La 'Operación Karlos' de fraude a la Seguridad Social se cierra con 28 detenidos y 10 imputados

La Operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social se ha saldado con la detención de 28 personas y la imputación de otras 10. El levantamiento del secreto sumarial ha puesto al descubierto una organización dedicada a la concesión ilegal de pensiones por incapacidad laboral. Los dos presuntos cabecillas de la trama de los informes médicos falsos están en prisión y hasta cinco médicos de la provincia de Cádiz deberán responder por su supuesta vinculación con la trama. Hasta el momento la Seguridad Social ni la Guardia Civil ha cuantificado el fraude.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2005. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que el ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz), Carlos Carretero, podría participar en una organización que expedía informes médicos fraudulentos para beneficiarios, a los que supuestamente también captaba Carretero, que conseguían las pensiones permanentes de la Seguridad Social tras el pago de entre 9.000 y 24.000 euros.

Poco después se constataba que el ex funcionario del Ayuntamiento de Ubrique contaba con la connivencia de un inspector médico de la Unidad de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social en la provincia de Cádiz, Francisco Casto. Se localizaba así al segundo y último presunto cabecilla de la trama, quien, a su vez, "se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos que se incorporaban a la documentación necesaria para iniciar el expediente de incapacidad laboral".

Casto, según la información de la Guardia Civil, se encargaba de supervisar estos documentos para que los expedientes pasaran sin dificultad todos los controles de la Administración, y por lo que cobraba diversas cantidades de dinero. Asimismo, algunos de los cuatro médicos implicados podrían haber falsificado varios informes médicos para avalar enfermedades que dieran origen a la incapacidad labora y a la prestación de la pensión.

Tras el levantamiento del sumario se ha conocido que de entre los cinco facultativos supuestamente vinculados a la organización, Fermín Medina Varo, de 50 años de edad y vecino de Cádiz, tiene una implicación menor en la trama, ya que aunque figura como imputado en el sumario por haber cometido presuntamente al menos uno de los delitos destapados en el fraude, no llegó a ser detenido por la Guardia Civil, como se publicó el 19 de mayo, según la información facilitada por fuentes de la investigación.

Las pensiones ilegales tenían un precio: entre 9.000 y 24.000 euros para quienes las solicitaban. Si los beneficiarios carecían de dinero, los dirigentes de la trama "facilitaban a los beneficiarios una póliza a través de entidades bancarias, que se abonaban al banco una vez concedida la pensión deseada".

Ya con el dinero en la mano, Carlos Carretero "instaba a los receptores de las bajas que residieran fuera de la capital gaditana a que fijaran su domicilio en esta ciudad con el objeto de que Casto, asignado en la Seguridad Social al área de la Bahía de Cádiz, pudiera emitir su informe favorable" y pasar así los controles de la administración. Carretero incluso ofrecía a los beneficiarios direcciones de domicilios de su propia familia para facilitar el empadronamiento a sus clientes, la mayoría residentes en localidades de la sierra de Cádiz.

Los aspirantes a las pensiones debían tener una baja médica expedida por médicos de cabecera o especialistas, que supuestamente también están implicados en la trama. Como contraprestación, estos facultativos "pretendían obtener contratos con las empresas dirigidas por Carretero". Asimismo, también recibían contraprestaciones de la red a cambio de involucrar a más médicos que facilitaran las bajas.

Según consta en el comunicado de la Guardia Civil, algunos beneficiarios "desconocían el mecanismo de obtención de las bajas, ya que muchos están enfermos y podrían haber solicitado la pensión sin pagar a los dirigentes de la organización".

Aunque la operación se da prácticamente por cerrada, el Instituto Armado sigue investigando la documentación intervenida en los registros domiciliarios que se han llevado a cabo para destapar este fraude a la Seguridad Social, aún sin cuantificar.

Hasta el momento están supuestamente implicados: el mencionado Carlos Carretero, el también reseñado inspector médico Francisco Casto, ambos en prisión; cinco facultativos, 16 beneficiarios de las pensiones y 14 colaboradores de los receptores de las bajas ilegales.

A su vez, Carlos Carretero también es el supuesto cabecilla de la trama de las facturas falsas desarticulada en la Operación Halcón, esta contra el fraude fiscal destapado en el sector de la marroquinería de la provincia de Cádiz. Además de Carretero, su secretaria, Elisa Calvente Gil, detenida en el mes de abril en el marco de la Operación Halcón, también ha resultado ser una de las personas imputadas en la Operación Karlos.