Gobierno y Junta acuerdan eliminar la flotilla pirata que pesca angulas en el Guadalquivir

Las Administraciones han dejado de mirar para otro lado en el caso de los pescadores que, ilegalmente, se saltan la prohibición de pescar angulas en el tramo final del Guadalquivir. A pesar de que desde finales del año pasado está vigente una moratoria de diez años por la que se prohíbe capturar en Andalucía alevines de esta especie en peligro, investigadores y organizaciones ecologistas han denunciado que una flotilla de barcos piratas (sin matrícula ni papeles) sigue fondeada en el río. Esos "artefactos flotantes" son empleados por los furtivos para capturar este rentable manjar.

Tras meses lanzando balones fuera, el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria de Sevilla y las consejerías andaluzas de Agricultura y de Medio Ambiente han firmado un protocolo de protección y recuperación de la anguila en el Guadalquivir. El punto tercero de este documento -el que se refiere a las "actuaciones inmediatas"- se contempla la creación de una comisión que "deberá aprobar en el mes siguiente al de su constitución un plan de actuación". El plan establecerá "el procedimiento y los recursos técnicos y materiales necesarios para proceder a la retirada, almacenamiento y custodia de los artefactos flotantes destinados a la pesca ilegal de la anguila, presentes en el río Guadalquivir desde su desembocadura hasta la cuidad de Sevilla".

Ninguna de las Administraciones implicadas ha querido hasta ahora proceder a la retirada de los barcos ilegales al argumentar que no era su competencia. La propia Guardia Civil, que periódicamente realiza operaciones en las que retira las artes de pesca empleadas por los furtivos, ha reconocido que el problema de fondo era que los barcos seguían fondeados en el río. Además, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ordenó en junio de 2010 que se desmantelaran las embarcaciones piratas, algo que no se ha llevado a cabo.

En el convenio firmado por Junta y Gobierno se establece, además, que la "Autoridad Portuaria pone con carácter inmediato a disposición de las Administraciones firmantes el espacio necesario para el depósito de los artefactos flotantes retirados". El alevín de la anguila europea (Anguilla anguilla) es un preciado alimento por el que se llegan a pagar entre 400 y 800 euros por cada kilo. Pero esta especie está "en peligro crítico" desde 2008, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otros razones por la presión pesquera a la que está sometida en toda Europa.