Canarias pagará 654.035 euros por daño cerebral en un parto en un centro privado

“No hubo monitorización del parto, no había ginecólogo ni pediatra en el centro y el bebé nació sin respirar”. Estas son algunas de las causas por las que el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Salud, indemnizará a una familia de Tenerife con 654.035 euros tras reconocer una cadena de errores producidos en un parto que se derivó a una clínica privada y que tuvo como consecuencia que el bebé naciera sin respirar y sin tener la reanimación adecuada. La reconocida irresponsabilidad produjo que el niño afectado padezca hoy “discapacidad múltiple por la encefalopatía causada por el sufrimiento perinatal”, según admite la administración pública canaria. En la clínica privada sostienen que “no hubo mala praxis”.

La Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo reconoció que en el recinto hospitalario Hospiten Tamaragua, ubicado en la localidad turística del Puerto de la Cruz (Tenerife), no se siguió el protocolo adecuado una vez que una paciente a punto de dar a luz fue derivada a este centro con “rotura de bolsa”. Según un informe del Consejo Consultivo de Canarias, órgano supremo de consulta con igual rango que el Diputado del Común, realizado a instancias del Gobierno, “no hubo monitorización durante el parto, el ginecólogo llegó tarde y el niño nació sin respirar, además de que tuvo que ser reanimado por una matrona, porque el pediatra no se encontraba en la clínica o no fue avisado”, errores por los que ahora la sanidad pública, al ser la responsable de la derivación, debe indemnizar a la familia, aunque la cantidad admitida ha sido rebajada de lo que inicialmente pedía la familia, 900.000 euros. En el informe emitido por el Consultivo se añade que el niño “precisará de la asistencia de una tercera persona” y matiza que “nunca podrá valerse por sí mismo, ni siquiera para ejecutar las labores más elementales de su vida cotidiana”.

La asociación El Defensor del Paciente, cuyo equipo jurídico ha llevado el caso, sostiene que solo con “la monitorización del parto” se podrían haber evitado “muchos de los problemas”, pero según Carmen Flores, presidenta de la asociación, “el informe que ha facilitado el Gobierno de Canarias reconoce que se incumplió todo el protocolo de actuación”, en lo que considera un caso de “flagrante irresponsabilidad de la sanidad pública al no fiscalizar los centros privados a los que deriva a los pacientes”. Aún así, Flores dice que este dinero “no compensa el sufrimiento, ni mucho menos, pero deja en evidencia a la Administración, que reconoce su grave error, aunque lo haga tarde”. El parto se produjo el 15 de junio de 2005, hace más de seis años. Asimismo, desde El Defensor del Paciente aseguran que, “aunque este caso no es muy común, la mayoría de las situaciones graves se producen en centros privados que, en caso de enfrentarse a determinadas situaciones, no tienen el equipo necesario para responder y acaban trasladando a los pacientes a centros públicos”.

Desde el Gobierno canario señalan que si bien inicialmente abonarán la cantidad aceptada, solicitarán, “ajustándose a los tiempos”, la cantidad íntegra al centro hospitalario privado mediante una demanda.

Por su parte, el Grupo Hospiten insiste en que “no se han podido acreditar” las mencionadas negligencias y también aseguran que no existe prueba alguna de “mala praxis” en la atención durante el parto a pesar de que el Servicio Canario de Salud sí la haya admitido y haya aceptado abonar la cantidad a la familia sin necesidad de recurrir a la justicia. De hecho, según se ha podido saber, ha interpuesto un recurso al trámite administrativo que aún no se ha resuelto con el que intenta evitar la responsabilidad patrimonial del caso.

Hospiten sostiene que hay que esperar “a la finalización de la vía administrativa para realizar una valoración” de lo sucedido. El grupo empresarial cuenta con seis centros hospitalarios en Canarias.