"He perdido todo, no tengo casa y me siento humillado"

Rodney tiene 62 años. Era conserje en Devon (Inglaterra). En 2005, los médicos le recomendaron a su esposa un clima cálido. Tenía una enfermedad grave. En un periódico, vieron un anuncio de Zodiac Village. Eran unas casas preciosas, en la ladera de una colina, cerca de un río. Tendrían sol, piscina, seguridad, tren, y hasta un lago artificial. Se jubiló de conserje, vendió su casa y decidió que Montroi, a 30 kilómetros de Valencia, era un buen sitio para jubilarse. Le pagó a la inmobiliaria unos 150.000 euros. Cuando llegó, la casa ni siquiera se parecía a las fotos. La piscina no estaba. No había valla. Ni se adivinaba la urbanización y sus fantásticos servicios comunes. A las pocas semanas se quedó sin luz. No tenía agua. Tuvieron que comprar un generador y agua a un pozo del pueblo. "No me podía explicar nada. No hablo español. Para mí todo fue un desastre. ¿A quién acudir? Al principio creí que era cuestión de tiempo. Murió mi mujer, hace dos años. Y ahora, que quería vender la casa, no existe. He perdido todo, me siento humillado. Confié", afirma. Rodney, padre de tres hijos biológicos y dos adoptivos, quería darse una nueva oportunidad. No puede. Su casa es en realidad una participación en una parcela indivisa en suelo rústico no urbanizable de uso común sobre la que pesa, además, un embargo. Es la historia de casi todos, alemanes, ingleses, escandinavos. Georges Alfred, un jubilado que fue ingeniero de proyectos, de mínimo castellano y en España desde 2001, descubrió la trampa hace pocas semanas, cuando intentó avalarse un préstamo personal Y se enteró de que su vivienda no está registrada. Su copia simple de la escritura es papel mojado. Ellos, Vicky, Richard, acudieron al ayuntamiento, con el ex alcalde detenido, el popular Francisco Javier Carrión, y con el actual. "Nadie nos ha hecho caso, nadie ha movido nada. Y lo sabía, claro. Las casas se ven", afirman. El juez decretó ayer prisión provisional, eludible con fianza, para los siete detenidos por la construcción ilegal de 77 chalés (el ex alcalde, dos ingenieros y cuatro empresarios). Carrión salió en libertad tras pagar 8.500 euros.