La Generalitat acusa de "desleal" a Cultura por el 'caso Centelles'

"Malestar" y "sorpresa" y, en voz baja, la asunción de que sólo la gestión política puede ya cambiar el sino de los casi 10.000 negativos del fotógrafo Agustí Centelles, que el Ministerio de Cultura ha adquirido a los herederos del fotógrafo por antonomasia de la Guerra Civil en Cataluña y que, en principio, destinará a engrosar los fondos del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Esos son los sentimientos que dominan en el Departamento de Cultura de la Generalitat, donde un portavoz calificó ayer de "desleal" la actitud de la Administración central: "No puede ser que ofrezcamos 500.000 euros y luego otra administración pública ponga 200.000 más, como si fuéramos dos casas de subastas privadas; estamos gestionando dinero público".

Las mismas fuentes aseguraron que hoy el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresseras, hablará con la ministra para intentar reconducir un tema que tiene una altísima carga simbólica para Cataluña: Centelles se llevó consigo al exilio una maleta con sus negativos para evitar que fuera a parar precisamente a Salamanca. Cuando la parte catalana de los papeles de Salamanca, tras años de arduas gestiones, vuelven lentamente, el archivo del Robert Capa catalán hace el camino inverso. "Parece la torna, una compensación para Salamanca", apunta un técnico de la Generalitat.

La verdad es que todas las partes arrastran culpas. Así, tras años de cierta indolencia de la Administración catalana por hacerse con ese fondo (de lo que ya se quejó en vida el fotoperiodista), hace cerca de un año se intensificaron las conversaciones. Los herederos, los hijos Sergi y Octavi, pasaron de casi donar el fondo, según la Generalitat, a exigir "mejoras sustanciales" de la última oferta por escrito que se les hizo llegar: 500.0000 euros, dos años de cesión de derechos (que los expertos evalúan en, mínimo, más de 100.000 euros al año) y, a partir de 2012, la cotitularidad; amén de exposiciones en el extranjero, un premio con su nombre y un catálogo definitivo...

Ya antes de que esta última oferta no obtuviera respuesta y ante la insinuación de los herederos de que tenían ofertas "japonesas, estadounidenses y de Salamanca", la Generalitat se curó en salud y el 15 de octubre inició un expediente de inclusión del archivo en el catálogo de patrimonio cultural de Cataluña. Un hecho del que, según la Generalitat, fueron informados tanto el ministerio como los herederos el 26 de octubre. En la práctica, implica unos requisitos técnicos (de accesibilidad y conservación) y la necesidad, por un lado, de avisar a la Generalitat si se efectúa una venta. Esto último no ha ocurrido. -"Ahí han dado un paso en falso", afirmaban ayer desde la Generalitat- y la posibilidad de tanteo y retracto. No hay mucho resquicio: al tratarse del Estado, no se cree que se pueda reclamar como sí sería factible ante otra comunidad autónoma. "Aquí Madrid nos ha fallado: hemos tenido ocasión, por ejemplo, de hacernos con el archivo de Juan Negrín y lo redirigimos hacia el ministerio", recordaban ayer. Mientras, la directora del centro de Salamanca, María José Turión, ya había visitado en mayo el fondo en Barcelona.

Según fuentes de la negociación, el ministerio decidió comprar el archivo el 23 de octubre, que se formalizó el pasado jueves. Seis días después de que el Gobierno central decidiera adquirir el material, el 29 de octubre, la Generalitat solicitó a los herederos su petición económica final. Sin embargo, el 4 de noviembre, recibieron una carta donde se les advertía que el 26 de octubre, es decir, tres días antes de aquella comunicación en la que les pedían una oferta económica, la Generalitat había incoado ya el expediente.