El Gobierno aumenta el control sobre la banca por Internet
El anteproyecto está basado en una directiva de la UE de 2002, aunque no se prevé que se introduzca en España antes de finales de año
El Ministerio de Economía prepara la nueva normativa sobre la contratación de servicios financieros a través de medios telemáticos. Según recoge hoy Cinco Días, los puntos clave estarán centrados en ampliar los requisitos de información, garantías, y facilidades para el usuario, que deberán cumplir las entidades en la venta de este tipo de servicios a distancia.
EL objetivo de la normativa será la de ofrecer una mayor protección al cliente en cuestión de contrataciones y ventas realizadas a través de servicios telemáticos (telfono, Internet, fax, etc.), y adecuar ésta a la normativa europea.
Los principales puntos del anteproyecto estarán centrados en que los bancos, las aseguradoras, y las gestoras de fondos y pensiones proporcionen mayores garantías a sus clientes: se exigirá que el documento de contratación sea fácilmente recuperable por el usuario; se obligará a que la entidad financiera proporcione datos sobre su identidad y actividad principal; quedará establecido un periodo de 14 días para la rescisión de un contrato; y se ofrecerá una mayor protección del Instituto de Consumo y los organismos autónomos competentes en la materia frente a casos abusivos.
También se dotará de mayores garantías al usuario frente al uso fraudulento de las tarjetas de crédito, débito y prepago, que incluirán el derecho a la anulación del pago y la devolución del importe estafado.
Adaptar España a la normativa europea
El borrador español llega con bastante retraso. La normativa está basada en la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo, que data del 23 de septiembre de 2002. En ella se instaba a los Estados miembros de la UE a desarrollar una nueva legislación para armonizar la normativa de los países miembros de la UE, fomentar el mercado interior europeo, y potenciar la competencia entre entidades.
El Tesoro remitió el borrador a las entidades el pasado mes de julio, pero no se prevé su entrada en vigor hasta finales de este año, a pesar de que la directiva europea exigía su introducción antes del 9 de octubre.
Se tratará con esta normativa de otorgar unos derechos mínimos que protejan a los consumidores en un mercado transnacional de productos y servicios financieros en la Unión Europea contratados a través del móvil, Internet, el fax, o cualquier otro medio a distancia.
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