El diputado murciano del 'caso Totana' exigió tres millones por recalificaciones

Juan Morales, diputado del PP en la Asamblea de Murcia, exigió al empresario de Vigo (Pontevedra) Manuel Núñez tres millones de euros a cambio de usar su influencia para facilitarle la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados de terrenos en Totana (Murcia). La intención de Núñez, también implicado en la trama de corrupción urbanística de Totana, era levantar 5.000 viviendas sobre una parcela catalogada como rústica. El pacto entre Morales y Núñez figura en conversaciones telefónicas que constan en el sumario —que sigue secreto— del caso Totana, localidad de 28.000 habitantes.

El juzgado que investiga la trama de corrupción no tiene constancia fehaciente de si se ha producido alguna entrega adelantada del dinero. No obstante, fuentes jurídicas no lo descartan, dado que el pacto incluía la entrega de un primer millón justo al cerrarse el acuerdo entre ambos. El terreno en el que Núñez pretendía construir más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa, sigue siendo aún rústico, aunque los trámites para su recalificación habían sido activados antes de estallar el escándalo. La idea era duplicar la población de Totana.

El ex regidor enviaba cantidades periódicas de dinero a su novia en Brasil

Núñez Arias, propietario del Grupo Nuaria, es uno de los detenidos e imputados en la trama de Totana. El diputado regional Juan Morales no ha sido detenido dada su condición de aforado. Es previsible que en los próximos días, la juez de Totana que investiga este asunto se inhiba en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El PP en la Asamblea de Murcia, al que pertenece Morales, decidió ayer expulsarle del grupo parlamentario. Además, le pide que renuncie al acta de diputado "por su presunta implicación en irregularidades urbanísticas cometidas durante su gestión como alcalde de Totana". Así se indica en la nota que hizo pública Juan Carlos Ruiz, portavoz del PP en la Cámara murciana, informa Tono Calleja. El pasado día 3, el PP de Murcia aceptó la petición de baja cautelar de militancia de Morales.

Morales fue alcalde de Totana entre los años 1995 y 1999. Un pacto entre PSOE e Izquierda Unida le desalojó de la alcaldía. Pero en 2003 volvió a ganar las elecciones, esta vez con mayoría absoluta. Tras cuatro años de gobierno, alegó que se encontraba cansado y dejó paso al que era su delfín político, José Martínez Andreo, actual alcalde. Éste se halla en prisión preventiva por su implicación en la trama urbanística destapada por un grupo de élite de la Guardia Civil, la llamada Unidad Central Operativa, la UCO. Al poco de dejar la alcaldía, Morales fue elegido diputado regional del PP.

En un cuarto habilitado en el despacho profesional de la ex esposa de Morales, la Guardia Civil intervino abundante documentación perteneciente al Ayuntamiento de Totana sobre asuntos urbanísticos. La evasión de capitales que, entre otros delitos, se le atribuye obedece a los numerosos envíos de dinero —cantidades periódicas de 3.000 euros— que ha remitido Morales en los últimos años a su novia cuando ésta estaba en Brasil. En la casa que posee esta mujer en Totana, los investigadores hallaron más de 50.000 euros. La mujer comentó que el dinero pertenecía a Morales.

Por otro lado, este diputado del PP mintió supuestamente al juez de Totana que investigaba la extraña adjudicación municipal, a dedo, de las obras del colegio San José. Esta adjudicación, junto con otro cúmulo de irregularidades y favoritismos urbanísticos, es la que ha llevado a la cárcel al actual alcalde, José Martínez.

Martínez falsificó un documento oficial para hacerle creer al juez que la adjudicación de las obras del colegio no había sido a dedo, sino fruto de un convenio urbanístico. En las diligencias consta una conversación entre Morales y Martínez en la que el primero señala al segundo respecto a estas obras: "¡Menos mal que he dicho que ese convenio urbanístico estaba por ahí, porque si no, se os cae el pelo a todos!".