Irak suspende en Derechos Humanos

El retroceso de los derechos de la mujer y de las minorías, o la precaria situación de los derechos humanos en general, han quedado relegados en Irak ante la violencia sectaria primero y las consideraciones electorales después. Los políticos se han centrado en la inseguridad y la ausencia de servicios básicos. Sin embargo, la Misión de Asistencia de la ONU en Irak (UNAMI) advierte en su último informe hecho público de que los avances en seguridad no serán sostenibles a menos que se reconstruya el Estado de derecho.

"A pesar del descenso de la violencia, sigue habiendo problemas estructurales que el Gobierno iraquí tiene que abordar", declara José María Aranaz, jefe adjunto de la Oficina de Derechos Humanos de UNAMI. A la ONU le preocupan "las condiciones de los presos, muchos de los cuales están detenidos sin cargos durante meses e incluso años, y las violaciones de las normas mínimas para un juicio justo, ya que muchos ni siquiera han tenido acceso a un abogado defensor". Su situación se agrava además por el hacinamiento en el que están internados los 44.000 presos que albergan las cárceles de todo el país, incluidas las de la región autónoma de Kurdistán. Esas circunstancias son un caldo de cultivo para los excesos.

"Irak ratificó el año pasado la Convención contra la Tortura, pero aún falta armonizar su contenido con el Código Penal", señala Aranaz. Con todo, lo peor es la impunidad. Los abusos de policías y soldados rara vez reciben el castigo que merecen, bien porque los mecanismos para su denuncia y persecución no están en pie, bien porque los jueces están desbordados y carecen de medios para investigarlos. El informe de UNAMI, referido al segundo semestre de 2008, cita el caso de Adnan Thaib al Jumaili, que murió en mayo de 2007 cuando se encontraba detenido. A pesar de que la investigación condujo a un teniente de los servicios secretos iraquíes sospechoso de otros casos de tortura, el juez le dejó en libertad bajo fianza.

Panorama preocupante

El panorama que dibuja el nuevo informe resulta preocupante. En la tierra que formuló el Código de Hammurabi, uno de los primeros compendios legales de la historia hace ya cuatro milenios, las leyes están desactualizadas y el sistema judicial colapsado.

En ese clima resulta muy difícil poner coto a los abusos machistas de una sociedad fuertemente patriarcal o a la discriminación contra las minorías. Sean cuales sean las declaraciones de sus líderes políticos y religiosos, los iraquíes no han interiorizado la igualdad de todos ante la ley. "La transformación del Estado laico en un Estado religioso ha supuesto un retroceso tanto para las mujeres como las minorías", reconoce un observador occidental desde el anonimato.

Prueba de ello, ha sido el brutal éxodo de cristianos o mandeos (una comunidad de la que apenas quedan 4.000 seguidores, después de que el 80% de ellos haya huido del país). En Basora y en Bagdad, barrios enteros han perdido a sus minorías. Los asesinatos y las intimidaciones obligaron a 12.000 cristianos a abandonar Mosul el pasado octubre. Y la limpieza prosigue. Tanto en la provincia de Nínive (de la que Mosul es capital) como en la de Tamim, cristianos, yazidíes, shebeks y turcomanos se encuentran atrapados en la pelea por el territorio entre árabes y kurdos. Éstos están intentando revertir el proceso de arabización llevado a cabo por Saddam.

"Nos llegan muchas quejas de miembros de esas minorías a las que se les condiciona el acceso a la educación o a la sanidad a que se declaren kurdos o árabes", manifiesta Aranaz. Este responsable confía en que la comisión independiente de derechos humanos que va a formarse este año se ocupe de investigar estas y otras alegaciones, al margen del Gobierno. "El mayor problema que tiene la ONU es de acceso. Acceso a las fuentes y para verificar e informar", se duele, poniendo de relieve los problemas de seguridad que aún plantea Irak.