Competencia ataca el "monopolio" de la gestión de derechos de autor

Un informe hecho público ayer por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre el carácter "monopolístico" de la gestión de derechos de autor en España supone un varapalo en toda regla al sistema puesto en pie por sociedades como SGAE, AISGE, VEGAP o CEDRO. El informe supone, además, una llamada de atención al Gobierno para que cambie de arriba abajo la ley de Propiedad Intelectual que regula esta materia.

Las conclusiones del estudio sobre el actual sistema que permite a autores y artistas cobrar por la explotación de sus obras a través de sociedades de gestión no dejan lugar a dudas: el actual modelo es "monopolístico", opaco y poco eficiente en su funcionamiento; aplica tarifas "discriminatorias" y obstaculiza la labor de sus usuarios y, en particular, de los que realizan su actividad en Internet.

La CNC critica la opacidad de las tarifas que cobran las entidades

La SGAE es la mayor sociedad, con unos ingresos de 334 millones

El informe, no vinculante, llega además en el peor momento para las autoridades culturales, con la ministra Ángeles González-Sinde a la cabeza, que aún está apaciguando la revuelta digital por la polémica legislación contra las páginas webs de descargas no autorizadas que, desde otro plano, también pone en entredicho el actual sistema de derechos de autor.

El organismo encargado de vigilar la competencia recomienda, en primer lugar, que se liberalice este mercado, eliminando la obligación que tienen los autores de gestionar sus derechos de forma colectiva a través de las ocho sociedades de gestión que están autorizadas en España (SGAE, DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE, y AISGE). La SGAE es, con diferencia, la mayor entidad con unos ingresos de 334 millones de euros en 2008.

Para ello sería preciso anular el sistema de autorizaciones administrativas que deja en manos del Gobierno (Ministerio de Cultura) la decisión sobre qué sociedades pueden gestionar derechos y cuáles no, dejándolo en un simple registro que abriría la puerta a cualquier entidad.

En aras de esa liberalización, se pide también que se elimine la necesidad de que las sociedades de gestión sean entidades sin ánimo de lucro, permitiendo que adopten cualquier fórmula jurídica, como una sociedad anónima.

El informe, realizado por iniciativa propia, pide una "revisión integral" de la Ley de Propiedad Intelectual pero señala que mientras persista "la posición monopolística", al menos se adopten medidas paliativas como eliminar la exclusividad de los contratos de los autores con las entidades de gestión, de forma que un mismo titular pueda gestionar sus derechos con varias a la vez.

La CNC, dependiente del Ministerio de Economía, hace suyas las críticas sobre la falta de transparencia en las tarifas que aplican las gestoras, el repertorio que tutelan y la manera de distribuir los ingresos entre sus socios, y pide que se establezcan tarifas fijas reguladas a las que deberían ajustarse las entidades.

La CNC pone el dedo acusador en el sistema "monopolístico" de las sociedades de gestión que "reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas discriminatorias por la utilización de los repertorios y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios, tanto los que operan en mercados tradicionales como los que explotan obras y prestaciones en el entorno online".

El informe puede servir de guión para futuras denuncias contra las sociedades de gestión, pero siempre bajo el corsé que marca la Ley de Propiedad Intelectual. De ahí la insistencia de la CNC en pedir que se modifique la ley, y que se otorguen más competencias a la Comisión de Propiedad Intelectual.

Las sociedades de gestión tienen ya un historial de expedientes por vulnerar la libre competencia. En julio pasado, la CNC multó con 770.000 euros a la entidad Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) por cobrar a Telecinco unas tarifas generales "inequitativas y discriminatorias". En diciembre de 2008, y a instancias de Sogecable, la CNC penalizó a las entidades AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AIE con sendas multas de 815.000 y de 615.000 euros, respectivamente, por "posible abuso de su posición de dominio".