El drama de los transgénero holandeses, forzados hasta 2014 a esterilizarse para poder cambiar de identidad

Willemijn van Kempen dijo a los 17 años que, aunque hubiera nacido con cuerpo de varón, se identificaba con una chica. En aquella época, 1978, era usual que ante estos casos, en lugar de ayuda, se diagnosticara un trastorno psiquiátrico, y lo que siguió fueron dos años y medio de terapia. En 1988 buscó ayuda en Ámsterdam para adecuar su cuerpo a su identidad. Pero la ley transgénero, que permitía dicho cambio desde 1985, imponía dolorosas condiciones. La joven debía ser incluida de nuevo en una categoría psiquiátrica y someterse a un tratamiento que incluía diversas operaciones y la esterilización. Esta última, sin posibilidad de conservar material genético para tener hijos en el futuro. Años después, y previa certificación de todo el proceso, podría acudir a los tribunales para adaptar la partida de nacimiento. La norma fue modificada en 2014 porque violaba los derechos humanos. El Gobierno holandés pidió disculpas en diciembre pasado a todos los que se vieron obligados a elegir entre la mutilación forzosa o no ser reconocidos legalmente. La cifra de personas transgénero afectadas ronda los 2.000, y recibirán una compensación simbólica de 5.000 euros, a la que también podrán acogerse las personas intersexuales operadas (cuando hay una discrepancia entre el sexo genético, el de la gónada y el de los genitales).

Que los Países Bajos, con su fama de tolerancia y progresismo, impusieran durante décadas la esterilización de una parte de la ciudadanía puede producir sorpresa, pero Van Kempen asegura que “hay mucho de fachada en esa reputación nacional”. “Me habría gustado tener descendencia y he sufrido esa carencia durante mucho tiempo. Y no soy la única. Es como si valiéramos menos para el Estado como seres humanos y por eso no debiéramos procrear”, asegura, en una conversación virtual, a la que asiste también Sem, un varón transgénero de 29 años. Cuando empezó este trayecto, él ignoraba que fuese necesario esterilizarse para tener derecho a adaptar su pasaporte, carné de conducir o de transporte público a su apariencia actual, y admite que ha sido muy duro.

“La de veces que el conductor del bus me ha dicho que yo no era el de la tarjeta de viaje, y he tenido que explicarle mi situación mientras el resto de los pasajeros miraban. Y luego está la correspondencia. Yo vivía en una casa de estudiantes con otros jóvenes y nos llevábamos muy bien. Pero siempre temía que vieran las cartas con mi nombre de chica y variaran de actitud”, recuerda. “Quería evitar todo eso de una vez y no tener problemas con mis estudios, diploma y trabajo posterior, y me operé al entrar en la veintena. Claro que me habría gustado la posibilidad de tener hijos, pero no estaba permitido. Y encima, a los dos meses se supo que la ley cambiaría y que ya no haría falta una intervención como la mía, que comporta muchos riesgos. Entonces me deprimí mucho”, relata Sem. “Las disculpas son bienvenidas, y es un mensaje para otros países que no respetan a las personas transgénero”, afirma.

La petición oficial de perdón, sin embargo, solo ha llegado después de que el colectivo transgénero neerlandés tomara en 2019 la iniciativa legal de exigirla. Van Kempen, hoy en pareja con su mujer, inició y condujo el proyecto. Antes, hubo varias llamadas de atención a escala internacional. En 2011, Human Rights Watch publicó un informe donde describía el lastre de tener que someterse a una esterilización forzosa. Titulado Controlando los cuerpos, negando identidades, no solo llamaba a cambiar la norma. Recordaba que el país fue de los primeros de Europa en reconocer la identidad de género, “aunque solo modificando el cuerpo con hormonas, terapia e infertilidad irreversible, todo ello violaciones del derecho a la autonomía personal, integridad física y la posibilidad de que las personas trans definan su propia identidad de género. Algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos califica de ‘uno de los pilares de la autodeterminación personal”. La organización denunciaba además que el trabajo para cumplir todos los requisitos legales de la transformación “se demora años, y entretanto hay que vivir con unos documentos que no les reflejan; y para las personas transgénero que no quieran operarse, los obstáculos pueden durar toda la vida”.

Tristan Peters, abogado del despacho De Brauw Blackstone Westbroek, de Ámsterdam, que junto con un amplio grupo de colegas ha apoyado al colectivo de forma gratuita en su petición de reconocimiento del daño padecido, explica: “En 1985, ya hubo fuertes voces de rechazo en el Parlamento por considerar la esterilización una quiebra ilegal de la autonomía personal. El Ejecutivo de la época pidió consejo a juristas, expertos en ética y médicos, y al final se pensó en el futuro de los hijos de las personas transgénero; quisieron imposibilitar el nacimiento de niños de padres con una identidad legal de género distinta al sexo biológico”, apunta.

Para Brand Berghouwer, presidente de la Red de Transgénero de los Países Bajos (TNN, en sus siglas neerlandesas), involucrada asimismo en el caso, es muy importante que el Gobierno haya admitido la violación de los derechos humanos. “La disculpa oficial y la reparación económica incluye a las personas transgénero y a las personas intersexuales que tuvieron que someterse a la ley antes de que fuera modificada. 5.000 euros es muy poco [igual piensan Sem y Van Kempen], pero que haya un pago subraya la gravedad de lo ocurrido. Si tus documentos no se corresponden con tu aspecto, tu situación es precaria y eres vulnerable a la violencia, el odio o la marginación”, concluye.