín Arellano Félix, del cartel de Tijuana.

Héctor El Güero Palma (cartel de Sinaloa), capturado el 22 de junio de 1995 tras sufrir un accidente la avioneta en la que viajaba, está imputado en el Estado de California por distribuir grandes cantidades de cocaína.

Ismael Higuera, El Mayel, es, según el Departamento de Justicia de EE UU, el principal operador de los hermanos Arellano Félix (cartel de Tijuana). Fue detenido el 3 de mayo de 2000.

Miguel Ángel Arriola, del cartel de Sinaloa, está vinculado con la organización de los Carrillo Fuentes y tenía como cobertura de sus negocios ilícitos empresas ganaderas, inmobiliarias y una agencia de cambio. Las autoridades estadounidenses le acusan de introducir droga en Nueva York y Chicago.

La extradición de estos jefes de la droga ha reabierto el debate sobre la capacidad de las instituciones penitenciarias y judiciales de México en la lucha contra el narcotráfico, y sobre una supuesta cesión de soberanía al vecino del norte.

El portavoz del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, describió la entrega de los delincuentes como una muestra de debilidad, servilismo y subordinación del Gobierno de México ante Estados Unidos.

Nuevas extradiciones

Fuentes de la fiscalía rechazaron las acusaciones, al señalar que “la delincuencia organizada es un fenómeno supranacional” y que convenciones como la de Palermo tienen esa lógica. “Parte de la gran estrategia del combate a la delincuencia organizada se basa en las extradiciones y en la ocupación del espacio donde operan estos líderes criminales. El tratado de extradición está por encima de la legislación local. Se basa en un principio de cooperación internacional, con una estrategia muy definida”.

En los próximos días se esperan nuevas extradiciones, a juzgar por un informe reciente de la Procuradoría General de la República (fiscalía), que señala que al menos otros 20 integrantes de organizaciones de narcotraficantes pueden ser entregados a Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Calderón prometió ayer que habrá una “entrega total y sin descanso” a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y añadió que el Gobierno no cederá ni claudicará. El mandatario hizo estas declaraciones al inaugurar la 21ª reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública; durante el acto, además, reconoció que, más allá de las diferencias entre políticos y partidos o de los intereses particulares, “los mexicanos esperan resultados tangibles” en la lucha contra la violencia