"Yo dejaría la ley del matrimonio homosexual si la avalase el tribunal"

El alcalde de Madrid y candidato a ministro de Mariano Rajoy acepta una entrevista con EL PAÍS para hablar de España a 200 kilómetros por hora. Subido a un tren de alta velocidad que arranca de Atocha a las nueve de la mañana, inicia una de sus jornadas catalanas para hacer campaña por el PP en Tarragona. En Zaragoza, el vicepresidente Manuel Chaves se sube al mismo AVE camino de Barcelona y Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958) aplaza unos minutos sus respuestas para saludar a uno de los miembros del Gobierno que puede sacar al Ayuntamiento de Madrid del pozo financiero en el que anda metido, con unos impagos multimillonarios a las empresas que limpian y recogen la basura de la capital.

"Hará falta un nuevo contrato social, con derechos y deberes de cada sector"

"No está en el programa del PP disminuir las ayudas sociales"

"Valoro que Garzón extendiera la acción del Estado a toda la trama terrorista"

"González debe dar explicaciones detalladas sobre su decisión sobre ETA"

"No aceptaría trajes de nadie, cualquier traje me lo compraría yo"

"La Ley del Aborto suprime el derecho del concebido hasta las 14 semanas"

Pregunta. Cameron va a recortar 6.000 millones de euros de ayudas sociales en Reino Unido y otras muchas prestaciones. ¿Si Rajoy gobierna, debería hacer lo mismo en España?

Respuesta. No está en el programa del PP disminuir las ayudas sociales, al contrario. Las mismas voces que en 1996 decían que íbamos a acabar con la educación pública, la sanidad pública y los servicios sociales, tienen que reconocer que el resultado, ocho años después, fue que se incrementaron todas y cada una de las prestaciones sociales. El PP puede gestionar eficazmente el Estado de bienestar, entre otras cosas porque este no es ni mucho menos patrimonio de la izquierda. Probablemente hará falta un nuevo contrato social, en el que quede claro qué derechos y qué deberes adquiere cada sector de la población y a cambio de qué esfuerzo. Y el resultado de ese nuevo contrato tiene que ser justo, equilibrado. Porque de lo contrario no nos ayudará a salir de la crisis.

P. Usted, pese a la doctrina de su partido, subió los impuestos. ¿Por qué lo hizo?

R. Madrid está por debajo de la media de la presión fiscal de las grandes ciudades españolas. Podemos presumir de tener una presión fiscal un 21% inferior a la de Barcelona, o un 32% inferior a la de Sevilla. Le doy un dato, de cada 100 euros que paga un madrileño de sus impuestos, siete se los da al Ayuntamiento, 56 al Gobierno de España y 37 a la Comunidad.

P. ¿Entonces, subió los impuestos porque estaban bajos?

R. Hemos establecido una tasa nueva, que es la tasa de basuras. Y el IBI, que es el impuesto que se utiliza como referente, no ha subido como consecuencia de una decisión del Ayuntamiento de Madrid, sino como consecuencia de una actualización de los valores catastrales que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda.

P. Usted duplicó la deuda que recibió cuando llegó al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 1995, y ha triplicado la deuda que cogió en el Ayuntamiento en 2003. ¿Es usted un manirroto?

R. No. Al marcharme de la Comunidad de Madrid dejé una hacienda en equilibrio y saneada, como puede comprobar en el informe de la Cámara de Cuentas. Además, la deuda hay que medirla siempre en relación a los ingresos que se tienen. En estos momentos el porcentaje de los ingresos que necesitamos para mantener la deuda es el mismo que teníamos en 2003. Son 3,3 euros de cada 100, que es muy inferior del que le cuesta al Estado su deuda, que son casi 10 euros de cada 100. Si alguien cree que en el siglo XXI se puede mantener ese concepto antiguo de que los ayuntamientos son solo Administraciones prestadoras de servicios, se equivoca profundamente. Yo no he permanecido indiferente ante una ciudad que carecía de las infraestructuras para competir con aquellas ciudades globales europeas. En estos momentos el eje que forman Londres, París y Madrid es consecuencia de la extraordinaria inversión en infraestructuras que hemos hecho en la ciudad.

P. ¿Confía en que Zapatero acepte su plan para salvar sus apuros financieros?

R. Tengo confianza en que así sea. Es un plan muy razonable para tratar por igual a todas las Administraciones y dejar que los Ayuntamientos hagan lo que hace el Gobierno de España y deja hacer a las comunidades. Prohibir la refinanciación de la deuda en época de crisis beneficia a los bancos y perjudica a las pequeñas y medianas empresas, y a las grandes que son proveedoras de servicios. No entendemos por qué a los Ayuntamientos, que solo representan un 6,1% del peso de la deuda de las Administraciones públicas -un 76,4% corresponde al Estado y un 17,5% a las autonomías-, se les impide la refinanciación.

P. ¿Cree que Felipe González se ha situado, como dice su partido, en la x de los GAL con su confesión a EL PAÍS?

R. Creo que un asunto de la gravedad y la trascendencia al que Felipe González hace referencia en esa entrevista no puede despacharse en tres frases. Requiere una explicación completa y detallada de todas las circunstancias que rodearon esa decisión.

P. ¿Cree usted que Baltasar Garzón es un juez prevaricador que está al servicio del Gobierno y en contra del PP?

R. El juez Garzón está en estos momentos pendiente de una valoración por parte de la propia justicia por determinadas decisiones que ha tomado, y me parece que, en este caso, los políticos debemos abstenernos de interferir en esa decisión.

P. ¿Qué valora de Garzón?

R. Su lucha contra el terrorismo, su contribución a extender la acción del Estado no única y exclusivamente a los autores materiales de los atentados de ETA, sino a toda la trama sin la cual ETA tiene muy difícil subsistir. Y me parece que ese es uno de los grandes activos de los que una serie de magistrados, entre ellos de una forma muy destacada el juez Garzón, pueden estar legítimamente orgullosos.

P. ¿El PP está respondiendo bien en toda España ante la corrupción que le salpica?

R. El partido tiene que dar la respuesta política y jurídica en cada uno de los casos donde se produzca la más mínima sospecha de un caso de desviación de poder y de corrupción. Hemos tenido experiencias contradictorias. Hemos tenido algunos casos, como el canario, donde se produjeron condenas mediáticas y políticas a altos cargos del PP y cuando los jueces los analizaron decidieron que no eran susceptibles de reproche. Y eso lo debemos tener en cuenta. Tienen que ser los jueces los únicos que establezcan reproches sobre cualquier conducta.

P. ¿Hay en el PP una doble vara de medir para afrontar sus casos de corrupción?

R. No.

P. ¿Por qué en Valencia todos los imputados siguen en sus cargos mientras que en Madrid todos los imputados están fuera?

R. Es por el distinto juicio de valor que en uno y otro caso se ha hecho de la responsabilidad de unos y otros. En España hemos convertido la imputación en una condena previa, y eso en algunos supuestos, como el caso de Canarias que le he citado, se ha convertido en una injusticia.

P. ¿Aceptaría que un contratista le pagara sus trajes?

R. No. Es que es una situación que no se me alcanza. Pero es que creo que no aceptaría trajes de nadie. Cualquier traje me lo compraría yo.

P. Y si le cogieran aceptando trajes ¿Dimitiría?

R. Como ya le he dicho que no es un supuesto en el que yo me haya visto, tampoco me puedo imaginar ahí.

P. Usted casó a dos hombres de su partido, en cumplimiento de la Ley del Matrimonio Homosexual. ¿Considera que esa pareja que usted unió con palabras era un matrimonio?

R. Mientras la ley esté vigente y lo defina como matrimonio, es obvio que lo es. No podemos desde un criterio político establecer algo distinto a lo que es el criterio jurídico. Otra cosa es el debate sobre la denominación que debe tener esa unión, que es el único punto sobre el que el PP estableció una discrepancia. El PP no pretende disminuir ni uno solo de los derechos de las personas que quieran establecer esa unión, con todos y cada uno de los efectos sociales, económicos, familiares, que tiene el matrimonio.

P. ¿Comparte esa discrepancia sobre la denominación?

R. Mi punto de vista particular es que creo que tenemos que estar a lo que diga el Constitucional. Se ha planteado un recurso ante el tribunal y debe ser el tribunal el que establezca ese criterio. Y, desde ese punto de vista mío, es una opinión personal, yo estaría a lo que dijese el Constitucional. Si el Constitucional establece que es conforme a nuestra Constitución mantener la denominación del matrimonio, yo lo dejaría así. Pero ya le digo que le estoy contestando a título personal.

P. ¿La Ley del Aborto vigente es peor que la anterior?

R. La doctrina del Constitucional, establecida como consecuencia del primer recurso que se interpuso contra la primera ley, lo que dice es que el concebido y no nacido es un titular de derechos pero que no son absolutos, porque, al entrar en conflicto con otros derechos, fundamentalmente derechos de la madre, el Estado no puede establecer un reproche hacia aquellas que opten por uno u otro de esos derechos que entran en conflicto. El problema de la nueva ley es que en lugar de resolver conflictos entre derechos, suprime los derechos del concebido hasta que alcance 14 semanas desde su gestación. Y yo soy de los que creen que esa doctrina es contraria a la del Constitucional. Me parece muy razonable el que la hayamos recurrido.

P. ¿Hay que delatar a la policía a los inmigrantes que se empadronan sin tener permiso de residencia y trabajo en España?

R. La ley obliga a empadronar, pero no debe confundirse el empadronamiento con la posibilidad de convertir en legal una residencia que no lo es, de acuerdo con las leyes del Estado. A ninguna persona se le pueden negar los derechos básicos asistenciales, al margen de cuál sea su situación, no puede haber ni un hospital ni un centro que le pida un papel a una persona antes de atender la urgencia que tenga.

P. Le leeré una frase: "Cada vez es más frecuente que importantes sectores de la población inmigrante abusan del derecho a la sanidad pública y creo que son cuestiones que hay que regular". ¿Comparte esta reflexión?

R. Los datos estadísticos acreditan que el uso por parte de la población inmigrante de los servicios sanitarios no es superior al porcentaje que ellos representan dentro de la población.

P. ¿Por qué viaja tanto a Cataluña a apoyar a dirigentes del PP que dicen estas cosas que le acabo de leer y defienden la expulsión de inmigrantes?

R. No hagamos reduccionismo político. En determinados supuestos, algunas situaciones se pueden producir. No generalicemos.

P. ¿Puede gobernar el PP con CiU en Cataluña?

R. En estos momentos somos responsables de un Gobierno socialista en el País Vasco. Sí, lo veo posible. Si CiU es la opción política más votada y la encargada de formar un Gobierno, sería bueno para Cataluña y bueno para España que los programas máximos, muy inadecuados, que CiU ha presentado a esta campaña, fuesen moderados y ponderados por el criterio del PP. Si se produce un Gobierno de CiU, el que este estuviese en las pautas que hubiesen podido acordar con el PP sería positivo tanto para Cataluña como para España.

P. Usted fue el primer gestor público que abrió una narcosala en España para que los drogadictos consumiesen la droga en condiciones higiénicas aceptables, pese a la crítica que le hizo en su momento Aznar. ¿Defiende la postura de Felipe González o Mario Vargas Llosa a favor de la legalización del cultivo y consumo de la droga?

R. No. Y celebro que el resultado de la votación en California haya sido contrario a la misma. La legalización no es una solución, pues llevaría clarísimamente a un incremento del consumo. Si estamos hablando de legalización es posible que alguien piense que habría beneficio para las arcas del Estado, argumento que se utilizó en California; y es posible que alguien piense que habría beneficio para la tranquilidad de los ciudadanos porque disminuyesen algunos de los efectos perversos que el oscuro mundo de la droga provoca en cuanto a la violencia. Pero no creo que nadie sostenga que habría beneficios para los drogadictos. Mi prioridad en esta política tiene que ser la de los derechos de los drogadictos. Porque el drogadicto es la primera víctima porque es un enfermo. No se le debe negar nunca una sustancia sustitutiva a un adicto porque sería condenarle a una situación de marginación, pero esa prescripción jamás debe de estar fuera del control médico.