La Junta apuesta por dejar fumar en los locales que cumplen la ley

Andalucía va a pedir al Ministerio de Sanidad que permita seguir fumando en los bares y locales de ocio que hicieron obras para adaptarse a la ley vigente. La propuesta se va a presentar al Gobierno central en el marco de la modificación de la ley antitabaco ya anunciada por el Ejecutivo, que pretende prohibir fumar en todos los locales de ocio. La idea del Gobierno andaluz es que queden exentos aquellos de más de 100 metros que, tras la aprobación hace tres años de la Ley de Prevención del Tabaquismo, habilitaron zonas específicas para fumadores.

La propuesta ha partido de la Consejería de la Presidencia y ha sido asumida por Salud. Fuentes de este departamento señalaron ayer que, aunque la intención es que en un futuro todos los locales de ocio estén libres de humo, implantar ahora la prohibición total supondría castigar a los empresarios que hace tres años invirtieron dinero en adaptarse a la nueva norma. "Sería primar a los que ahora incumplen la ley y perjudicar a los que la cumplen", señalan estas fuentes.

"La prohibición prima a los que se saltan la ley y castiga a los que la cumplen"

Desde Salud se admite que, en cierta forma, esta medida supone anteponer los perjuicios económicos que ocasionaría la prohibición total a los hosteleros que adaptaron su local a los beneficios para la salud que supondría liberar de humo todos los locales de ocio. Con todo, se entiende que la prohibición de fumar en todos los locales de menos de 100 metros que baraja el Gobierno central ya es un paso adelante y la ampliación de esta prohibición a los establecimientos de más de 100 metros con zonas para fumadores podría esperar algunos años, hasta dar por amortizada la inversión.

La propuesta andaluza coincide con la principal demanda del sector de la hostelería, que ha centrado parte de críticas al endurecimiento de la ley estatal en el perjuicio económico que causaría a los dueños de establecimientos que hace tres años hicieron obras para cumplir la norma. El Gobierno andaluz ya ha comunicado su intención a los representantes del sector de la hostelería, que, según fuentes de la Junta, la ha acogido de forma "muy favorable". El sector cifra entre 6.000 y 18.000 euros lo que ha costado a los empresarios instalar las pantallas de separación de zonas y los sistemas de extracción de humo a los que obliga la ley vigente.

Ahora será el Gobierno central el que tenga que decidir si asume la propuesta andaluza. Los planes anunciados por el Ejecutivo central son enviar en febrero al Congreso el borrador con la modificación de la ley para que se apruebe en junio, al final de la presidencia española de la UE.