El 'Sí' a la nueva Constitución ecuatoriana logra un 67,6% de los votos, según las encuestas

Las encuestas de empresas privadas elaboradas a partir de entrevstas a pie de urna otorgan al Sí un 67,6%de los votos del referéndum constitucional celebrado este domingo en Ecuador, con lo que se aprobaría la nueva Constitución impulsada por el Gobierno del presidente Rafael Correa.

Las proyecciones elaboradas por la empresa demoscópica Santiago Pérez apuntan a que el No cosechó un 23,8 por ciento de los sufragios, según el canal Telesur. Otra encuesta, la elaborada por Cdatos-Gallup, apunta a una victoria del Sí con un 69% de los votos, frente al 26% del No.

Estos sondeos fueron publicados en el extranjero. En este país es ilegal la publicación de estas encuestas debido a la legislación electoral, que impide dar a conocer encuestas desde el 8 de septiembre pasado hasta después de la jornada de votación. Los colegios electorales en Ecuador han cerrado a las 17.00 hora local (00.00 hora peninsular espñola) tras una jornada en la que más de 9,7 millones de ecuatorianos estaban convocados. La jornada electoral, que comenzó a las 07.00 (14.00

hora peninsular española), se realizó con normalidad, sin violencia ni incidentes mayores en todo el país, así como en el extranjero, según versiones diplomáticas.

"Refundar" Ecuador

La Constitución que ha votado Ecuador es el punto culminante de los dos primeros años de mandato del presidente Rafael Correa. Todo lo que ha hecho desde que asume el poder el 15 de enero de 2007 ha sido para dotarse de una nueva Carta Magna para, como ha dicho muchas veces, "refundar" Ecuador desde los cimientos. Correa ha impulsado una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si querían una nueva Constitución y la gente le dijo que sí, ha disuelto el Congreso electo en 2006 a favor de su Asamblea Constituyente y ha construido un recinto especial en Montecristi -lugar de nacimiento de Eloy Alfaro, el héroe nacional- para redactar el texto. "Si no se aprueba me voy", había advertido el presidente.

La nueva Carta Magna, la vigésima desde que se rompe la Gran Colombia en 1830, es el último de los proyectos de reforma constitucionales que en menos de un año han puesto en marcha los tres gobiernos considerados más de izquierda de Suramérica. El texto del presidente Hugo Chávez, el más radical, se estrelló en la consulta popular a finales de 2007. La Constitución del boliviano Evo Morales, de corte indigenista, ha provocado una fuerte división en el país. Fue aprobada por el Gobierno en un cuartel militar, de madrugada, y con la ausencia de la oposición. Los sangrientos enfrentamientos que se han producido desde entonces han impedido que pueda ser sometida a referéndum. Éste se ha aplazado una y otra vez. La última fecha prevista es el próximo 25 de enero.

"Visto desde lejos, pueden verse similitudes entre Venezuela, Bolivia y Ecuador... Pero de cerca, no tienen nada que ver", afirma Alberto Acosta, principal redactor y hasta hace tres meses presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana. Acosta era uno de los pilares del Gobierno de Correa e íntimo del presidente. Dimitió porque él quería más tiempo para "acabar mejor el texto" y Correa se negó. De paso por Madrid, cuenta que "las prisas bajaron la calidad del debate y se cometieron muchos errores".

"Podría haber hecho un ejercicio de fuerza con el presidente, pero el poder por el poder embrutece. Cuando dije esta frase todo el mundo pensó que la decía por Correa, pero era por mí (...) Me da miedo que la gente no se apropie de la Constitución y que la vea sólo como un instrumento de los políticos. Si es así, hemos fracasado", explica Acosta.

"Buen vivir"

Toda la nueva Constitución gira en torno al término Sumak Kawsay, traducida del quechua como "buen vivir". Para conseguir el bienestar, el texto encumbra la figura del Estado, del que parte la planificación del desarrollo económico y la protección social. Para afianzar aún más el papel regulador y estratégico del Gobierno, el presupuesto se elaborará con una previsión de cuatro años. Todos los sectores clave, como son el petróleo, la minería y las telecomunicaciones, quedarán bajo control estatal. El poder público también podrá expropiar y redistribuir la tierra cultivable en desuso. Incluso la facultad de endeudar al Estado queda en manos del presidente. En total, 64 artículos de los 444 están consagrados a dar un mayor peso al Estado en la actividad económica.

En Ecuador se ha alzado más de una voz en contra de este modelo, presumiendo que desembocará en la "estatización" de la economía. Los críticos temen que Correa imite a Chávez de absorber empresas, nacionales o extranjeras, en todos los sectores. "Esto no es así. No queremos un modelo estatista, pero sí planificado por el Gobierno, para que los recursos y las políticas se dirijan hacia donde son necesarias", explica Acosta.

"Queremos también que cada sector se dedique a lo suyo. El banquero debe dedicarse a la banca y nada más. Tendrá que vender todas las empresas que no son propias de su sector", añade. En Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador y la más rica, gobernada por la oposición, hay una fuerte oposición a esta planificación centralista de la economía. Correa ya ha advertido que no tolerará una rebelión de la región del Guayas como la que la provincia boliviana de Santa Cruz contra la Constitución del presidente Morales.

Socialmente avanzada

En el nuevo texto es socialmente uno de los más avanzados del continente. Amplía la cobertura de salud y de educación. Se prohíbe el trabajo a los menores de 15 años y se considerará obligatoria la asistencia a la escuela hasta completar los estudios secundarios. Reconoce el derecho a emigrar y garantiza los derechos de los trabajadores emigrantes y de sus familias en los países de destino, así como de los inmigrantes en Ecuador. Contempla además a la familia en sus "diversos tipos", es decir que, por ejemplo, todas las parejas de hecho, sin importar si son o no del mismo sexo, tendrán todos los derechos de la sociedad conyugal. Muchos de los detractores de Correa no cuestionan ninguno de estos contenidos de la Carta Magna, sino cómo se financiarán.

Aún cuando tenga las mejores intenciones, Correa sabe que para un país que crece a un ritmo de entre el 3 y 4% anual un gasto público disparado es una trampa. El presidente ha dado a entender que si los ingresos por impuestos ordinarios y la renta petrolera no son suficientes, dejará de pagar la deuda externa para cubrir los gastos. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que a Ecuador se le cierren las puertas del crédito internacional, que por cada dólar que pida tenga que pagar una barbaridad de intereses o que sólo pueda recurrir a Venezuela, que como bien saben otros países de la región, no regala el dinero, sino que lo presta a una tasa de interés nada desdeñable.

Muchos economistas ya han llamado la atención, dentro y fuera del país andino, de la escalada del déficit público por el aumento del gasto. En los primeros seis meses del Gobierno de Correa los desembolsos estatales -sin incluir los pagos de la deuda externa- alcanzaron los 2.312 millones de dólares, según el banco central ecuatoriano. En el mismo periodo de este año había trepado hasta los 5.630 millones, un 143% más. Los subsidios a diferentes sectores y planes sociales han pasado del 3,2% del PIB en 2003 a más del 12% este año. Casi el 40% del presupuesto se destina a los subsidios.

Reelección, punto polémico

Otro punto polémico de la Constitución es el de la reelección inmediata por otro mandato de cuatro años. Si el texto se aprueba en el referéndum se da casi por seguro que Correa convocará elecciones en el primer trimestre del año próximo y, en teoría, podría permanecer en el poder hasta 2017. "Yo no quería la reelección inmediata, para nadie, ni presidente ni alcaldes... Al menos logré que no fuera indefinida", relata Acosta. Existe la posibilidad de revocar legalmente el mandato presidencial, pero los requisitos para poner en marcha el proceso no son fáciles de cumplir, Para empezar, se requiere el 15% de las firmas del padrón electoral, casi 1,5 millones de rúbricas. Para cualquier otra autoridad (gobernadores, alcaldes) el porcentaje es menor, el 10% de las firmas.

Los indígenas, aproximadamente el 20% de los 14 millones de ecuatorianos, ven reflejado en el preámbulo de la nueva Constitución un Estado plurinacional. El artículo 257 permite a las comunidades indígenas "conformar circunscripciones territoriales (...) que ejerzan las competencias de un gobierno territorial autónomo". Para muchos juristas, la nueva Constitución puede lanzar a las comunidades indígenas a hacer reclamaciones de tierras y recursos naturales y a imponer el derecho indígena sobre el criollo. Todo ello, puede afectar las relaciones de las comunidades con el Estado -incluyendo las Fuerzas Armadas porque puede haber reclamaciones en zonas de frontera- y las empresas. Por el contrario, portavoces de la CONAIE, la organización que aglutina a la casi treintena de naciones indígenas ecuatorianas, ha insistido en que la plurinacionalidad no afecta al concepto de Estado unitario.