China quiere ejecutar menos

China ha dado un nuevo paso encaminado a reducir el número de penas de muerte y, quizás algún día, suprimirlas totalmente. La Asamblea Popular Nacional iniciará el mes que viene la revisión de la actual Ley Criminal, con objeto de disminuir la cifra de delitos que pueden conducir al castigo máximo, según informa la prensa local. Las informaciones no detallan cuántos ni qué crímenes continuarán siendo punibles con la pena capital.

Actualmente, son 68, la mayoría no violentos. Entre ellos figuran corrupción, contrabando, proxenetismo, fraude fiscal, falsificación de moneda y otros con definiciones tan vagas como "poner en peligro la seguridad nacional", "entregar secretos de Estado al extranjero" y "dividir la nación". Incluso matar un oso panda puede llevar al condenado a recibir una inyección letal o una bala en la nuca, los dos métodos utilizados habitualmente por Pekín.

Entre los delitos que conllevan pena capital se cuentan algunos con tan vagos como "poner en peligro la seguridad nacional", "entregar secretos de Estado al extranjero" y "dividir la nación".

China es el país que más personas ejecuta en el mundo, un triste título por el que ha recibido repetidas críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Aunque el número de ajusticiados se desconoce, ya que las autoridades lo consideran secreto de Estado, grupos como Amnistía Internacional (AI) estiman que son "varios miles"; la mayoría, según el Gobierno, por asesinato, asalto armado y tráfico de drogas, pero también por corrupción. El segundo país que más personas ejecutó el año pasado fue Irán: al menos 388, según AI.

Procesos irregulares

La organización con sede en Londres y otras aseguran que los juicios que conducen cada año al pasillo de la muerte a miles de presos en China están repletos de irregularidades, errores judiciales y confesiones extraídas mediante tortura. Además, no cuenta con una justicia independiente, ya que los magistrados están al servicio del Partido Comunista Chino.

Para intentar remediar en parte esta situación y mejorar su imagen en el exterior, Pekín impuso en enero de 2007 la obligatoriedad de que todas las sentencias a muerte sean ratificadas por el Tribunal Supremo, lo que, según algunos observadores políticos, ha reducido automáticamente el número de penas dictadas por los tribunales provinciales. La prensa china asegura, además, que, según las estadísticas judiciales, "alrededor del 10%" de las condenas revisadas por el alto tribunal son reducidas a suspensión de sentencia o cadena perpetua.

Liu Renwen, experto en Derecho en la Academia de Ciencias Sociales China, argumenta hoy en el diario oficial China Daily que, aunque de los 68 crímenes capitales, 44 son de naturaleza no violenta, "no es práctico abolir la ejecución para los 44, ya que [por ejemplo] la corrupción está muy extendida en China y tiene un grave impacto social".

Menos, pero ¿cuánto menos?

Según la actual Ley Criminal, los condenados por aceptar sobornos de 100.000 yuanes (11.400 euros) o más pueden ser ejecutados. Una situación que se considera obsoleta, ya que los investigadores afirman que hoy en día no se dicta la pena máxima por esta cantidad. Pekín está estudiando también prohibir el castigo capital a personas de 70 años o más. La alternativa, según algunos expertos, es, aparte de disminuir el número de delitos contemplados, incrementar la duración de las penas de cárcel, actualmente limitadas a 20 años.

Las autoridades chinas aseguran que quieren que el veredicto máximo se reduzca a crímenes que tengan "graves consecuencias sociales" y que, cuando se dicte, se haga "de forma justa". Han dicho que el objetivo último es su supresión algún día, en consonancia con la tendencia inexorable en todo el mundo. Pero insisten en que, de momento, la pena de muerte sigue siendo necesaria, dadas las condiciones del país. Entre tanto, han decidido ejecutar menos. Pero sin que nadie sepa cuánto menos.