Los técnicos de Sanidad y las comunidades desmontan la utilidad del certificado covid para frenar la sexta ola

El certificado covid se está convirtiendo en la nueva herramienta que cada vez más comunidades autónomas —ocho, hasta ahora— están usando para intentar frenar la sexta ola del coronavirus. Sus técnicos y los del Ministerio de Sanidad, sin embargo, consideran que la medida no es eficaz contra los contagios. En un informe de estos especialistas que forman la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al que ha tenido acceso EL PAÍS, enumeran cuatro aspectos a favor de solicitar este documento en espacios públicos y ocho en contra.

Los pros de solicitar el certificado covid para entrar en establecimientos públicos se limitan, en opinión de los técnicos, a incentivar la vacunación, estimular su necesidad entre la población, transmitir el mensaje de que continúa existiendo un riesgo de infección por el coronavirus, y que cuenta con respaldo judicial en algunas comunidades.

Frente a estos argumentos, exponen otros contundentes sobre sus variadas carencias a la hora de hacer frente a los contagios. En primer lugar, expone el informe, “no hay evidencia” de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión del virus. “En los países del entorno europeo donde se está utilizando, los casos están aumentando de forma importante, si bien es cierto que sus coberturas vacunales son muy inferiores a las de España. Es previsible que el efecto en España, con coberturas más elevadas, todavía sea menor. Sería además difícil medir la efectividad de esta medida”.

El certificado covid tampoco refleja el estado inmunitario de quien lo posee. “Equipara el estar vacunado con estar inmunizado y esto no se ajusta a la realidad”, expone la ponencia, que subraya que la vacunación previene de manera muy efectiva las formas más graves de la enfermedad, pero no es tan útil a la hora de evitar los contagios. “Sabemos que aproximadamente un 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y transmitir la infección. Por todo ello, su utilidad para prevenir la transmisión sería muy limitada e incluso podría tener un impacto negativo si se relajaran las medidas de prevención”, afirman.

Son recelosos con esto último y piensan que el certificado puede suponer la relajación de las medidas, especialmente el uso de la mascarilla. Además, apuntan las dificultades prácticas de ponerlo en marcha: cada vez que se entra a un establecimiento habrá que presentarlo junto con un documento de identidad.

El informe hace también referencia a las altas tasas de vacunación de España: “Aproximadamente el 90% de los mayores de 12 años están vacunados, por lo que la ganancia en coberturas de vacunación no sería muy importante. Estudios realizados recientemente refieren un incremento de la cobertura vacunal principalmente en menores de 20 que, en nuestro país, tienen coberturas muy elevadas, alrededor del 84%, por lo tanto, no estaría justificado con esta finalidad”.

Los técnicos consideran que estas coberturas “difícilmente justificarían el coste y las implicaciones negativas” que puede tener esta medida y subrayan que habría que asegurarse de que no genere situaciones de inequidad. Además, consideran que si la incidencia sigue subiendo —algo que ven “muy probable”— es posible que acabe generando desconfianza en las instituciones públicas.

Con estas razones, la ponencia ve más justificada la solicitud de este certificado en centros sanitarios y sociosanitarios, tanto para visitas como para trabajadores, o en ámbitos específicos como los centros penitenciarios: “Es aquí donde hay un importante grupo de personas vulnerables”.

El documento incide en tener en cuenta las medidas que “han demostrado ser eficaces”, como la mascarilla. O, si la situación epidemiológica empeora, medidas restrictivas, especialmente en interiores. Cita los aforos, la ventilación y las limitaciones horarias.

Estos mismos especialistas son los que elaboraron el nuevo semáforo covid. En sus primeras versiones pedían ligar los niveles de riesgo con limitaciones concretas: a partir de riesgo alto (que ahora está marcado por encima de 300 casos por 100.000 habitantes en 14 días, entre otros marcadores) su propuesta era prohibir el acceso a todos los espacios públicos cerrados. Es algo que rechazó la instancia superior a la ponencia, la Comisión de Salud Pública, formada por los directores generales de esta área. Se trata de un organismo más político que la ponencia, meramente técnico, donde se ponderan factores que no son solo los puramente epidemiológicos.

A pesar de las recomendaciones de este documento, fechado el 23 de noviembre, ocho comunidades han impuesto ya el certificado para poder acceder a locales públicos: Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares, Galicia, País Vasco y Cataluña. El Ministerio de Sanidad siempre se ha mostrado receloso a este requerimiento y lo ha dejado en manos de las autonomías. Estas han necesitado la aprobación de sus Tribunales Superiores de Justicia para ponerla en marcha y, en el caso del País Vasco, del Tribunal Supremo.

En caso de utilización del certificado covid, el informe pide a las autoridades sanitarias valorar dónde podría tener una “utilidad real”, como aquellos espacios donde no pueda garantizarse la utilización de mascarilla, o solicitarlo en determinados niveles de alerta. “Si se decidiera aplicar, debería hacerse antes de las celebraciones de diciembre”, concluye.

En cualquier caso, los informes de la ponencia de alertas son meramente informativos y no tienen poder vinculante.