La Xunta envía al Parlamento la ley que limita y regula la publicidad oficial

Los contratos de creación, preparación y ejecución de publicidad que firmen la Xunta, sus entidades administrativas y la administración local y provincial deberán respetar los principios de "publicidad, concurrencia y no discriminación" y valorar preferentemente "precio, originalidad y creatividad". El proyecto de Lei de Publicidade Institucional, aprobado ayer por el Consello de la Xunta, establece además que cuando el contrato "implique la difusión de la publicidad, se valorará preferentemente el precio, el grado de difusión o la audiencia del medio" de comunicación que vaya a servir de soporte, así como "la adecuación de su ámbito territorial" al "público objetivo" al que va destinada la publicidad.

El Gobierno sigue sin regular los convenios con los medios privados

Aprobada la paga de 200 euros para los pensionistas no contributivos

Cuando la nueva norma entre en vigor (aún debe ser tramitada en el Parlamento), se sumará a las de Transparencia y Subvenciones para completar el marco normativo con el que el Gobierno bipartito ha querido impulsar la "regeneración democrática" de Galicia tras años de gestión del PP.

Este partido, a través de su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, aseguró ayer que el proyecto de ley "llega tarde". El bipartito, asegura Ruiz Rivas, lleva toda la legislatura "derrochando dinero de todos los gallegos a manos llenas en campañas de propaganda diseñadas para ocultar el fracaso de su gestión".

El proyecto de ley define la publicidad institucional como "toda forma de comunicación difundida por cualquier medio por parte de la Administración con el fin de promover su imagen, sus actividades o fomentar valores de interés público". El texto que ha salido del Consello ha acabado incorporando algunas previsiones de las que carecía cuando la Xunta inició su redacción: las campañas de publicidad quedarán prohibidas entre la convocatoria y la celebración de elecciones (una previsión que no hace más que aplicar una resolución de la Junta Electoral) y tampoco se podrán contratar anuncios destinados exclusivamente a "destacar los logros de gestión o los objetivos conseguidos" por las administraciones.

Una comisión, integrada por representantes de las administraciones y varios expertos, tendrá capacidad para informar sobre la adecuación de las campañas publicitarias a la ley y, a petición de "cualquier persona que ostente un interés legítimo", podrá ordenar su suspensión o solicitar su retirada o rectificación.

La Xunta y sus entidades públicas deberán remitir anualmente a la esta comisión una memoria haciendo constar las campañas desarrolladas, con especial mención de sus objetivos y costes totales.

La futura ley no acabará, según precisó ayer Touriño, con los convenios que firman las consellerías con periódicos, revistas y radios privadas y que, según el Colexio de Xornalistas de Galicia, se utilizan para condicionar la línea editorial de las empresas de comunicación.

Y eso a pesar de que el Pacto de Gobierno PSdeG-BNG prometía, textualmente, el "establecimiento de una regulación transparente y objetiva de las relaciones con las empresas privadas de comunicación, ligándolas en todo caso al cumplimiento efectivo de fines de interés público, en busca de una opinión pública gallega plural".

Estos convenios, cuyo origen se remonta a la gestión del PP, ya fueron denunciados el año pasado por el Consello de Contas, que en las cuentas de 2004 detectó el reparto a dedo de al menos 14,08 millones de euros en 2004 entre medios de comunicación. El órgano fiscalizador reveló entonces numerosas irregularidades, la falta de concurrencia y la ausencia de criterios objetivos de selección para justificar las entregas de dinero, una práctica que, según diversas fuentes, continúa en la actualidad a igual o mayor ritmo que bajo la presidencia del PP.

Además de la norma sobre publicidad institucional, el Consello aprobó también el proyecto de ley del impuesto que grava el daño ambiental causado por los embalses, conocido popularmente como canon hidroeléctrico. Con cargo a este impuesto la Xunta espera recaudar el año próximo unos 12 millones de euros que dedicará a la recuperación del entorno natural afectado por las 45 instalaciones de producción hidroeléctrica que tendrán que pagar el canon.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, situó la aprobación del impuesto en el contexto de la nueva política energética de su Gobierno, de la que también forma parte, explicó, el concurso convocado para adjudicar los nuevos parques eólicos. El canon no supondrá un incremento del recibo de la luz, prometió de nuevo el presidente.

El Consello aprobó también el complemento para las pensiones no contributivas anunciado hace un año por el propio Touriño, que adoptará la forma de "ayuda asistencial extraordinaria" para sortear la decisión del Constitucional de prohibir los complementos autonómicos para las pensiones. Aproximadamente 51.000 gallegos (21.010 coruñeses, 16.900 pontevedreses, 7.340 orensanos y 5.915 lucenses), que en el mejor de los casos cobran 328 euros de pensión, recibirán antes de fin de año una paga única de 200 euros.

La Xunta decidió también, a propuesta de la Vicepresidencia, formular un requerimiento de incompetencia contra una orden del Gobierno central que regula la concesión de ayudas destinadas a promover la movilidad sostenible en los ámbitos urbanos y metropolitanos. El Gobierno central ha dado la razón a la Xunta en otros dos requerimientos relacionados con la promiociòpn del empleo femenino y la planificación turística.