Bruselas se abstiene de juzgar la memoria histórica del Este de Europa

La Comisión Europea ha rechazado una petición de seis países de la Europa Central y Oriental de sancionar la negación de los crímenes cometidos por el comunismo del mismo modo que en algunos países europeos es delito negar el Holocausto. El Ejecutivo comunitario reconoce que "mantener viva la memoria de los horrores del pasado" es un deber colectivo, pero remite la papeleta a los Gobiernos de la Unión, que deberían ser quienes por unanimidad decidan incluir aquellas atrocidades en la lista de los sancionables a escala comunitaria. La imposibilidad de alcanzar semejante consenso deja las cosas como están: cada país puede adoptar para sí mismo la legislación que considere.

Los ministros de Exteriores de Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa y Rumanía enviaron recientemente una carta a Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, en la que reclamaban una iniciativa legislativa para castigar la "aprobación pública, minusvaloración o negación de los crímenes totalitarios".

Búlgaros, húngaros, letones, lituanos, checos y rumanos firman la petición

La UE recomienda "mantener viva la memoria de los horrores"

La carta fue promovida por el jefe de la diplomacia lituana, Audronius Azubalis, quien, como muchos políticos de países antaño sometidos al dominio de la Unión Soviética, se lamenta de que los europeos estén perfectamente al tanto de las atrocidades cometidas por los nazis (Alemania, Austria, Francia y Hungría incluso han criminalizado la negación del Holocausto) e ignoren las perpetradas por los comunistas. La negación o condonación de tales delitos "debe ser sometida a los mismos estándares [que se aplican a los crímenes nazis] para evitar el resurgimiento de la ideología totalitaria", dicen los signatarios.

Karel Schwarzenberg, ministro checo perteneciente a una familia aristocrática acosada por el comunismo, mantiene que los crímenes de los totalitarismos son perfectamente equiparables, que Hitler y Stalin fueron asesinos de masas y que quienes colaboraron con ellos fueron cómplices.

La carta era la última manifestación de un activismo de base que se encarnó en abril del año pasado en una resolución del Parlamento Europeo, jurídicamente no vinculante, en la que se dice que "Europa no estará unida hasta que sea capaz de establecer una visión común sobre su historia, reconozca el nazismo y el estalinismo y los regímenes fascistas y comunistas como un legado común". Condenaban, además, sus euroseñorías "todos los crímenes contra la humanidad (...) perpetrados por todos los regímenes totalitarios y autoritarios" y pedían que el 23 de agosto se convirtiera en "Día Europeo conmemorativo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios".

Los propios Gobiernos de la Unión dieron a finales de 2008 dos años de plazo a la Comisión para que evaluara si hacía falta un instrumento jurídico específico para abordar la cuestión. Bruselas encargó entonces un estudio sobre cómo se trata en los Veintisiete la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa y ese trabajo de casi 500 páginas, dirigido por el politólogo español Carlos Closa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha servido ahora de base al informe de la Comisión que frustra las expectativas de los seis ministros.

Closa y sus colaboradores establecen con lujo de detalles que los distintos países emplean un amplio abanico de métodos e instrumentos para tratar con la memoria de los totalitarismos; que cada Estado ha adoptado su propia combinación de legislación y políticas para abordar la cuestión, y que el negacionismo sobre uno u otro extremo suscita diferente respuestas: once países no tienen legislación sobre el particular y solo dos (República Checa y Polonia) consideran delito negar los crímenes del comunismo.

Recuerda la Comisión que el artículo 83 del Tratado de Lisboa fija claramente las infracciones penales y sanciones en ámbitos delictivos que pueden ser objeto de directivas (terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico de armas y drogas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de moneda, delincuencia informática y organizada) y hace notar que "la condonación, negación o flagrante trivialización públicas del genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra infligidos a grupos de personas identificados por su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico no entra en esas áreas".

El Ejecutivo comunitario pasa la pelota a los Gobiernos de los Veintisiete: "La relación de áreas

[sobre la que se puede preparar una directiva] puede ser ampliada por unanimidad por el Consejo, previo consentimiento del Parlamento Europeo en función de la evolución de los delitos". Y cierra el caso: "En estos momento las condiciones no se cumplen" para adoptar una iniciativa que satisfaga a los seis ministros.

Expuesta la argumentación jurídica, la Comisión concluye que "mantener viva la memoria de los horrores del pasado es nuestro deber colectivo como señal de tributo y respeto a todas las víctimas que han sufrido y perecido y como un modo de asegurarse de que no volverá a ocurrir".