EE UU ve en el presidente de Panamá un peligro para la democracia

El estilo autoritario del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y su escaso apego "al imperio de la ley" amenazan, a medio plazo, la democracia de un país estratégico para EE UU porque el canal que lo atraviesa une los océanos Pacífico e Indico y abarata y acorta la navegación mundial. Las negativas conclusiones sobre Martinelli las exponen en cables enviados a Washington los funcionarios estadounidenses acreditados en la nación del istmo, gobernada por un empresario que alcanzó la presidencia en el año 2009 y apenas dos meses después de su investidura fue puesto en cuarentena por la Embajada, que propuso al Departamento de Estado un cierto distanciamiento para "dejar claro nuestro apoyo a las instituciones democráticas de Panamá en su conjunto".

La embajadora Barbara J. Stephenson, en cables enviados de septiembre a diciembre de 2009, percibe así a Martinelli: "Parece estar en permanente campaña electoral, abriendo constantemente nuevos frentes de batalla (...). Su fuerte personalidad, su falta de compromiso con el imperio de la ley, su exagerado presidencialismo y su popularidad pueden llegar a dañar las instituciones democráticas de Panamá". En sintonía con los recelos de la legación, uno de los analistas del diario La Estrella escribió el pasado día 10 que la personalidad de Martinelli es proclive a "la conflictividad social y el antagonismo político radicalizado" y "trastabilla con decisiones que pueden descarrilar al país por los laberintos de la ingobernabilidad". La Embajada recomienda que, sin debilitar la colaboración en los asuntos de mutuo interés, debe establecerse un calendario de encuentros con dirigentes de la oposición, respaldar los llamamientos al fortalecimiento de la independencia judicial y trabajar con la sociedad civil.

El comienzo de la Administración de Martinelli no convenció a EE UU al caracterizarse, según los despachos, por su fijación "en los intereses personales" y en la persecución de poderosos hombres de negocios, entre ellos varios norteamericanos, supuestamente favorecidos por concesiones estatales, contra líderes de la sociedad civil y contra políticos del exgobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). Este partido demandó, a principios de mes, al presidente por un presunto delito de extorsión, que definieron como chantaje a terceros para beneficio político propio.

La representación de Washington afirma que, para tratar de vencer a sus adversarios, Martinelli ha aprovechado el amplio abanico de poderes de la presidencia; también presionó a otras instituciones, como el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General y la prensa, definida en un cable como más aduladora que vigilante del Ejecutivo. Independientemente del autoritarismo del empresario devenido en presidente, los poderes de la presidencia de Panamá son muchos, entre ellos el uso político de la asignación de presupuestos, y permiten una determinante preponderancia sobre el resto de los poderes del Estado. "La excesiva concentración de poderes en manos de un solo hombre, junto con su intento de implicar a la Embajada en actividades ilegales (el espionaje telefónico de la oposición utilizando la infraestructura de la DEA) y los informes sobre su intimidación a autoridades judiciales son causa de preocupación respecto a la estabilidad de las instituciones democráticas de Panamá a medio plazo", señala la Embajada de EE UU.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, reconoció a la embajadora norteamericana que Martinelli "le ordenó" nombrar a Rafael Bárcenas presidente del Consejo de Administración del Canal de Panamá, construido por EE UU, inaugurado en 1914, y administrado por Panamá desde el 31 de diciembre de 1999. El día de su designación parlamentaria, el nuevo administrador "agradeció su nombramiento al presidente y no a la Asamblea o al propio Varela". Diputados de todos los partidos reconocieron a la Embajada que acciones de ese tipo humillan a la Cámara. La judicatura fue asimismo humillada a tenor del contenido de un despacho sobre las maniobras de Martinelli para forzar la entrada en el Tribunal Supremo de dos magistrados que la legación cita como sospechosos de no reunir la integridad necesaria para el cargo.

La polémica política siguió a la creación, por el presidente, de una comisión calificadora de las credenciales profesionales de los aspirantes, después de que la prensa denunciara los seculares vicios de corrupción y amiguismo. Un total de 80 jueces aspiraron al Supremo, y la comisión calificadora aceptó a 71, entre los que no se encontraba Alejandro Moncada, finalmente elegido. "A Martinelli simplemente le importa un bledo la opinión pública", señala el despacho. Los planes de Martinelli, de acuerdo con los informes diplomáticos, eran aplastar al PRD llevando a la justicia a sus principales dirigentes. "Para ello nombró a magistrados leales, que el PRD no podría comprar, pues los procesos de corrupción contra ellos acabarían llevándoles hasta el Supremo".