Líneas rojas en la política científica

Las noticias recientes sobre la crisis del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) nos apenan y nos avergüenzan. Este centro nació, según sus promotores y gestores, como un centro de referencia para la investigación biomédica en la Comunidad Valenciana. De acuerdo con ello, el centro se benefició desde un principio de una financiación insólita en el campo de la biomedicina por estas latitudes. Sus científicos dispusieron de instalaciones excelentes y fondos generosos para la adquisición de materiales y contratación de personal, no sujetos a concurrencia competitiva con otros científicos, algo poco usual en este país. Sin embargo, esta apuesta de las autoridades autonómicas por la investigación biomédica parecía ponernos en el mapa de la investigación por el mismo procedimiento seguido en otros ámbitos: la política de grandes eventos. Hay otros ejemplos de que la ciencia no se escapa de esta estrategia política miope. No se puede negar que, a corto plazo, los réditos propagandísticos para los políticos de turno suelen ser abundantes. De paso, la ciencia viene a ocupar más espacio en los medios de comunicación. Sin embargo, cualquier política científica sensata se ha de basar en la evaluación de los resultados difundidos por otro tipo de medios, las revistas científicas y los registros de patentes. Para ello es imprescindible que los políticos se retiren del primer plano una vez inaugurado el instituto de investigación y se preocupen de que los medios sean los adecuados, de ejercer un control eficaz del gasto y de evaluar el rendimiento científico que este produce.

Se hace prevalecer el mercantilismo más ramplón sobre lo académico

Por desgracia, no fue esta la política seguida con el CIPF. Desde su nacimiento fue un centro demasiado politizado, empezando por el papanatismo de su sorprendente nombre, pues lo normal es que la denominación del instituto indique a qué área científica se dedica. Mientras duró la bonanza económica la politización no ocasionó más que trifulcas entre diferentes personajes que trataron de sacar el máximo partido de esta gallina de los huevos de oro. Pero cuando el sistema económico imperante se tambaleó y las cajas estuvieron vacías, los políticos empezaron a olvidar las antiguas prioridades y algo tan elemental como el hecho de que la inversión en investigación nos prepara mejor para el futuro. La reducción por parte de la Consejería de Sanidad en dos años de casi un 80% del presupuesto ordinario del centro lo hace insostenible. Pero los criterios de algunos de los reajustes nos dejan atónitos, pues se hace prevalecer el mercantilismo más ramplón sobre lo académico. La muestra más lamentable de esta situación ha sido el ensañamiento con los más débiles del sistema: el despido de seis becarios a los dos años de empezar su tesis doctoral. Los gestores del CIPF quizá ignoran que han traspasado una de las líneas rojas que una institución científica nunca debería haber cruzado. Los becarios doctorales son estudiantes que se están formando como investigadores mediante la realización de su tesis. Cuando se les concede una beca o contrato de investigación se establece el compromiso (así se reconoce en el estatuto del becario de 2006) de suministrarles los medios para que puedan llevar a cabo su formación. Hasta ahora, este compromiso siempre ha sido respetado en España. No conocemos precedentes de una institución, ni pública ni privada, que de forma unilateral y por causas totalmente ajenas al becario, rescinda su beca o contrato. Estos investigadores en formación ven truncada su carrera científica sin más culpa que el haber tenido la desgracia de que su beca fuera parte de esa financiación extraordinaria, basada más en los volubles intereses de los políticos que en un auténtico propósito de fomento de la ciencia biomédica. Los becarios afectados son estudiantes de programas de doctorado. Cuatro de ellos están adscritos al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València, del cual somos nosotros profesores. Creemos pues que es nuestro deber denunciar públicamente la irresponsable actuación de un centro que se reclama de excelencia y que, sin embargo, no es capaz de comportarse no ya de forma excelente, sino ni siquiera normal, con las personas que confiaron en que iban a empezar su carrera científica en el "centro de referencia de la investigación biomédica" valenciana.

(*) Mariela Gómez García es directora del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. También firman esta tribuna Francisco Estruch Ros, director del Programa de Doctorado Biotecnología; J. Enrique O'Connor Blasco, director del Programa de Doctorado Bioquímica y Biomedicina; José E. Pérez Ortín, tutor de estudiantes del programa de doctorado, y Juli Peretó Magraner, exvicerrector de Investigación de la Universitat de València.