La historia de Fannie

Fannie Mae y Freddie Mac, las dos empresas esponsorizadas por el Gobierno (GSE, en inglés), garantizan hipotecas por valor de cinco billones de dólares con un capital de apenas 80.000 millones. Con semejante apalancamiento, una variación mínima en las pérdidas estimadas es suficiente para liquidar todo el capital. A su vez, se han convertido en parte fundamental del entramado financiero de EE UU, ya que al prácticamente desaparecer la demanda privada de derivados hipotecarios en los últimos meses, han acaparado más del 70% de la actividad del mercado secundario. Son parte de la solución, pero también parte fundamental del problema.

Se trata de compañías privadas, pero el apellido GSE implica la exención de ciertos impuestos y requerimientos contables, y el acceso a una línea de crédito del Gobierno. Esa estructura privada, combinada con un mandato público, creó la sensación de que su deuda estaba garantizaba por el Gobierno. Las GSE pudieron acceder al mercado a tipos muy similares a los bonos del Tesoro. Elevaron su deuda sin cesar, comprando más hipotecas y generando grandes beneficios. Esa escalada generó una gran influencia política, que ha impedido varios intentos de control en los últimos años.

Ésta es la historia de algo que parecía un milagro, generaba beneficios -públicos en forma de mayor acceso al crédito y privados con los dividendos- y no costaba nada. Pero cuando el coste tiende a cero, la demanda tiende a infinito. Las GSE no sólo aumentaron el tamaño de su balance y su apalancamiento de forma desmesurada, sino que poco a poco se adentraron en terrenos más arriesgados, como las subprime. Tras años de impunidad, la fábula del emperador desnudo se cumplió: los mercados, de repente, se fijaron en su balance y las acciones se desplomaron, los spreads de su deuda subieron (y con ellos los tipos hipotecarios), y el Tesoro tuvo que comprometerse a inyectar capital si fuera necesario.

El Tesoro pensó que esa garantía sería suficiente. Sin embargo, los acreedores de las GSE -Gobiernos y fondos soberanos pero también bancos que elevan sus pérdidas a medida que aumentan los spreads de su deuda- presionaron para que el Tesoro inyectara capital y disipara todas las dudas. Ahora hay que asumir que cada dólar que se inyecte eleva el déficit y, además, el Gobierno tiene que decidir si mantenerlas como entidades públicas, privatizarlas tras sanearlas, o disolverlas.

La moraleja es que privatizar los beneficios y socializar las pérdidas genera incentivos perversos, que si van asociados al mercado inmobiliario se convierten en algo políticamente difícil de gestionar. Mejor ayudar a los ciudadanos directamente en caso de necesidad y dejar que el mercado decida libremente el coste del crédito.