La Generalitat reabre la eterna batalla del doblaje en catalán

Ayer no había una sola película de estreno doblada al catalán en los cines de Barcelona. Sólo podía verse en esta lengua un documental original en catalán de Carles Balagué y una película subtitulada de 1972 de Mankiewicz en la Filmoteca de Cataluña, que pasa los otros dos filmes de su programa en versión original subtitulada en castellano. Pero en 2011, si acaba aprobándose la polémica Ley del Cine de Cataluña, este panorama habrá cambiado, y mucho.

Las bases de esta ley presentadas ayer por el Gobierno catalán establecen la obligación para las distribuidoras de doblar al catalán por lo menos la mitad de copias de cada película en lengua extranjera. Lo mismo sucederá con la versión original subtitulada, que se potenciará especialmente con incentivos a la exhibición de este sistema. Uno de ellos podría ser incluso un pequeño impuesto que "penalizará" la opción del doblaje frente a la V.O. Las películas en catalán o en castellano, sea cual sea su nacionalidad, quedan exentas del texto legal que se prepara.

Los planes del Govern indignan a los distribuidores y los exhibidores

Cultura estudia crear un impuesto que penalice el doblaje

Aunque la ley tiene objetivos bastantes más amplios de promoción de la industria en Cataluña, el debate se centró ayer en la cuota de doblaje. Hace 10 años, las grandes distribuidoras estadounidenses ganaron por K.O. a la Generalitat presidida por Jordi Pujol cuando intentó establecerlas por decreto. Las majors amenazaron con no estrenar los éxitos de Hollywood en Cataluña y los tribunales negaron al decreto capacidad sancionadora, lo que lo dejó en agua de borrajas hasta el punto de que Convergència i Unió (CiU), que entonces gobernaba en Cataluña, se vio obligada a derogarlo. Las distribuidoras sólo accedieron a que la Generalitat les pagara el doblaje de algunas copias -un total de 46 en 2008- cuya exhibición tenía más o menos visibilidad, según la voluntad de las propias majors.

Ayer, el Departamento de Cultura, en manos del sector moderado de Esquerra Republicana (ERC), decidió volver a subir al ring para plantear un segundo asalto. "El pasado verano intentamos negociar con las majors y les presentamos un documento en el que pedíamos que se doblaran al catalán las películas con más de 50 copias distribuidas en Cataluña, asumiendo nosotros todos los gastos y aportando además otros incentivos de apoyo a la industria; nos dieron un no rotundo y sin alternativas", comentaba ayer Joan Manel Tresserras, consejero de Cultura, molesto por la falta de sensibilidad de las majors.

"Lo que no puede ser es que la lengua catalana se haya más o menos normalizado en teatro, libros o prensa y, en cambio, en cine la proporción sea de 96,5 % en castellano y 3,5% en catalán. Lo normal sería que hubiera, al menos, un 30% de oferta en catalán en el mercado, porque la sociedad es lo que demanda, y a ellos les podría resultar rentable. Pero está claro que en el cine no hay libertad de mercado. Se precisa una intervención legal a favor de esta libertad que permita que el consumidor pueda escoger".

La batalla entre la Generalitat y el sector cinematográfico se prevé dura, pero existe la posibilidad de que la ley prospere con los votos del Gobierno tripartito y de CiU, si bien las majors podrían volver a amenazar con no estrenar sus taquillazos.

"Las majors no votan en el Parlament", zanjaba ayer el secretario general de Cultura, Eduard Voltàs, quien explica que, además, en la nueva ley serán las distribuidoras las que tendrán que costear el doblaje al catalán y, seguramente, también deberán pagar una tasa si optan por el doblaje en lugar de por la versión original subtitulada. Es decir, si se cumplen los deseos de la Generalitat, a los distribuidores les resultará más caro estrenar en Cataluña que en otras comunidades. Y eso puede tener consecuencias graves.

"Los catalanes van a tener que ir a ver cine a Perpiñán o a Zaragoza", señalaba ayer el distribuidor independiente Enrique González Macho (Alta Films), que calificó de "salvajada total" estos planes. González Macho aseguró que esta medida acabará con el cine independiente en Cataluña y puso un ejemplo: "Si yo traigo a España la película brasileña Estómago y me obligan a doblar la mitad de las copias al catalán, no sale rentable. Si esto sale adelante, desaparecerá la distribución y la exhibición en Cataluña, la independiente y la de las majors".

Los exhibidores no están obligados a ninguna cuota, pero recibirán incentivos si optan por copias dobladas o subtituladas en catalán. Aún así, tampoco están de acuerdo con la medida. "El coste de un objetivo político como es fomentar el catalán no puede recaer en la cuenta de resultados de las empresas privadas de los exhibidores, más aún cuando es un sector que no recibe ningún tipo de ayuda de la Administración", señaló Pilar Sierra, secretaria general del Gremio de Empresas de Cine de Cataluña, que agrupa a la mayoría de las salas de la comunidad autónoma.

"Nosotros", añadió, "estamos dispuestos a colaborar, somos sensibles al tema, pero ni siquiera nos han enviado el documento base para su estudio", se lamentó Sierra, quien aseguró que si se quiere fomentar el catalán lo primero que tendría que hacer la Generalitat es "crear la necesidad de ver cine en catalán, pero no a costa nuestra".

Tampoco las empresas agrupadas en Fedicine -todas las majors y las más importantes distribuidoras independientes- habían recibido anoche ningún documento, aunque la medida no les ha pillado de sorpresa, según su presidente, Luis Hernández de Carlos, que la rechazó ayer con rotundidad alegando no sólo razones económicas, sino también la peligrosidad del precedente que esta ley puede sentar, "de efectos incalculables en el panorama español y europeo". "Todas las autonomías con lengua propia, como Galicia y el País Vasco, podrán plantear la misma medida en el futuro, y esto provocaría unas consecuencias desastrosas", añadió.