Un accidente a punto de producirse

Desde hace tres años, la influencia de las agencias de calificación del crédito aumenta de manera directamente proporcional a su mala prensa, sin que las palabras de los gobernantes al respecto hayan ido más allá del desahogo. Ahora que todo el mundo está conteniendo la respiración a la espera de que uno de sus comunicados provoque un efecto dominó que, empezando previsiblemente en Grecia, provoque la quiebra de bancos y Estados nacionales, en un ataque de pánico incontenible ¿no ha llegado el momento de hacer algo?

A veces pequeños cambios producen grandes resultados: si a las agencias se les hubiera impedido hace seis años utilizar la misma nomenclatura para calificar deuda tradicional y productos tóxicos se hubiera mitigado la gravedad de la crisis.

Es verdad que las agencias tienen su razón de ser: abaratar los costes del análisis mediante la creación de un sistema homologado de calificaciones que puede utilizar cualquiera para invertir en deuda de sus antípodas sin más investigación. El problema es que se han terminado convirtiendo (probablemente contra su voluntad) en un Deus ex machina que no controla sus poderes y cuyas acciones terminan provocando, efectos deletéreos (buscados o no).

Mientras todo discurre por los cauces de la normalidad todo resulta, claro está, normal. Pero la situación actual ha dejado de ser normal hace mucho tiempo y esto, como toda situación extrema, exige la suspensión temporal de algunas reglas. Para empezar, el Banco Central Europeo debería dejar de utilizar la calificación de la deuda pública europea como criterio para aceptar o no papel para descontar. El no haberlo hecho antes está provocando que cada día tenga que cambiar sus propias reglas, lo que le lleva a una situación embarazosa que, por suerte, no le hace olvidar lo fundamental: que tiene que seguir salvando la estabilidad del sistema.

La otra medida para poner, muy parcialmente, coto a esta peligrosa deriva sería legislar de urgencia para suspender en Europa y por dos años el que las agencias puedan calificar la deuda pública (una medida que si fuera mundial sería mucho más útil). Lo que no les impediría seguir haciendo análisis sobre el estado de las finanzas de los Estados europeos, pero sin esa capacidad condenatoria taxativa de la que hoy gozan y que, cuando entra en acción, genera ondas de choque con efectos cada vez más letales. Esa legislación urgente tendría que liberar también a los inversores institucionales de los criterios que en sus estatutos les fuerzan a vender de forma automática la deuda que cae por debajo de una determinada calificación.

Se trata pues de un movimiento en dos frentes: legislar para que los Estados no sean objeto de calificación durante dos años y para que ni el BCE ni los inversores institucionales tengan que usar esa calificación como criterio de inversión.

No se trata de matar al mensajero, sino de modular el impacto de sus mensajes más bruscos o inesperados. La situación raya la emergencia global y en las emergencias se suspenden las reglas de juego: también bomberos, policías y ambulancias van por dirección prohibida. A veces.

Juan Ignacio Crespo es estadístico del Estado.