Álvarez dará cuenta en el Congreso del caos de Cercanías

Tras 18 averías graves en el servicio de Cercanías de Barcelona, y con peticiones de dimisión ya encima de la mesa, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, comparecerá en el Congreso en una fecha todavía por determinar para dar cuentas de la situación que atraviesa el servicio ferroviario en Cataluña. La comparecencia fue anunciada ayer, el mismo día en que Esquerra Republicana pidió al consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, que estudie la posibilidad de sancionar a Renfe por su situación de caos permanente.

El encargado de anunciar la comparecencia de la ministra fue el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, quien atajó así las peticiones de Esquerra e Iniciativa de convocar un pleno extraordinario en el Congreso para afrontar la crisis de Renfe en Cataluña. Cuando Álvarez se suba al estrado, se encontrará con que quienes fueron socios prioritarios del PSOE en el Congreso la esperarán con las espadas en alto. Esquerra Republicana ya ha pedido su dimisión y hoy lo reiterará en el Congreso. Los republicanos también pidieron ayer a la Generalitat que estudie qué posibilidades existen de sancionar a Renfe por su mal servicio.

Quien ya ha tomado cartas en el asunto es el síndic de Greuges, Rafael Ribó. Ayer explicó que sólo en 2006, antes del alud de averías del servicio de Cercanías, recibió hasta 200 quejas formales de usuarios indignados. Dijo Ribó que todas las denuncias coinciden en calificar de "deficiente" el servicio de la compañía ferroviaria.

Aunque 200 denuncias por un servicio que utilizan 400.000 personas al día pueden parecer pocas, Ribó calificó la cifra de "extraordinaria", sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los ciudadanos no conoce los mecanismos para quejarse ante esta institución y prefiere hacerlo sólo ante Renfe. Explicó Ribó que la mayor parte de denuncias fueron motivadas por los continuos retrasos, la falta de información a los usuarios ante cualquier avería, retraso o incidencia, las aglomeraciones y la dificultad a la hora de presentar una reclamación ante la empresa y obtener una respuesta.

El análisis de las quejas desprende un sentimiento de "preocupación" y "desesperación" por parte de las personas que se dirigen a la institución. Ribó aseguró que las problemáticas que reflejan las quejas "constituyen una conculcación de derechos" porque afectan "el ámbito personal y profesional de las personas".

A la vista de las denuncias, la sindicatura ha transmitido a Renfe una serie de recomendaciones. Entre ellas, la de compensar a los afectados por retrasos con billetes gratuitos.

Un traspaso "suicida"

Pero además de la batalla del día a día para lograr que los trenes no se estropeen y las catenarias no se rompan por falta de mantenimiento, el Gobierno catalán mantiene abierto el frente del traspaso de Cercanías a la Generalitat. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, explicó ayer que confía en que la próxima reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, prevista para abril, marque un punto de inflexión en este asunto. "Nosotros lo hemos pedido y el ministro Sevilla ha dicho que ve razonable la petición, aunque no ha dicho que el Gobierno central esté de acuerdo con el traspaso", dijo Saura. En cualquier caso, Saura dijo que el Gobierno sólo aceptará el traspaso si éste llega acompañado de recursos económicos suficientes. "Un traspaso en las actuales condiciones sería un suicidio", resumió Saura.

Bien diferente opina Convergència i Unió, cuyo portavoz parlamentario exigió ayer un traspaso por la vía rápida. Felip Puig propuso que Ferrocarrils de la Generalitat asuma "de forma inmediata" la dirección de Cercanías.