Derechos Sociales propone una prestación universal por crianza de 100 euros al mes por hijo

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado este viernes que su departamento ya tiene listo el texto de la ley de diversidad familiar y que propone una prestación universal por crianza de 100 euros al mes, que ascenderá a 125 euros en el caso de los hogares monoparentales. La intención es que cubra a los niños desde que nazcan hasta que alcancen la mayoría de edad, aunque en un inicio afectaría a menores de cero a tres años y progresivamente, en años venideros, irían aumentándose las franjas de edad. La ministra ha intervenido en una jornada sobre esta nueva normativa organizada por el grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, donde ha afirmado que los trabajos “están ya muy avanzados” y que el documento será enviado formalmente la semana que viene al resto de ministerios del Gobierno para su negociación. Fuentes de Unidas Podemos informan de que Hacienda no da por el momento el visto bueno a la iniciativa, pero que presionarán en favor de la misma, igual que por la aprobación de la extensión de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 24 semanas (seis meses), en lugar de las 16 actuales. Fuentes de Hacienda afirman que la prioridad ahora mismo es aprobar los presupuestos y que esto no significa que el ministerio niegue esa nueva prestación, sino que no disponen de “información del detalle”. Belarra ha dicho que su objetivo es que la norma pueda ser aprobada a principios de 2022 por el Consejo de Ministros, tras las conversaciones que se mantengan con el resto de miembros del Ejecutivo.

“Trabajamos para definir esta medida [prestación universal por crianza] con una cuantía de 100 euros al mes, incrementándose a 125 euros al mes para las familias monomarentales y monoparentales”, han sido las palabras de Belarra. La ministra lo ha mencionado como una de las medidas que, bajo su punto de vista, debe incluir la ley. Junto a ellas, también ha enumerado las siguientes iniciativas: “la creación de un registro estatal de parejas de hecho, la igualdad de trato hacia las parejas no casadas, el reconocimiento del grado de parentesco que se crea entre los miembros de las familias reconstituidas o medidas para que las familias monomarentales y monoparentales tengan derecho a la misma prestación por nacimiento que las familias biparentales”. El pasado julio ya había afirmado que, tras el nacimiento del bebé, las madres que crían solas deben poder disfrutar del permiso del que dispondría un segundo progenitor.

La ley de diversidad familiar es un compromiso recogido en el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE, y su aprobación ha sido incluida como uno de los hitos a cumplir por España en 2022, en el marco del programa de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea. Se prevé que la normativa reconozca jurídicamente a todas las formas de familia existentes en España y que mejore la protección social. El objetivo, según han destacado tanto la ministra como el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, es lograr la igualdad de derechos, independientemente del modelo familiar en el que se crezca. Álvarez ha destacado que las políticas en España “han tendido a olvidar a algunos colectivos”, como las familias monomarentales (en su mayoría están encabezadas por mujeres), las múltiples, las reconstituidas o las acogedoras, y que esta ley debe equipararlas al resto de los hogares, igual que deben equilibrarse los derechos de los hijos no nacidos en el matrimonio o las familias LGTBI.

Belarra ha considerado “imprescindible” que la ley recoja la renta por crianza, que se mejore la protección de familias monoparentales y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. En 2019, pasaron de cinco semanas a ocho, en 2020 subieron a 12 y desde principios de 2021 padres y madres disfrutan de permisos iguales, intransferibles y retribuidos de 16 semanas, que son ampliables en casos de partos múltiples en dos semanas por cada hijo a partir del segundo. La ministra defiende que aumenten a 24 semanas, el tiempo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la lactancia exclusiva. “Otro de los cambios que desde mi punto de vista tiene que incluir la ley es el de considerar como familias numerosas a las familias monomarentales y monoparentales, que suelen estar encabezadas por mujeres y que se encuentran en la mayor situación de vulnerabilidad en nuestro país. Con ello, pretendemos extender hacia ellas todos los beneficios fiscales, laborales o de acceso a ayudas de los que actualmente disponen las familias numerosas, con el fin de facilitarles un poquito más la vida”, ha afirmado. La ministra no ha precisado si podrán acogerse a estos beneficios todas las familias monoparentales o solo las que tengan dos hijos, que es lo que ya había anunciado el pasado julio. Actualmente, a estas ventajas solo pueden acceder los hogares con al menos tres hijos; aquellos formados por un viudo o una viuda con dos niños; las familias con dos menores, uno de los cuales tenga una discapacidad; o cuando los dos progenitores tengan alguna discapacidad o, de tenerla uno de ellos, esta supere el 65%.

Escasa inversión en infancia

La ministra ha destacado que España invierte un punto menos del PIB en familia e infancia que la media europea (1,2% frente al 2,4%) y que tiene el “dudoso honor de ser el país de la UE que menos invierte en prestaciones sociales directas”. Según ha dicho, “la cuarta economía del euro no puede permitirse estar en los primeros puestos de pobreza infantil” (27,4%). Ha destacado que dos terceras partes de los países de la UE cuentan con una prestación universal, algo que también han defendido durante las jornadas los ponentes invitados, profesores de universidad y asociaciones de familia.

En España, “el 60% del apoyo que se da a la infancia” se articula a través de deducciones fiscales, que no llegan a todos los hogares, dado que aquellos que no realizan la declaración de la renta no pueden beneficiarse de las mismas, tal y como ha mencionado Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Actualmente, además de estas ventajas fiscales a las que pueden acceder las familias con hijos, que varían en función del número de niños y sus edades, también hay una ayuda para madres con hijos menores de tres años, pero solo la pueden percibir las mujeres que trabajen. Y los socios de Gobierno han pactado, a través de las enmiendas de la ley del ingreso mínimo vital que se está tramitando ahora mismo en el Senado, un complemento para familias en situación vulnerable de hasta 100 euros al mes.

Durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, Unidas Podemos ya reclamaba una prestación por crianza universal de 100 euros al mes para todas las madres con niños de 0 a 3 años, independientemente de si trabajan o no, además de la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses. Sin embargo, ambas propuestas decayeron durante la negociación.

Este viernes, la ministra ha argumentado que las “prestaciones restringidas a las familias en situación de vulnerabilidad pueden tener profundos límites” que este año se han visto con el ingreso mínimo vital, como “barreras burocráticas, estigmatización” de los hogares perceptores o que, debido a los requisitos exigidos, muchas familias que sí cumplen con el nivel de renta no reciban la prestación. Por eso, Belarra considera que “no es suficiente” y apuesta por la universalidad.