"Habrá pacto si hay consenso en el mérito, el esfuerzo y la autoridad"
Las comunidades autónomas tienen un papel crucial en el pacto educativo que negocia el Gobierno; de ellas depende la inmensa mayoría del gasto en enseñanza y la puesta en marcha real de cualquier política o medida. El documento de 104 medidas del Ministerio de Educación para empezar a concretar el pacto se presentó a las comunidades a finales de enero, y el siguiente texto se les presenta esta semana.
En ese contexto, Madrid se alza como un bastión del PP. Su ley de autoridad del profesor, pendiente de aprobación, inspira parte de la propuesta popular para el pacto. Madrid defiende y aplica la libertad de elección de centros a la que el PP no está dispuesto a renunciar. Lucía Figar (Madrid, 1975) lleva tres años al frente de la Consejería de Educación madrileña.
"Unificar la enseñanza hasta los 16 no es equidad, es igualitarismo"
"No veo mal dar incentivos a los centros si hay una financiación básica"
Pregunta. ¿Saldrá adelante el pacto?
Respuesta. El documento del ministerio es desalentador, muy continuista con el modelo educativo en vigor durante 25 años. No se advierten reformas en profundidad. Pediría al ministerio que fuera más ambicioso y reformista en próximos borradores.
P. ¿Qué partes son irrenunciables?
R. Le respondo al revés. No vamos a firmar un documento y a hacernos la foto para que no cambie nada. De alguna manera, se pide al PP que vote la LOE [Ley Orgánica de Educación] cuatro años después. Proponemos tres principios esenciales que se pueden articular de muchas maneras: mejorar la calidad de la educación con los principios del mérito, el esfuerzo y la autoridad del profesor; la libertad de elección de las familias y fortalecer enseñanzas comunes para lograr igualdad de oportunidades. Si hay consenso en eso, habrá fácilmente acuerdo.
P. ¿Podría quedar fuera la enseñanza del castellano?
R. Cuando se busca un pacto de Estado con mayúsculas, hay que resolver precisamente los temas polémicos, los que nos distancian. Mariano Rajoy ya ha anunciado que lo primero que hará si es presidente del Gobierno es reforzar la enseñanza en castellano en toda España. Dejar fuera un principio defendido por el PP en todo el país hace difícil el pacto. Otra cosa es buscar acuerdos parciales en asuntos en los que estamos menos distanciados. Fue la LOE la que estableció un mínimo de tres horas de castellano a la semana y luego la ley catalana de educación lo dejó en dos. Un Gobierno socialista de Cataluña hizo una normativa en contra de la ley nacional de su partido. El propio PSOE tampoco tiene clara en su seno esta cuestión.
P. ¿En qué materias puede haber acuerdos parciales?
R. Hay un aspecto en el que sí se puede advertir una voluntad de rectificación por parte del Gobierno: las reformas necesarias en el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Si la secundaria es una carretera, el punto negro está en 3º de la ESO. Ha habido un empeño histórico en unificar totalmente las enseñanzas hasta los 16. No hablo de la obligatoriedad, que defiendo, pero unificar las enseñanzas hasta los 16 años de manera uniforme y rígida en pos de una pretendida equidad, no es equidad, es igualitarismo, un pariente del fracaso escolar.
P. ¿Cómo resolver el fracaso?
R. Hay que trabajar desde primaria. Pero el verdadero punto negro es la secundaria. En muchos centros de secundaria e institutos no existe ni siquiera el clima propicio para dar las clases. ¿Cómo vamos a plantear mejorar la calidad y el rendimiento cuando muchos profesores gastan un tercio del tiempo de clase en mandar callar o la mitad en conseguir orden? Esto es lo que hemos querido arreglar con la ley de autoridad del profesor.
P. Madrid ha reducido este año un 6% el presupuesto en formación profesional, miles de alumnos han quedado en lista de espera. ¿Cómo se puede mejorar la FP bajando los presupuestos?
R. Los presupuestos de las comunidades y la mayor parte de las administraciones educativas han bajado por la crisis. Madrid ha hecho un esfuerzo por prestigiar la FP. Es cierto que antes de verano hubo alumnos que quedaron sin la primera opción, pero se corrigió en septiembre. Está bien poner más recursos para prestigiar la FP. Eso es competencia de las comunidades, pero se necesitan cambios normativos que esperamos que estén en el acuerdo.
P. La partida para FP ha bajado más que el presupuesto global de su consejería. ¿Eso no supone una falta de apuesta?
R. Una cosa son los medios y otra los objetivos que se persigan. Lo importante es si las titulaciones han perdido calidad y cuánta gente se ha quedado sin plaza. Hemos hecho un esfuerzo por mejorar titulaciones y abrir centros.
P. Los socialistas les acusan de intentar más privatización tras la libertad de enseñanza.
R. La privatización vale para todo. Vale para el Plan Bolonia, para la ley catalana de educación, para la gestión indirecta... Cuando nos acusan de privatizar en Madrid se refieren a la escuela concertada. Defendemos la libertad de elección y eso implica adecuar la oferta a las preferencias de las familias. En esta legislatura hemos abierto 160 centros públicos y 24 concertados. Es un porcentaje bastante equilibrado.
P. ¿Financiará los centros en función de los resultados?
R. No es algo en lo que trabaje la consejería actualmente, aunque sí una propuesta del PP en el pacto. No me parece mal que haya sistemas de incentivos, siempre que esté garantizada una financiación básica para que los centros funcionen. Hablo de incentivos para programas de convivencia o de mejora de calidad. Podrían darse en función de los resultados académicos o de un plan de objetivos consensuado entre los centros y la Administración.
P. ¿Educación para la Ciudadanía puede quedar fuera?
R. El PP ha dejado muy claros los temas que considera imprescindibles. Sobre esos principios se puede hablar de propuestas concretas. El PP renuncia a eliminar la asignatura, se pide que se transforme en filosofía en Bachillerato y un cambio de contenidos que evite riesgo de adoctrinamiento.
P. ¿Puede quedar fuera entonces?
R. Hay reformas imprescindibles y otras que no lo son.
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