El fiscal general, Álvaro García Ortiz, responde al juez si es responsable de los delitos que se le imputan: “No”
García Ortiz se ha declarado inocente en el Tribunal Supremo ante la pregunta de Andrés Martínez Arrieta
Este lunes ha comenzado el juicio por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El fiscal ha negado a pregunta del juez ser responsable de los delitos que se le imputan y su defensa ha cuestionado la instrucción del juez del Supremo Ángel Hurtado, considerando nula la declaración de secreto de las actuaciones, el auto de incoación de diligencias previas y el auto de registro en el despacho de García Ortiz.
García Ortiz ha llegado esta mañana al Tribunal Supremo en su vehículo oficial, accediendo a las 9.42 por la entrada reservada a magistrados y autoridades. Antes fue despedido con aplausos y gritos de “¡ánimo!” por un numeroso grupo de personas que trabajan en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Consuelo Castro, abogada del Estado que ejerce la defensa de García Ortiz, ha alegado que el fiscal general del Estado ha sido sometido a “un proceso injusto en su conjunto”. “Sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles”, ha manifestado. En primer lugar, ha dicho, “se vulneró el derecho a la presunción de inocencia al orientar la investigación solo hacia el fiscal general del Estado y descartar sistemáticamente la investigación de otras alternativas”.
El fiscal Julián Salto, que llevaba el caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador, ha recalcado que la fiscal provincial se dirigió a él con el interés de saber a qué se había “comprometido” el ministerio público y, además, ha insistido en que considera totalmente normal y “legal” que sus superiores le pidieran información sobre ello, ya que se había convertido en un caso mediático de interés nacional. “¿Tuvo usted claro que lo que le estaba pidiendo la fiscal jefa provincial era una dación de cuenta del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal?”, le han preguntado a Julián Salto. “Sí, sin ninguna duda”, ha respondido él. El reglamento del ministerio público contempla claramente que los fiscales deben informar a sus superiores “de los asuntos de especial trascendencia”. “Esto viene relacionado con un asunto que ha trascendido y que se ha convertido en un asunto totalmente mediático a nivel nacional”, ha sentenciado Salto.
