La piratería digital de libros supera ya a la fotocopia ilegal

La industria editorial española dejó de ingresar el año pasado 150 millones euros a causa de la piratería digital de libros. Las pérdidas causadas por la fotocopia ilegal, entre tanto, se movieron en torno a los 100 millones de euros. Son los datos que refleja el informe elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y que esta misma mañana adelantó Antonio María de Ávila, director de la federación. Lo hizo al final de una reunión que reunió en el Ministerio de Cultura a la titular de la cartera, Ángeles González-Sinde, con los presidentes de los gremios de editores de todas las lenguas oficiales del Estado.

"Recibí el informe esta misma mañana y ése es el dato más llamativo", explicó Ávila al tiempo que anunció que el documento final se hará público "antes del verano". Según el director de la FGEE la piratería digital afecta fundamentalmente al libro universitario, un "preocupante" hecho diferencial español que explica la "caída brutal" de las ventas del libro académico y que contribuye a que España esté en la cabeza de los países de la Unión Europea en cuanto a descargas ilegales de contenidos culturales. "Las pérdidas totales de la industria española suponen 1400 millones de euros", desglosó Ávila. "Entre los cinco países más grandes, el siguiente es Italia con 760, casi la mitad pero con 20 millones de habitantes más".

La reunión en el Ministerio de Cultura sirvió para certificar el "clima de entendimiento" entre la administración y los editores. Éstos, por boca de Pedro de Andrés, presidente de la FGEE, apoyaron sin fisuras la polémica disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, conocida popularmente como Ley Antidesgarcas.

Según la FGEE, los editores no están "contra la copia particular sino contra la que se hace con afán de lucro". Después de aclarar que no es competencia suya, los dirigentes de la federación explicaron que organismos como la Coalición de Contenidos Culturales y CEDRO han detectado alrededor de 200 webs dedicadas a la "piratería digital de libros".

Durante años, además, los editores han denunciado que la administración pública era uno de los ámbitos en los que más se vulneran los derechos de autor mediante copias ilegales. "Eso está en vía de solución", afirmó Antonio María Ávila.