Los estudiantes franceses rechazan las expulsiones

“No toques a mi colega”. Este lema, acuñado por la organización SOS Racismo, se hizo popular como eslogan contra la xenofobia en los años ochenta. Treinta años después, miles de estudiantes de secundaria han salido este jueves a las calles de París para gritar de nuevo (y esta vez a un Gobierno socialista): no toques a mi compañero de clase. Aunque sea de origen extranjero. El amplio alcance de estas movilizaciones entronca con el debate identitario de un país tradicionalmente calificado como “tierra de asilo”.

La expulsión de la estudiante de 15 años Leonarda Dibrani ha revuelto las tripas de buena parte de la ciudadanía francesa, mientras crecen las acusaciones al ministro del Interior, Manuel Valls, de complicidad con la política de la extrema derecha por la deportación de la menor gitana kosovar. En París, una veintena de liceos (equivalentes a los institutos) fueron bloqueados por los alumnos y miles de ellos se manifestaron en la plaza de la Nación, tras la convocatoria efectuada por asociaciones estudiantiles, la Red Educación Sin Fronteras (RESF) y otros colectivos.

Otra expulsión de un estudiante sin papeles ha contribuido este jueves a encender los ánimos en París. El pasado 12 de octubre, un alumno de un ciclo formativo superior llamado Khatchik Kachatryan y de 19 años fue deportado tras estar varias semanas detenido. Desde 2006 no había sido expulsado ningún estudiante de un ciclo superior de enseñanza secundaria en París, según denuncian en un manifiesto los organizadores de la protesta. Este alumno, que acudía al liceo Camille Jenatzy de París, había huido de Armenia en 2011 para acompañar a su padre, amenazado por su actividad política en su país. La demanda de asilo político presentada por su familia en Francia fue rechazada.

La deportación de un estudiante armenio de 19 años hace unos días ha caldeado más los ánimos

Las autoridades no solo impidieron que Khatchik pudiera proseguir sus estudios en Francia, sino que también le separaron de su familia. En Armenia, además puede ser encausado como desertor, por haber eludido el cumplimiento del servicio militar obligatorio, y ser condenado a una pena de entre tres y cinco años de prisión.

Esta expulsión, como la de Leonarda, ha provocado un amplio rechazo de la sociedad civil y portavoces del Gobierno han anunciado que las decisiones administrativas que han llevado a las deportaciones van a ser revisadas y, eventualmente, anuladas.

Los firmantes del manifiesto "No a la expulsión de estudiantes sin papeles", promovido por la RESF, recuerdan que hay otros estudiantes sujetos a la amenaza de expulsión pese a su integración en la sociedad francesa. También proclaman que el “derecho a la escolarización no es negociable”. La convocatoria recibió también el apoyo explícito de los sindicatos CGT y CNT, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MREP), la Liga de los Derechos del Hombre (LDH) y varias formaciones políticas de izquierdas (Europe Écologie-Les Verts, el Partido Comunista de Francia, el Parti de Gauche y el Nuevo Partido Anticapitalista, entre otros).

En 2012 el ministro socialista de Interior batió el récord de expulsiones de extranjeros en situación irregular: más de 36.000 personas

Brigitte Wieser, miembro de RESF —el colectivo más comprometido, desde hace años, con el acompañamiento y la protección de los menores y las familias inmigrantes afectadas por expedientes de expulsión— se lamenta: "Esto que está pasando, con los casos flagrantes de Leonarda y Khatchit por los que se han interesado ahora los medios, no es nada extraordinario. Hay muchísimos casos similares, que venimos denunciando desde hace años, y que no han disminuido con la llegada al poder del Gobierno socialista".

Lo que se está produciendo con frecuencia, dice Wieser, es "un verdadero desmembramiento de las familias", cuando se expulsa a uno de los padres y quedan sus hijos, o viceversa. "Por eso exigimos un cambio de la legislación que afecta a la permanencia de los extranjeros, que es fruto de una sucesión de capas, a cual peor, de modificaciones legales llevadas a cabo por Sarkozy ¡durante diez años!, primero como ministro del Interior y luego como presidente", añade esta representante de RESF.

François Hollande prometió en 2012, cuando aún era candidato a la presidencia, "poner fin a la retención [detención administrativa] de menores y familias con niños". Pese a la circular del verano en la que el ministro del Interior instruía a los prefectos a tratar cada caso de inmigrante indocumentado con humanidad, el diario Le Monde y las organizaciones de apoyo a inmigrantes recuerdan que el Gobierno socialista no está cumpliendo ninguna de esas promesas y que, solo el año pasado, Manuel Valls batió el récord de sus predecesores en materia de expulsiones de inmigrantes (36.822 personas) en situación irregular.