El cónsul en Rabat viaja a El Aaiún para investigar si un español murió en la revuelta

El Ministerio de Exteriores español envía hoy a El Aaiún al cónsul en Rabat, Rafael Jover, para averiguar si uno de los muertos saharauis provocados por la represión marroquí -Babi Hamday Buyema, de 35 años- es español, según indican fuentes diplomáticas.

Su familia asegura que lo es y ha proporcionado incluso su número de DNI. El número facilitado, en efecto, pertenece a un español nacido en El Aaiún, según el Ministerio de Interior. El Consulado español ha solicitado al Ministerio del Interior marroquí que le comunique la identidad del fallecido, pero aún no ha obtenido respuesta. También tiene la intención de pedir un informe forense.

Los diplomáticos españoles, ni los de otras nacionalidades, acreditados en Marruecos no suelen viajar al Sáhara porque sus Gobiernos no reconocen la soberanía marroquí sobre esa antigua colonia española. El desplazamiento de Jover tiene carácter excepcional.

La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, calificó ayer de "muy graves" los hechos y pidió "una investigación urgente y una explicación por parte de las autoridades marroquíes".

Guerra de cifras

Rabat solo ha reconocido hasta ahora que había un muerto saharaui, que no es Buyema, en los enfrentamientos del lunes tras el desmantelamiento del campamento de protesta. El Frente Polisario sostiene, en cambio, que ya son 19 en lo que va de semana.

Buyema, casado y padre de dos hijos, trabajaba en la empresa de fosfatos Foss Boucraa. Regresaba el lunes en autobús a su casa cuando fue obligado a bajarse, según la versión del Polisario, y una vez en la calle fue arrojado al suelo y atropellado por furgones policiales. Otras fuentes saharauis indican que fue apaleado hasta la muerte.

Además de apresar a saharauis -Rabat ha anunciado 163 detenciones, pero el Polisario sostiene que se elevan a 2.000- la policía marroquí busca a media docena de activistas extranjeros.

"¿Dónde están los activistas extranjeros?", preguntaron a gritos el miércoles los policías que, provistos con metralletas, irrumpieron en la casa de Djimi el Ghalia, la mujer que preside la ASVDH, una de las asociaciones saharauis de defensa de los derechos humanos. "No tenían mandato", precisa.

Entre esos militantes extranjeros hay tres españoles, que se sumaron al campamento de protesta de Agdaym Izik desmantelado a la fuerza el lunes por los antidisturbios marroquíes.

"Estamos aquí, escondidos entre cuatro paredes, a la espera de que el temporal amaine", explica al teléfono con voz cansina Isabel Terraza, de 28 años, una activista española. Desde su escondite ella y Antonio Velázquez, un músico mexicano que apoya con entusiasmo el independentismo saharaui, envían comunicados en los que narran la "tremenda represión policial" que padece la capital del Sáhara.

A esos españoles de nacimiento se añaden saharauis que han adquirido esa nacionalidad porque nacieron en ese territorio, que fue colonia española hasta 1975. Una sentencia del Tribunal Supremo, de 1998, les permite recuperar la nacionalidad perdida.

De ese colectivo también emanan denuncias de malos tratos y detenciones arbitrarias. Mohamed Gachbar, un saharaui afincado en Salou (Tarragona), relata con todo lujo de detalles que Ahmed, de 38 años, uno de sus hermanos residente en El Aaiún, "está desaparecido" mientras que Brahim, de 30, "ha sufrido torturas a manos de las fuerzas marroquíes". "Ambos son españoles", insiste Gachbar sin poder demostrarlo.

Conversaciones en la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el martes una sesión extraordinaria sobre el Sáhara, según anunció ayer la Misión de Reino Unido ante Naciones Unidas.

El estadounidense Christoper Ross, enviado personal del secretario general de la ONU, Ban Ki moon, comparecerá ante el máximo órgano de Naciones Unidas para dar cuenta de la situación en El Aaiún y del resultado de las conversaciones mantenidas, en Nueva York, a principios de semana entre el Frente Polisario y Marruecos. El Consejo de Seguridad tenía previsto celebrar una reunión sobre este tema, pero México luchó a brazo partido para que se adelantara.