La fiscalía pedirá el archivo de la querella del PP contra Luna

La fiscalía solicitará al juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que archive la causa abierta contra el diputado autonómico y portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por una querella del PP por supuesto delito de cohecho. Lo hará en breve y en el momento procesal en el que tiene oportunidad de pronunciarse porque considera que los hechos de los que es acusado Luna, de haber sido ciertos, estarían prescritos.

El PP presentó una querella contra el portavoz socialista porque, en su opinión, favoreció con contratos a las empresas de Enrique Ortiz (implicado en los casos Brugal y Gürtel) mientras fue alcalde de Alicante, entre 1991 y 1995. A cambio de ello, según el PP, Enrique Ortiz habría pagado una reforma en casa de Luna por valor de 3.600 euros en 1997 y le habría comprado un coche en 2002. El cohecho prescribe a los tres años. Por tanto, teniendo en cuenta que el último hecho que consideran delictivo fue en 2002, cualquier posibilidad de perseguirlo judicialmente habría finalizado en 2005.

El ministerio público defiende que no hay nada que investigar

El PP demandó que declare el empresario del supuesto cohecho

El juez instructor de la causa, Juan Climent, comunicó a la fiscalía la fecha de la declaración de Luna, que se produjo el pasado lunes por la tarde. El ministerio público no tuvo conocimiento de los hechos que se imputaban al portavoz socialista hasta esa sesión. Es, después de ese trámite, cuando conociendo la causa puede participar qué se hace con ella. El fiscal tiene legalmente, entre otras obligaciones, las "de manera especial, impulsar y simplificar su tramitación [del procedimiento] sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo". Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, recoge que el ministerio público debe "instar al juez la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal". Y la fiscalía entiende que la primera circunstancia objetiva que se da en este caso es la de la prescripción de los hechos denunciados por el PP, concretamente por el consejero Rafael Blasco.

La fiscalía considera que no corresponde siquiera entrar a valorar qué se desprende de la declaración que Luna realizó el pasado lunes. En ella, el portavoz socialista dijo que las obras se realizaron en una casa propiedad de su mujer (entonces aún no lo era) y que las pagó ella "con independencia de quién realizara los pagos materialmente". Además, aportó una factura en la que Enrique Ortiz le vende por casi 6.000 euros el vehículo de alta gama que el PP asegura que le fue regalado.

El ministerio público entiende que no corresponde poner en contradicción esas manifestaciones porque los hechos están prescritos. El ministerio público, por tanto, se opone a que preste declaración Enrique Ortiz, como solicitó el PP.

Luna tiene otra causa pendiente en el TSJCV por otra denuncia de los populares valencianos, que le acusan de un delito de revelación de secretos por exhibir en la cámara autónoma un informe del caso Gürtel que estaba bajo secreto. El juez encargado del caso, Juan Montero, ha imputado a Luna y ha solicitado que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la unidad que realizó la investigación envíen copias de sus originales.