Siete internos de ETA acceden a permisos regulares y aspiran a la prisión atenuada

Siete presos disidentes de la banda terrorista ETA que han condenado la violencia y que están recluidos en la prisión de Nanclares de Oca (Álava) han logrado la concesión, por parte del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, de permisos regulares que les permiten salir de prisión hasta un máximo de 36 días al año. La medida se ha adoptado con el visto bueno del fiscal y de la junta de tratamiento de la cárcel, que se encarga de clasificar a los internos en los distintos grados penitenciarios.

Una vez logrados estos permisos, los presos, clasificados en segundo grado, aspiran a que se les aplique una medida prevista en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que faculta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, a conceder un régimen personalizado de cumplimiento. Pretenden acceder a la prisión atenuada para poder salir de la cárcel a diario (salvo el fin de semana) para trabajar o estudiar. Esta norma se ha aplicado ya a tres internos de la prisión de Nanclares de Oca (Álava). Dos de ellos son Andoni Muñoz de Vivar e Iñaki Rekarte. En estos casos, el buen comportamiento de los internos durante los permisos previos fue un elemento definitivo para la concesión de esta medida. Estos dos presos, junto a Jorge Uruñuela, fueron los primeros en conseguir los permisos las pasadas Navidades.

Los permisos son de seis días que se distribuyen en meses alternos

Los reclusos aspiran ahora a salir a diario para trabajar o estudiar

Las salidas de las que son ya beneficiarios los siete presos las concede el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, previa solicitud del preso y a propuesta de la junta de tratamiento de la prisión de Nanclares. En todos los casos, el magistrado ha autorizado la medida con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Todos los internos tienen un pronóstico favorable de reinserción, han condenado la violencia y han empezado -o se han comprometido- a hacer frente a las indemnizaciones que tienen que pagar a las víctimas.

Los permisos regulares, que inicialmente eran muy cortos, han ido creciendo paulatinamente, siempre dentro de los límites que establece la ley. Los primeros en concederse tenían una duración de solo tres o cuatro días que los presos disfrutaban cada dos meses. Con el tiempo se han ido alargando hasta el momento actual, en el que los siete internos gozan de 36 días al año fuera de la cárcel. Pueden salir seis días seguidos en meses alternos con el único requisito de presentarse a diario en alguna dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre los internos que han gozado de estas salidas se encuentran algunos históricos con amplio historial delictivo pero que han roto desde hace tiempo con la organización terrorista, como Kepa Pikabea, implicado en una decena de atentados y con varias condenas por asesinato. También está entre ellos José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, el antiguo jefe político de ETA -el ideólogo de la organización- condenado, entre otros delitos, por la inducción del asesinato del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta en 1992 y por ordenar desde su puesto de dirigente de la organización el cobro del impuesto revolucionario. Txelis ha pedido ya la concesión de la medida del 100.2.

Tanto Txelis como Pikabea fueron expulsados del colectivo de presos de ETA en febrero de 2008 -el primero había sido expulsado de la banda 10 años antes- por no someterse a las directrices de esta asociación y reunirse con Txema Urkijo, asesor de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco.

El resto de presos con permisos son Andoni Alza Hernández, José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, Luis María Lizarralde, Fernando de Luis Astarloa y Jorge Uruñuela. Alza, Pikabea y Astarloa firmaron -junto a Joseba Urrusolo Sistiaga, Carmen Gisasola y Rafael Caride- una carta el pasado mayo dirigida al colectivo de presos de ETA en la que se planteaba por primera vez el "reconocimiento" y la "reparación" de los daños causados por ETA a las víctimas y animaban a sus ex compañeros a romper con la disciplina del colectivo de presos y acogerse a beneficios penitenciarios "para participar en los debates a favor de un cambio de ciclo".

En enero, Fernando de Luis Astarloa, Luis María Lizarralde, Andoni Alza y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares -junto a José Antonio Hernández Velasco y Josu García Corporales- anunciaron a través de una carta su "desvinculación por voluntad propia" de la banda terrorista. Aseguraban que habían abandonado ETA y que en ningún caso habían sido expulsados.

Los beneficiarios de los permisos se encuentran en segundo grado -el régimen ordinario-. El Código Penal recoge unas condiciones muy estrictas para que se puedan conceder tanto el tercer grado como la libertad condicional a los presos por terrorismo. Instituciones Penitenciarias endureció además las condiciones en que este tipo de reclusos pueden redimir condena.

Para ambas medidas debe haber un pronóstico favorable de reinserción. El penado debe mostrar "signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas"; tiene que haber colaborado con las autoridades "para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada", "atenuar los efectos de su delito" o ayudar, en los casos en los que sea posible, a "la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado".

Todo ello podrá acreditarse según el Código, "mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean".