Suspensiones hasta por cuitas personales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido en los últimos años a más de una decena de jueces por motivos variopintos, desde hablar con la prensa hasta influir a favor de familiares o para evitar una multa de tráfico. Estos son los expedientes más importantes de los últimos 15 años que acarrearon suspensión de funciones del juez:

- 393 causas pendientes de sentencia. Al magistrado Isamel Kiran Ordaz, titular de un juzgado de primera instancia en Madrid, le suspendieron un año en sus funciones por "retraso injustificado y reiterado". La inspección descubrió en su juzgado 393 procedimientos civiles terminados, algunos hacía más de dos años, y pendientes de que el juez dictara sentencia.

Una decena de jueces han sido sancionados por diversos motivos

La prevaricación de Gómez de Liaño, uno de los casos más graves

- Revelación de secretos en la prensa. En octubre de 1996, el Poder Judicial suspendió un año al juez Miguel Moreiras por revelación de secretos en una entrevista al diario ABC sobre la causa que instruía contra el ex banquero Mario Conde.

- Prevaricación. El juez Javier Gómez de Liaño fue suspendido de funciones por 17 votos a favor y cuatro abstenciones tras ser procesado por tres delitos de prevaricación en relación con decisiones adoptadas en la instrucción sobre Sogecable. Tuvo que abandonar la Audiencia Nacional.

- Retrasar permisos navideños de presos. El consejo suspendió cautelarmente al juez José Ramón Manzanares Codesal por retrasar la concesión de permisos navideños a reclusos. Sólo resolvió 95 de los 242 permisos solicitados por los presos.

- Descalificar a una magistrada. El juez Luis Blánquez fue suspendido de sus funciones como presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de San Sebastián por revelar hechos conocidos en el ejercicio de su función al criticar la actuación de una magistrada de su tribunal en una entrevista concedida a un periódico.

- Intereses económicos en la causa. El Consejo decidió suspender cautelarmente a la juez decana de Marbella Pilar Ramírez en relación con los intereses de su familia en causas judiciales en las que no se abstuvo.

- Cuitas particulares. Las magistrados Manuel Gutiérrez Luna y Luis Alfredo de Diego Díez fueron suspendidos durante cinco y tres meses por el enfrentamiento público que ambos protagonizaron a raíz de que Gutiérrez ordenara investigar si Díez estaba detrás de una formación política.

- Pasividad ante un delito de maltrato. El Consejo suspendió siete días al juez de instrucción José Emilio Coronado por su pasividad ante un detenido por malos tratos. El Poder judicial entendió que el juez se abstuvo de actuar y de comprobar si la situación revestía gravedad.

- Suspendido un tribunal entero por excarcelar a un narco. Tres magistrados de la Audiencia Nacional fueron suspendidos de funciones por excarcelar a un narco, Carlos Ruiz Santamaría, el Negro, tres semanas antes de que se celebrara el juicio oral basándose en un informe médico que aseguraba que el delincuente podía suicidarse por depresión. El Negro acabó fugándose y no compareció en el juicio. El Consejo suspendió a los tres magistrados por 13 votos a ocho.

- Favorecer al recluso Mario Conde. El Consejo aprobó la suspensión cautelar de funciones por seis meses de María del Prado Torrecilla, juez de vigilancia penitenciaria de Madrid, por haber presionado supuestamente al director de la cárcel de Alcalá-Meco y a otros dos jueces para conceder el régimen de semilibertad al ex banquero Mario Conde.

- Utilizar el cargo para no pagar una multa. El juez Carles Almeida, titular de un juzgado de primera instancia e instrucción de Cornellá, fue suspendido un año de funciones por abuso de su condición de juez al firmar un documento en el que se ordenaba al depósito municipal de vehículos de Barcelona que le devolviera libre de tasas el vehículo de su propiedad que le había retirado la grúa.

- Dejar 437 días en la cárcel a un absuelto. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió a la juez Adelina Entrena Carrillo, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada), por mantener en prisión a José C. P. durante 437 días a pesar de que había sido absuelto de un delito de robo. La sentencia le fue notificada el 30 de enero de 2006, pero el mandamiento de libertad no llegó a la prisión hasta la primavera de 2007, pese a que el acusado no tenía ninguna otra causa pendiente.