La protesta del campo argentino entra en campaña electoral

Otra vez agricultores argentinos cortan las carreteras, como el año pasado. Otra vez los camioneros se enfrentan con ellos. Otra vez comienzan las alertas de desabastecimiento y subida de precios de carnes, frutas y verduras. Otra vez choca el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con buena parte del colectivo rural, ahora claramente arropado por la oposición. Pero en esta oportunidad pelean en un clima de campaña electoral, ya que los comicios legislativos probablemente se celebren dentro de tres meses.

Ayer se cumplió el tercero de los siete días de huelga de comercialización que han convocado cuatro entidades agrarias, que representan una diversidad de agricultores, desde latifundistas hasta dueños de terrenos considerados pequeños dentro de la inmensidad de la rica región pampeana. Trabajadores agropecuarios bloquean carreteras con sus maquinarias. Unos 70 piquetes se han montado en las carreteras de Argentina, una cifra bastante menor a la del conflicto que el año pasado afectó durante cuatro meses a la economía y la política de este país. Sin embargo, los cortes actuales también están alterando a la sociedad argentina.

Ayer cruzaron algunos puñetazos agricultores y camioneros que querían circular en libertad. A su vez, los agricultores han sumado este año en los cortes a los obreros de fábricas de maquinaria agrícola, paralizadas por la crisis mundial y la situación local. "Grupos minoritarios de transportistas están provocando y nos demonizan", dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina (que agrupa a pequeños y medianos agricultores), Eduardo Buzzi, que también denunció amenazas anónimas contra su hijo de cuatro años. "Existe mucha preocupación e impotencia porque la gente quiere trabajar y no se lo permiten", es la queja de Hugo Moyano, líder de la peronista Confederación General del Trabajo (CGT).

En marzo del pasado 2008 comenzó el conflicto porque el Gobierno subía el impuesto a la exportación de soja y sus derivados, que suponen casi un cuarto de las exportaciones de la tercera economía latinoamericana. Eran tiempos en que los precios de las materias primas batían marcas históricas y la batalla era por el reparto de la abundancia. Aquel enfrentamiento acabó cuando el vicepresidente de Argentina, el radical Julio Cobos, rompió su alianza con la peronista Fernández y votó en el Senado en contra del aumento. Esta vez, la contienda se desata por la pretensión del ruralismo de que el Gobierno argentino baje el tributo a la soja, dado el abaratamiento de las materias primas ante la crisis global y la sequía que afectó a diversas regiones de Suramérica. Fernández y los agricultores discuten ahora por la distribución de recursos decrecientes.

De nada sirvió que hace tres semanas el Gobierno y las cuatro entidades agrarias firmaran un acuerdo para mejorar la producción de leche, carnes y trigo. Las bases de dos de esas agrupaciones presionaron por una solución para el principal cultivo argentino, la soja. En medio del conflicto, los dos frentes de la oposición (uno, el del peronismo disidente y los conservadores; el otro, el de radicales, socialistas y la Coalición Cívica, que se ha quitado de encima su ala izquierda) tientan a dirigentes agrícolas a presentarse en sus listas en las elecciones que tendrán lugar hacia la mitad del mandato de Fernández, que quiere anticiparlas de octubre a junio por el impacto local de la crisis mundial. Buzzi, con un discurso progresista, aunque criticado por pequeños campesinos de izquierdas, y Mario Llambías y Alfredo de Angeli, más conservadores, son tres de las figuras del enfrentamiento del año pasado que ahora tal vez se postulen para diputados o senadores.

Los dirigentes del campo argentino decidieron el regreso a la huelga y los piquetes después de que el pasado jueves fracasara el intento de la oposición de debatir en el Congreso un proyecto de ley para reducir el impuesto a la soja. Unos 107 diputados se juntaron en el recinto, pero necesitaban sumar 129 para lograr el quórum e iniciar la sesión. La idea del ruralismo consiste en presionar a los diputados peronistas y radicales kirchneristas con manifestaciones en sus pueblos para que cambien de opinión y acepten discutir la iniciativa el 2 de abril. Fernández no se ha quedado quieta y el mismo jueves contraatacó con el anuncio de que el 30% de la recaudación del impuesto a la soja se entregará a las provincias y los municipios.

El conflicto está tan politizado que parece difícil que se resuelva antes de los comicios del 28 de junio (la fecha ya ha sido ratificada por los diputados y el jueves será definida por los senadores). De repetirse una tensión semejante a la del año pasado, a Argentina no le irá bien, sobre todo en un contexto global de crisis económica. La batalla está servida entre el Gobierno y la alianza del campo y la oposición.

El ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), jefe del partido peronista, ataca a ambos colectivos en sus discursos. Quizá busque convertirse en diputado. Algunos de sus seguidores plantean que los comicios serán como un plebiscito para el Gobierno de Fernández y amenazan con una renuncia de la presidenta en caso de derrota.

ALEJANDRO REBOSSIO

Buenos Aires

Piquetes de agricultores argentinos bloquean ayer carreteras en Gualeguaychú, al norte de la ciudad de Buenos Aires. / efe