El 'exilio etarra' en México se rebela contra la dirección de la banda

A la dirección de ETA le está saliendo cara la ruptura de la última tregua en junio de 2007. A la cadena de detenciones de sus integrantes, con la desarticulación policial de los principales comandos operativos de que la banda disponía al romper la tregua hace un año, tiene que sumar la discrepancia creciente de su entorno sobre la estrategia de regreso al terrorismo impuesta por la dirección.

Al malestar ya conocido en las filas de la izquierda abertzale y en las cárceles se suma ahora el del denominado Colectivo de Refugiados Vascos de México (Euskal Iheslari Politikoen Kolekti Boaren), que está protagonizando una rebelión en toda regla.

Llama a "dejar la lucha armada" porque "la rechaza la sociedad vasca"

"Estamos oprimidos por la organización y no tenemos derecho a opinar"

En una declaración escrita, miembros de este colectivo se pronuncian a favor de "una estrategia política que respete totalmente los derechos humanos, situándonos en parámetros puramente políticos y dejando a un lado la lucha armada, que, además del sufrimiento que causa, cada día que pasa es más rechazada por la ciudadanía vasca".

Los colectivos de refugiados vascos están integrados por antiguos miembros de ETA que huyeron al extranjero, en diversas etapas, ante la intervención de las Fuerzas de Seguridad en España. El colectivo de México, junto con los de Venezuela y Uruguay, figura entre los de mayor influencia y tradición en el nacionalismo radical. El colectivo está especialmente arraigado en México DF y en los estados de Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí.

Muchos de estos refugiados fueron enviados por ETA a Iberoamérica en la década de los ochenta, con la esperanza de regresar algún día al País Vasco. La ruptura de las sucesivas treguas ha ido truncado estas esperanzas. El grupo más crítico del colectivo con la dirección de ETA procede de los ex activistas que llevan asentados unas dos décadas en México y desarrollan una vida normalizada, con una actividad laboral estable.

Existe otro grupo, que reside en situación ilegal, pero que busca la normalización, y un tercero, de número indeterminado, que depende directamente de ETA y está en la absoluta clandestinidad, a la espera de regresar a Francia. Este último grupo sufre un fuerte acoso policial desde que a mediados de los noventa el Gobierno mexicano intensificó la cooperación con el Ejecutivo español.

La declaración del Colectivo de Refugiados Vascos de México se solidariza expresamente con la carta que los ex dirigentes de ETA presos en la cárcel de Logroño, José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, y Kepa Pikabea, ex jefes del aparato político y militar respectivamente, dirigieron el pasado noviembre a la dirección de la banda, y que abrió el fuego de la disidencia pública frente a su deriva. En esa carta ambos ex dirigentes anunciaron su desvinculación de la organización terrorista.

El colectivo de México expresa su apoyo a los planteamientos básicos de la carta de los dos ex dirigentes: "Apoyamos su decisión de no estar de acuerdo con la nueva estrategia político-armada ya que no consideramos que una estrategia armada vaya a ofrecer una solución al conflicto político que vive Euskal Herria. Estamos de acuerdo en que como consecuencia de la estrategia armada se han originado muchas víctimas de todas las partes, constituyéndose en un problema para conseguir una mayor unidad entre los abertzales para remar a favor de la autodeterminación".

La carta de Txelis y Pikabea, pionera en la disidencia pública con la dirección de ETA tras la vuelta a las armas en junio del año pasado, denunciaba a la cúpula etarra por "no tener en cuenta la opinión de la mayoría de presos al romper la última tregua". Consideraba que "la lucha armada es inútil y un obstáculo para la unidad abertzale" y aseguraba que "la mayoría de los ciudadanos vascos, y también dentro de la izquierda abertzale, rechaza la lucha armada".

En la misma línea que el colectivo de México, la carta de Txelis y Pikabea avanzaba que "en la última década se han producido cambios e, independientemente, de las responsabilidades y los errores cometidos por unos y otros", en alusión a los procesos fallidos de Lizarra y Loiola, "lo que se está cuestionando dentro de la política abertzale es la idoneidad y legitimidad de la lucha armada".

La nueva carta actualiza la reflexión de Txelis y Pikabea incorporando una denuncia de la respuesta de la dirección de ETA a los ex dirigentes críticos y una inédita condena del asesinato del edil socialista Isaías Carrasco el pasado siete de marzo en Mondragón: "Consideramos que estamos oprimidos por el Estado y la propia organización. Cualquier iniciativa que pueda ser beneficiosa para Euskal Herria y sus ciudadanos es rechazada, poniendo como excusa la persistencia de la lucha armada. En este sentido, la reciente ekintza (acción) contra un trabajador vasco en Arrasate (Mondragón) no se considera el camino apropiado para resolver el conflicto, lo que hace que los Estados rentabilicen política y socialmente el conflicto armado".

El colectivo no se queda en la denuncia de la estrategia político-militar de ETA. También ataca a la dirección de la banda por las limitaciones que impone a los movimientos del propio colectivo de refugiados y lo hace en términos muy duros.

La carta se refiere a su situación en estos términos: "A la dureza de vivir en el exilio se suman las condiciones que tenemos que aceptar los militantes del colectivo al tener limitados nuestros movimientos y no tener permitida la vuelta a Euskal Herria si no es para reintegrarnos de nuevo en alguna estructura de la organización armada. Muchos de nosotros llevamos ya más de 20 años viendo la crudeza del conflicto y no tenemos derecho a expresar nuestra humilde opinión. Nos preguntamos si hay que ser monolítico a la hora de pensar o actuar. En los últimos años ha quedado patente que nuestras reclamaciones no se han tenido en cuenta, entre otras cosas, debido a que no existen suficientes cauces para hacerlas llegar a nuestros compañeros".

La causa de este patente malestar es la frustración que produce a una parte importante de los exiliados llevar más de dos décadas alejados de sus familias a pesar de que las causas judiciales contra ellos han prescrito, lo que les permitiría regresar a España. Es la propia dirección de ETA la que les impide el retorno, según los expertos.

Otra causa del malestar, también reflejada en la carta, es que ETA les haya dejado al margen a la hora de tomar la decisión final de romper la tregua. La banda ya hizo lo mismo en las dos treguas anteriores, que proclamó con los gobiernos de Felipe González y José María Aznar. Los firmantes se solidarizan con Txelis y Pikabea porque denuncian expresamente esta política de exclusión en la carta que publicaron a finales del año 2007 y que ha sido el ariete de la rebelión.